Con Bildu, la seguridad; con Esquerra, la unidad

Vivimos un tiempo político en España en el que lo más relevante que ocurre en las legislaturas es aquello que se ha omitido durante las campañas electorales. Es decir, lo contrario de un sistema democrático en el que se presume que las campañas electorales sirven para confrontar promesas y presentar programas, debatir ideas y anunciar reformas, y que sean los ciudadanos quienes, finalmente, decidan quién desean que les gobierne. En España, el único candidato cuya foto no aparece en los carteles electorales ni su nombre va inscrito en las papeletas de los colegios electorales es, precisamente, el que nos gobierna.

La cara de Frankenstein no cuelga de las farolas cuando se convocan elecciones, pero es, al final, el que nos acaba gobernando. Pedro Sánchez es quien hace de presidente, lo mismo que Yolanda Díaz hace de socia de gobierno y los Rufianes, de aliados parlamentarios, pero todos ellos no son más que extremidades trasplantadas para crear el Frankenstein resultante. Por esa razón, vivimos un tiempo político en España en el que el programa electoral que se aplica en cada legislatura nunca se ha votado en las campañas electorales. Un sistema parlamentario como el nuestro, no presidencialista, legitima plenamente este tipo de coaliciones, y nada de ello se cuestiona, pero coincidiremos todos en que los debates electorales tendrían que abordar también las líneas rojas de cada partido con respecto a sus futuros socios parlamentarios o gubernamentales. Y esto último, obviamente, sirve para todos.

La legislatura actual, que ha sido la que más cuerpos ha necesitado para componer el Frankenstein, nos ha traído una ley de amnistía, doblemente ignominiosa porque la impulsó aquel que la negaba en campaña, y ahora pretende sacar adelante un nuevo artículo de otra reforma que nunca se ha debatido ni anunciado, una especie de ‘Plan general contra la Seguridad’. La alarma de la que hablamos ha surgido esta semana cuando, de forma sucesiva, nos enteramos de las medidas de gracia a uno de los etarras más sanguinarios de ETA y la decisión de derogar algunos aspectos de la Ley de Seguridad para, entre otras cosas, prohibirle a la Policía el uso de pelotas de goma. El plan al completo se obtiene con la suma de otras decisiones anteriores, de la misma naturaleza, que siempre apuntan en la misma dirección, desprotección de las instituciones estatales, sobre todo la jefatura del Estado, para que puedan ser insultadas y menospreciadas públicamente, y despenalización de todo lo que contribuya al deterioro de esas instituciones.

Por supuesto, también se incluye el menosprecio de lo meramente representativo en los dos sentidos que se apuntan: de la misma forma que se debilitan los símbolos identitarios de España, himno o bandera, se fomenta la 'autenticidad' de llamados plurinacionales, especialmente los que se autoproclaman 'singulares'. De esa inercia legislativa es de la que surge el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con los radicales de Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Por una parte, quiere limitar las posibilidades de los agentes de policía cuando deban controlar o disolver manifestaciones violentas que alteren el orden público y, por otra parte, se 'blinda' a los manifestantes que desobedezcan las órdenes policiales y profieran insultos y descalificaciones.

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Lo esencial no es el debate sobre el uso o no de pelotas de goma, por ejemplo, ya que todo eso podría discutirse, obviamente; lo principal es el mensaje que se transmite con esa doble actuación de descrédito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de empoderamiento de los manifestantes más violentos. A quien hace cumplir la ley, se le coloca un cartel de sospechoso y a quien vulnera la ley, se le protege como si fuera una víctima del sistema. En todo caso, antes de proseguir, una aclaración para evitar confusiones, sobre todo para quienes censuran la ley de Seguridad y la llaman, desde el principio, 'Ley Mordaza'.

Un Estado de Derecho respeta y protege la libertad de expresión en todos sus aspectos, sin cortapisas ni condicionamientos, pero, como la propia libertad de la que gozamos, tiene unos límites: los derechos de quienes nos rodean y el orden público general. Nada de esto tiene que ver con un debate superado hace una eternidad en los estados democráticos, como es el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Solo las fuerzas políticas radicales, o directamente los grupos terroristas, incluyen en sus discursos la confusión de "todas las violencias", equiparando la violencia legítima de un Estado en favor del cumplimiento de la ley y la violencia de grupos subversivos.

Lo esencial no es el debate sobre las pelotas de goma, ya que todo eso podría discutirse, lo principal es el mensaje que transmite

La disparatada estrategia de los 'cordones sanitarios' no debería tener cabida en la mente de ningún demócrata y, por esa cuestión, aquí mismo se ha defendido la legitimidad y la oportunidad de alcanzar pactos con aquellas fuerzas políticas que están en las posiciones opuestas a las que defendemos o, directamente, que defienden propuestas que consideramos inconstitucionales o dañinas para la propia democracia. ¿Incluyendo pactos con Bildu? Por supuesto, como con el resto de las fuerzas políticas, —todas— que se sienten en los parlamentos en representación de una parte de la ciudadanía. Pero nada de ello quiere decir que no existan límites en esos acuerdos, que en el caso de Bildu tiene que ser, necesariamente, aquellas políticas que afecten al pasado sanguinario de los terroristas de ETA, a los que siguen defendiendo y homenajeando, y a las fuerzas de seguridad del Estado.

Con los radicales vascos solo se puede negociar al respecto para que pidan perdón a las víctimas y colaboren con la Justicia, pero jamás para que se mofen de una memoria de tanto dolor y para que se sientan impunes ante las consecuencias de esa barbarie. En definitiva, que nadie en su sano juicio podrá considerar normal que el gobierno de un país como España confíe la seguridad del Estado a un grupo heredero de una banda terrorista y la unidad territorial, a grupos independentistas, que ya han derogado la sedición y amnistiado a los sediciosos. Con Bildu, la seguridad; con Esquerra, la unidad. Este peligroso absurdo ya no da más.