Vamos a contar mentiras

En 1959, Eugène Ionesco, precursor del teatro del absurdo, escribió una de sus obras más célebres, "El Rinoceronte". En ella, los habitantes de una pequeña ciudad francesa comienzan a transformarse, uno a uno, en rinocerontes. Lo que en principio provoca desconcierto, acaba siendo aceptado con naturalidad por la mayoría. El dramaturgo pretendía reflexionar acerca del conformismo social, la masificación de pensamiento y la justificación gregaria de lo absurdo: la sociedad es capaz de aceptar lo irracional por miedo o comodidad.

España parece colonizada por rinocerontes. Aceptamos situaciones esperpénticas como gobernar sin mayoría ni presupuestos, aprobar en el Parlamento una Proposición no de Ley sobre el uso de la palabra "cáncer" pero ninguna norma legislativa, o convertir a Santiago Segura en un cineasta costumbrista como autor de la saga ‘Torrente’ cuando leemos informes de la UCO. La sociedad, entre acomodada y miedosa, se deja llevar por una actualidad informativa precocinada que nos polariza y enreda en discusiones estériles alejadas de los verdaderos problemas de la población.

No se presagiaba nada bueno cuando, al formarse el actual gobierno, se confió en una sola persona la gestión de tres ministerios estratégicos: justicia, administraciones públicas y relaciones con las Cortes. Con ese nombramiento se lanzaba un mensaje claro de que la separación de poderes constituye una piedra en el camino hacia los objetivos de un gobierno de marcado corte presidencialista. Los ejecutivos llevan décadas colonizando la administración pública y colocando a afines en cargos transcendentales de las instituciones, de modo que Bolaños apenas tuvo que cambiar dinámicas. El Legislativo, languideciente y de cartón-piedra, dejó de ser una cámara de representantes viendo reducida su función legislativa a la convalidación acrítica de decretos-ley, aunque, desde la espantada de Junts, ya ni eso. Queda el Judicial, el único de los tres poderes que el "triministro" no ha sido capaz de domeñar.

Caído en desgracia el macro proyecto de reforma de la Justicia con la batería de leyes que no van a ser aprobadas por el Parlamento, lo que sí ha conseguido este Ministerio es introducir forzadamente los tribunales de instancia. Estamos en pleno proceso de cambio al modelo aprobado por la Ley Orgánica 1/2025, y es posible que tardemos años en recuperarnos de esta revolución descoordinada y mísera de la justicia. La restricción del acceso a los tribunales imponiendo la obligatoriedad de los medios alternativos de solución de controversias pretendía evitar la acumulación de demandas en los decanatos, pero no ha impedido convertir a los juzgados de las fases 1 y 2 en el Camarote de los Hermanos Marx. Lo peor vendrá con la fase 3, que empezará el 1 de enero de 2026 y afectará a las grandes capitales.

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También se han logrado hitos como que el prestigio de la fiscalía esté en su peor momento; que los ataques a la judicatura ya no provengan solo de partidos populistas sino de algunos autodenominados constitucionalistas; que el nuevo Consejo General del Poder Judicial haya reforzado su politización a la vista de las declaraciones del denominado "bloque progresista"; y que se añada al esfuerzo por opositar el injusto descrédito de intentarlo.

Conscientes de la pérdida de apoyos parlamentarios y sociales, desde el gobierno se destinan todos los esfuerzos a fingir que se hacen cosas. Su mejor aliada es la ignorancia jurídica de la ciudadanía.

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Esta semana, las agencias y los medios de comunicación difundieron la noticia que decía que «El Gobierno aprueba este martes la nueva ley de enjuiciamiento criminal que deja las investigaciones penales a fiscales». El mismo día en el que Junts escenificaba su ruptura con el PSOE, se lanzaba este falso mensaje, haciendo creer a los españoles que se siguen aprobando leyes, aun careciendo de mayoría suficiente. Lo que hizo el Consejo de Ministros fue aprobar un proyecto de ley que deberá presentarse a las Cortes y que, a la sazón, requiere mayoría absoluta. La información fue matizada y corregida después pero el mensaje político ya había calado.

Siguiendo con las medias verdades, Moncloa ha publicitado la iniciativa legislativa destacando que la reforma es "histórica" y "garantiza un sistema penal moderno y más garantista", lo cual no resiste un análisis técnico. El texto propuesto resta garantías al proceso penal al trasladar la instrucción de los jueces a fiscales dependientes jerárquicamente del Ejecutivo. Sin una verdadera reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice autonomía y recursos suficientes, esta medida implicaría una regresión democrática al permitir que sea el gobierno quien, de forma indirecta, decida qué y cómo se investiga una determinada actuación penal. No es cierto que el proyecto de reforma del Estatuto Fiscal también presentado por el Ejecutivo, vaya a mejorar su autonomía, al contrario. Se sigue atribuyendo al gobierno la designación del Fiscal General del Estado y se eliminan importantes contrapesos internos de la fiscalía, de forma que el así designado se convierte en una autoridad sin fiscalización.

Aunque es cierto que España es una rareza en Europa al atribuir a los jueces la instrucción, esto no es razón suficiente para cambiar el modelo si no es a mejor. La Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 ha alertado de la necesidad de que las instituciones garanticen la autonomía del Ministerio Fiscal, «de modo que los fiscales puedan cumplir con sus obligaciones profesionales sin injerencias». España ha sido apercibida en varias ocasiones sobre la necesidad de desvincular el mandato del Fiscal General del Estado al del gobierno, ya que nuestra regulación no cumple con este estándar. En el estado actual de las cosas, el modelo español constituye una garantía de independencia en la investigación de los delitos. Qué mejor prueba de ello que el acoso y derribo mediático y político que están sufriendo quienes instruyen causas que afectan al poder.

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Dentro del trampantojo legislativo anunciado esta semana se incluía la reforma de la acusación popular, considerada con un avance que "evita la ‘utilización espuria’ de la acusación popular por la ultraderecha". A veces no hace falta mentir, basta con ocultar información relevante para engañar. El PSOE ha ejercido la acusación popular en los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica, Lezo, Kitchen, Nóos o GAL, entre otros, y actualmente está personado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. ¿No es ir contra los propios actos tachar de "utilización espuria" una institución que el partido al que pertenece el Ministro ha utilizado con profusión? Una de dos: o se considera que el uso de la acusación popular por los partidos políticos —el PSOE lo es— no es legítima, lo que echaría piedras contra su propio tejado, o es una mera excusa para justificar el vaciado y desvirtuación completa de una institución constitucional por resultar molesta para las causas abiertas contra familiares del presidente.

Hay muchas otras medias verdades, verdades ocultas y maquillaje de datos. El pasado verano, el Ministro de Justicia anunció la creación de 1.004 nuevas plazas para jueces y fiscales como parte de un proceso extraordinario de estabilización de sustitutos que llevaba en una de las leyes que no saldrán. La realidad es que esta semana ha salido la convocatoria de 120 plazas de jueces y 80 de fiscales. Un informe de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta de que en 2024 se registraron 109 jubilaciones, de las que 46 fueron anticipadas. No se han tenido en cuenta, sin embargo, ni las excedencias ni los fallecimientos, por lo que no hay que ser muy hábil con los números para deducir que la convocatoria es insuficiente. Sin presupuestos, el Ministerio únicamente puede convocar las que ya estaban previstas en los prorrogados, abocando a la judicatura y a la fiscalía al colapso.

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Así que ni estamos ante "la mayor transformación de la justicia en décadas" ni frente a "la reforma más ambiciosa, necesaria e imprescindible del servicio público de la justicia en nuestro país para ponerlo en estándares europeos". Seguimos con un CGPJ politizado, un Fiscal General del Estado dependiente del Gobierno, una endémica escasez de medios personales y materiales de la justicia y solo hemos avanzado en ataques a los jueces, en desorganización de la administración de justicia y en la brecha entre jubilaciones y nuevas incorporaciones.

El ruido de las nueces distrae a los ciudadanos y el amo del peral solo sale a confundir.