País de acosadores

Era un miércoles cualquiera en el juzgado de guardia de internamientos psiquiátricos de mi partido. A media mañana recibimos una llamada del hospital. Debíamos regularizar el ingreso involuntario de una menor de catorce años, llamada Laura, que había intentado suicidarse ingiriendo un bote entero de pastillas. Tras salir del coma, me esperaba junto a su madre para regularizar su situación. La entrevisté, acompañada por la Letrada de la Administración de Justicia y la médico forense. La historia de Laura no difería, en lo esencial, de la de Sandra, la niña sevillana que hace unos días decidió acabar con su dolor: ambas habían sufrido acoso en el colegio y en las redes sociales por parte de sus compañeros. A Laura pudimos salvarla. A Sandra, aunque tuvimos oportunidad de hacerlo, no. Nadie actuó cuando sus padres denunciaron el acoso que sufría su hija.

Nuestra sociedad se posiciona ante el suicidio de forma confusa, entre el "efecto Werther" –que consiste en callar las muertes por temor al contagio, al percibir el suicidio como algo romántico o liberador­– y el "efecto Papageno" –postura opuesta que busca revertir pensamientos suicidas mediante apoyo social, empatía y alternativas vitales–. No creo que el silencio sea una opción, por lo que aplaudo la reciente creación de un Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y desarrollado por el Ministerio de Sanidad. Es algo necesario, dado que el suicidio es la segunda causa de muerte violenta en España por detrás de las caídas accidentales. Solo el tiempo dirá si este Plan es efectivo o uno más, con mucha publicidad y escasa dotación presupuestaria.

El tradicional oscurantismo respecto a la muerte autoinfligida impide conocer de forma desagregada cuántas muertes de niños y adolescentes se deben al bullying. El Instituto Nacional de Estadística, en los datos provisionales ofrecidos el pasado junio, contabilizó en 2024 la cifra de 3.846 suicidios en España, de los cuales 76 fueron de personas entre los 15 y los 19 años. Fundaciones como ANAR o Save the Children consideran que la mayoría de los suicidios de menores están relacionados con situaciones de acoso.

El acoso escolar no puede evaluarse solo por la tasa de fallecimientos, aunque este sea el desenlace más desolador y grave. Son muchos más los casos de sufrimiento en privado, abuso taimado y silencio cómplice de compañeros, familias y comunidad educativa. Los juzgados de menores han comenzado a registrar y clasificar de forma específica los delitos relacionados con el acoso escolar desde 2024, gracias a su inclusión en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. Por eso, no disponemos de datos fiables sobre bullying de años anteriores, en los que esta práctica quedaba enterrada en el conjunto de delitos de lesiones, amenazas o contra la integridad moral. En el documento, la Fiscalía destaca el gran número de casos producidos mediante ciberbullying en redes como TikTok, Instagram o WhatsApp y advierte de la incidencia significativa del abuso de pantallas y los problemas de salud mental en estos casos. Apunta a un "importante déficit de prevención y respuesta", destacando la falta de coordinación entre los sistemas educativo, social y judicial y propone impulsar protocolos específicos dentro de los servicios sociales y educativos semejantes a los existentes para la violencia de género.

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Un estudio de la UNESCO en 2021 reveló que uno de cada tres estudiantes en todo el mundo sufre acoso, algo bastante preocupante. Por ello, instaba a los países miembros a adoptar medidas globales contra esta lacra, reprochando a países como España no disponer de una regulación integral contra el acoso y la violencia escolar.

España suspende en regulación del acoso escolar al carecer de legislación nacional contra esta práctica. Cierto es que hace pocos años se publicó la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia, donde se impone la obligación de garantizar la convivencia escolar y prevenir la violencia. Esta ley, sin embargo, es una norma programática, como tantas otras: el papel lo aguanta todo y suele ser políticamente rentable frente a la inversión real y aplicación práctica. Además, las competencias educativas están transferidas a las Comunidades Autónomas, cuyas regulaciones en la materia son desiguales.

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Italia ha sido pionera en Europa en la lucha contra el acoso escolar con la aprobación de la norma UNI/PdR 42:2018, que permite certificar oficialmente a las escuelas como "centros anti acoso". Este sistema promueve protocolos de prevención y exige planes de acción con objetivos medibles, como la reducción de denuncias o el aumento de participación estudiantil en proyectos de convivencia, lo que ha inspirado a otros países ante la reducción de los casos en este país mediterráneo.

Podríamos debatir juristas y pedagogos acerca de qué es más eficaz, si un sistema punitivo que responsabilice penal y civilmente a familias y colegios, o un sistema reeducador, que promueva la solución de conflictos mediante mediación, diálogo y la participación activa de comités estudiantiles que permitan una mayor autorregulación. Lo que es indiscutible es que ni las normas actuales son eficaces ni los centros educativos cuentan con la formación ni los incentivos para aplicar los protocolos anti acoso de forma efectiva.

No obstante, de poco sirve regular y legislar en un país en el que los propios menores reciben constantes estímulos externos que promueven el acoso como un valor. La cultura del "zasca" se percibe como algo divertido, propio de triunfadores. Las faltas de respeto y la humillación pública no son algo digno de reproche, sino todo lo contrario.

Opinión

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Quienes tienen que legislar sobre el acoso escolar se conducen en los plenos parlamentarios dirigiéndose a sus adversarios políticos como matones de instituto. El Ministro de Justicia Félix Bolaños (PSOE) dijo en septiembre en sede parlamentaria que Cayetana Álvarez de Toledo (PP) era una "embustera y difamadora profesional"; Santiago Abascal (Vox) llamó en esa misma sesión "corrupto, traidor e indecente" al Presidente del Gobierno; y Gabriel Rufián (ERC) se dirigió a un diputado de Vox diciéndole "grítame todo lo que quieras, que eres el pasado y estás acabado". Nos hemos acostumbrado a un nivel tan bronco de griterío parlamentario, que hemos normalizado la mala educación. Según informó recientemente el Congreso de los Diputados, cada sesión de control acumula entre 40 y 60 interrupciones por insultos, gritos y mofas personales. La manera de hacer política actualmente busca el "short" de TikTok, X o YouTube, la frase que se haga viral y abra noticiarios. Cuanto peor, mejor.

¿Con qué autoridad moral puedes exigir a los menores de hoy en día que se comporten de forma respetuosa con sus iguales con esta quiebra de la moral pública?

En redes sociales la cosa empeora. Un estudio de la Universitat Politècnica de València mostró que una de cada cuatro respuestas a publicaciones del presidente del Gobierno contiene lenguaje agresivo, normalizando el odio político digital. La Ministra Pilar Alegría y el alcalde de Madrid Martínez-Almeida han denunciado campañas de insultos o amenazas recurrentes en X. Luis Pérez Fernández "Alvise", líder del partido populista "Se acabó la fiesta" será juzgado por presuntamente haber promovido desde su canal de Telegram una campaña de persecución contra dos eurodiputados de su propio partido, Nora Junco y Diego Soler, publicando su correo personal, número de teléfono y foto. Aunque el más conocido es el caso del Ministro Óscar Puente y su falta de contención en X. En junio de 2024, Puente llamó "saco de mierda" a Vito Quiles y le advirtió de que se "encargaría personalmente de que lo pagara caro". Son múltiples sus mensajes insultando a periodistas, como cuando acusó a El Debate de "matones de la derecha" y de "gente que apesta la tierra", cuando llamó "matón" a Risto Mejide, o se refirió de forma abrupta a políticos como Ayuso o José Luis Martínez-Almeida.

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Por tanto, es imprescindible legislar, sí. Pero la sociedad debe hacer autocrítica cuando jalea linchamientos, zascas y cancelaciones. Si aplaudimos el acoso, no pretendamos que los menores no lo hagan.