Las pulseras de geolocalización: radiografía de una hipocresía

Aún sigue viva la polémica sobre las pulseras de geolocalización en casos de violencia de género, especialmente desde que la ministra de igualdad, Ana Redondo, fuera reprobada por el Congreso sin que ni ella ni el gobierno al que pertenece hayan dado paso alguno asumiendo su responsabilidad política. Da igual si esta última es exclusiva o compartida con su predecesora en el cargo: en la medida en la que, desde marzo de 2024, decenas de comunicaciones y avisos han sido remitidos desde el Poder Judicial, la Fiscalía y las delegaciones de violencia de género al Ministerio de Igualdad alertando del problema, Redondo es responsable directa por omisión y pasividad de un gravísimo problema de seguridad, falta de confianza en el sistema y mala gestión pública.

Cuando un juez instructor tiene conocimiento de la posible comisión de un delito de violencia de género en el que existen indicios de riesgo para la seguridad e integridad de la víctima, suele acordar una medida cautelar. Para la evaluación del riesgo se tienen en cuenta los informes de la policía y de otras administraciones que hayan intervenido en el núcleo familiar, los antecedentes penales y policiales del denunciado, la prueba pericial forense, los partes médicos que pudieran existir y las declaraciones de testigos, víctima y victimario. Dimensionar el riesgo es fundamental para adoptar medidas adecuadas para proteger a la víctima hasta la celebración del juicio. La decisión puede ser no acordar nada –en supuestos en los que el riesgo sea inapreciable–, adoptar una orden de alejamiento o decretar el ingreso en prisión provisional del investigado, en los casos de mayor riesgo.

La medida de alejamiento suele ser la más proporcionada. Por un lado, se garantiza la seguridad de la denunciante, al minorar el riesgo de contacto con el denunciado y, por otro, se salvaguardan los derechos constitucionales del investigado, ya que, si bien se coarta su libertad de movimientos, puede continuar con su vida normal. Obviamente, cuando los hechos denunciados son notoriamente graves o la valoración del riesgo de la pareja es elevada, la medida de alejamiento es insuficiente para proteger a la víctima y han de adoptarse medidas más restrictivas como la prisión provisional.

Hasta marzo de 2024, la empresa proveedora de los dispositivos de geolocalización era Movistar. Los presuntos agresores llevaban una tobillera instalada por técnicos del Centro COMETA (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento), dependiente del Ministerio de Igualdad, mientras que las víctimas portaban un dispositivo móvil receptor de señal. Tanto estos dispositivos como los actuales funcionan por telefonía móvil y GPS, de forma que, si el portador de la tobillera se aproxima a menos de la distancia permitida por el auto de alejamiento, se activa una alerta en el terminal de la víctima y, simultáneamente, se envía otra a COMETA para que monitorice en tiempo real la situación y, una vez verificada la aproximación, avise a la policía.

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Con el anterior proveedor existían errores, como sucede en todo tipo de dispositivos electrónicos. La falta de cobertura y otros problemas técnicos obligaban en ocasiones a revisar el aparato que diera fallo. Sin embargo, desde la nueva concesión a Vodafone, los errores han sido recurrentes.

En primer lugar, se ha pasado de un dispositivo de tobillo a uno de muñeca, mucho más fácil de quitar que el primero. No será la primera vez que un detenido es puesto a disposición del juez de violencia sin el dispositivo en su muñeca, pese a constar su instalación, y sin que el centro COMETA haya recibido señal alguna de manipulación.

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En segundo lugar, lo más habitual ha sido la emisión de señal dando falsas geolocalizaciones, tanto de la víctima como del victimario. En un caso que me contaba una compañera, una víctima juraba y perjuraba que su ex pareja se le había aproximado en la calle. mientras que el centro COMETA aseguraba que la denunciante se encontraba en su domicilio, no donde decía estar, produciendo en esta una sensación de impotencia al dudarse de su testimonio. Posteriormente se verificó que había sido un fallo. O, al contrario, denuncias por quebrantamiento de medida cautelar en las que el informe de COMETA daba como resultado que el victimario se hallaba en su domicilio, sin ser cierto.

Otros fallos se refieren al delito contenido en el artículo 468.3 del código penal, que sanciona la falta de cumplimiento con las medidas exigidas para mantener el correcto estado de funcionamiento del aparato, como ponerlo a cargar. Se detectan errores de emisión de señal de no estar cargados, pese a que el usuario sí lo ha hecho. O las geolocalizaciones "congeladas", donde se dan falsas notificaciones de ausencia de movimiento de cualquiera de los dos usuarios.

Por otra parte, el traspaso de la concesión de Movistar –la compañía telefónica con mayor cobertura territorial de España– a Vodafone, ha propiciado que la falta de señal en determinadas zonas rurales hay convertido en inidónea la medida cautelar de alejamiento con geolocalización.

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La respuesta ofrecida por el Ministerio de Igualdad es tramposa. Es cierto que las pulseras funcionan, nadie ha dicho lo contrario. De hecho, no se ha dado a conocer la comisión de ningún delito consecuencia del mal uso de la geolocalización. Ahora bien, aunque no se han dado datos oficiales al respecto, teniendo en cuenta que el juez penal ha de absolver en caso de duda, el deficiente funcionamiento de los dispositivos sí ha podido arrojar como resultado un mayor número de absoluciones en delitos de quebrantamiento de medida cautelar. Por tanto, las pulseras funcionan, como enfría un congelador que genera hielo y escarcha. El tema de fondo es el mal funcionamiento de los dispositivos, el ahorro económico en su cambio y la falta de interés en que este servicio público funcione.

Manifestarse con minutos de silencio y declaraciones grandilocuentes no sirve de nada si no se pone a disposición de policía y jueces instrumentos adecuados para garantizar el cumplimiento de las medidas de alejamiento. La falta de inversión y el ahorro en estas partidas demuestra un falso compromiso con la erradicación de la violencia de género. La infradotación de personal de COMETA también está llevando a que las medidas de alejamiento sean cada vez más ineficaces: en determinadas zonas rurales, la escasez de técnicos retrasa durante días la instalación de las pulseras, dejando a las víctimas en un vacío de desprotección.

El resultado de todo esto es, nuevamente, tanto la pérdida de confianza de las víctimas en el sistema como su revictimización, al sufrir más allá del hecho denunciado, una situación de inseguridad constante. En el otro lado del delito, la ineficacia de la medida puede llevar a que, determinados supuestos acaben en prisión preventiva en lugar de en geolocalización, por ser la primera una medida mucho más efectiva, siempre que concurran, obviamente, los requisitos legales para adoptar tan restrictiva medida cautelar.

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Ana Redondo y su gabinete no pueden acusar a la ultraderecha de emitir bulos y atribuirles conspiraciones contra el feminismo. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ remitió hace unos días a la Ministra una misiva en la que le recordaba que esa institución comunicó a Igualdad el 8 de enero y el 21 de febrero sendos informes del presidente de la Audiencia Provincial de Granada notificando diversas incidencias en los dispositivos referidas por juzgados de la provincia, y de un juzgado de Galicia alertando de lo mismo. También le recuerda que el 27 de febrero de 2025, en reunión celebrada por el Observatorio con el Ministerio y otras instituciones, ya se pusieron de manifiesto los problemas detectados en el funcionamiento de los dispositivos. En mayo, el CGPJ también puso en conocimiento del Ministerio de Justicia el contenido de las conclusiones de las XXIII Jornadas de Presidentes de las Audiencias Provinciales, donde se pedía un refuerzo de personal de COMETA y la solución de las incidencias en los dispositivos. Hasta la Fiscalía General del Estado hizo referencia a la cuestión en su última memoria. Y un largo etcétera.

Por tanto, la crisis de las pulseras es mucho más que eso. Es la radiografía de una hipocresía.