Una apertura de año judicial de Netflix

Tras el parón del inhábil mes de agosto, el año judicial —que, como en los colegios, empieza en septiembre— ha empezado fuerte, como potente acabó el anterior. El inicio vino marcado por el Presidente de la Generalitat de Cataluña mendigándole al prófugo Puigdemont su apoyo para las criticadísimas y temidas Leyes Bolaños, que no fueron aprobadas el curso anterior precisamente por la negativa de Junts a votar a favor. Viendo la foto, entran dudas de quién es el que manda en Cataluña, aunque surgen menos acerca de quién lo hace en España. En la serie distópica en la que vivimos, quien fuera Ministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña se arrastra hasta Bruselas en busca de apoyos para desbaratar la Justicia. Ni al mejor guionista de Netflix se le habría ocurrido la genialidad de hacer depender la degradación del Poder Judicial de la voluntad de alguien sobre quien pende una euroorden dictada por un juez.

Antes de esto, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a la televisión pública en prime time, manifestó que "hay jueces que hacen política y políticos que hacen justicia", sin mencionar nombres, pero dejando implícito que se refería a quienes investigan a su esposa, a su hermano y al Fiscal General del Estado, al contestar así a la previa pregunta sobre estas imputaciones. Al más puro estilo trumpista, en una deriva iliberal creciente, el presidente cargó expresamente contra el Poder Judicial. No se trataba de un lapsus, sino de una declaración de intenciones que seguramente vaya a marcar la comunicación del Ejecutivo durante los próximos meses, como demuestra la reiteración de este argumento en otros medios. En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, Sánchez dijo que "la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo… Pero hay algunos jueces que están politizando, y esa es una realidad que enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas".

Con estas declaraciones, el presidente ha tomado las riendas del acoso institucional a los jueces. No puede obviarse el hecho de que estas insultantes declaraciones del presidente, que niegan al Estado e incurren en una flagrante deslealtad institucional, han sido emitidas tres días antes de la solemne apertura del año judicial, que tuvo lugar ayer. Un enfrentamiento institucional directo, deliberado y polarizante en el que no caben interpretaciones benévolas: acusar a jueces de hacer política es comprar el argumento de lawfare que antes empleaba el independentismo y, además, es acusar a los instructores de prevaricación.

Aunque el año judicial comienza como terminó, con sendos procedimientos judiciales que cercan al presidente con la investigación de su mujer, su hermano, sus dos hombres de confianza en el PSOE y la línea abierta en torno a la fontanera Leire Díez, lo más relevante, por sus implicaciones institucionales, es la imputación de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, por un delito de revelación de secretos. El máximo representante de la fiscalía se ha negado a dimitir, aferrándose al cargo, alegando que con su resistencia defiende su inocencia y la fortaleza de la institución, provocando con ello situaciones paradójicas y absurdas. Pese a que va contra toda lógica que quien ha sido imputado formalmente de un delito presidiese un acto en el que tiene que dar cuenta de las actuaciones de fiscalía en la persecución de delitos, la distopía ha mantenido al imputado en su papel protagonista en el acto solemne ante el Rey.

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Mucho se ha hablado de posibles movimientos de los asistentes al acto para exteriorizar su disgusto con García Ortiz. Desde mi punto de vista, lo único que procedía era que el propio Fiscal General hubiera rehusado asistir, evitando con ello tensionar aún más las instituciones. Al no hacerlo, correspondía al resto de instituciones tener un sentido de Estado y acudir al acto, donde se rendía honores al Poder Judicial en su conjunto, a la Fiscalía y al Jefe del Estado, en cuyo nombre los jueces y fiscales imparten justicia. Pese al ruido de togas previo, los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía asistentes al acto se han mantenido en su postura institucional, sin desplantes y sin gestos fuera de lugar, aunque con muestras evidentes de frialdad.

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de no acudir a la apertura de tribunales revela la falta de sentido de Estado del líder de la oposición. Con esa decisión, se ofende al Rey y a todos los jueces y fiscales de España, no al Fiscal General del Estado. Por encima de la política de mercadillo y de los gestos populistas, está el deber institucional de creerse el Estado y el lugar que se ocupa en él. Excusarse en supuestos malos actos previos del presidente o de miembros de su gobierno, nos mete en la dinámica del "y tú más" y de la justificación infantil de los propios actos, escudándose en el pretexto de que el otro lo había hecho primero. Un dislate.

En la misma línea de tensionar las instituciones y de hacer política, los diez vocales conservadores del CGPJ pidieron a la presidenta que instara a García Ortiz a no acudir al acto de apertura del año judicial. La petición buscaba politizar y polarizar aún más el evento, olvidando —ellos también— su posición institucional.

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Isabel Perelló, a quien le ha tocado una de las épocas más difíciles de la democracia para presidir el CGPJ, ha sabido estar en su sitio, firme y clara, no dejándose instrumentalizar políticamente y dando el discurso que todos necesitamos oír, el de alguien que sí se cree su posición institucional en la democracia. La presidenta reconfortó a la Carrera defendiendo la independencia de los jueces, su profesionalidad y el sistema de recursos como medio idóneo para corregir los errores. También pidió, con Bolaños delante, respeto mutuo entre poderes y lealtad institucional.

La apertura del año judicial de ayer tenía todos los ingredientes del último capítulo de temporada de la serie en la que vivimos, con su dosis de suspense y su gancho para esperar una nueva entrega. El Fiscal General del Estado imputado copresidió el acto solemne de apertura de los tribunales, contando entre el público con parte de los jueces que le van a juzgar, compañeros del juez que le ha imputado. También habló delante de la fiscalía que actuará en su juicio —y que seguramente no formule acusación pública contra él—, que es orgánicamente su subordinada. Destinó parte de su discurso —cuyo contenido se debe limitar a la memoria anual de la Fiscalía— a defenderse, presentándose en su paranoico papel institucional/procesal como un firme creyente del Estado de derecho, de la independencia del Poder Judicial, de los principios de legalidad e imparcialidad «y, por supuesto, también en la verdad».

Pero faltaba un personaje más en el capítulo: entre los miembros de honor en estrados se encontraba Bolaños. El Ministro de Justicia representaba a un gobierno que arremete contra los jueces tanto de forma directa —lo dicho— como indirecta —con unos proyectos de ley que pretenden vaciar de contenido la acusación popular, controlar aún más la fiscalía y rebajar las exigencias en el acceso a la judicatura introduciendo mayor subjetividad en la selección—. Un ministro que difunde bulos contra los jueces cuando se oponen a sus reformas a la vez que somete la justicia a los separatistas buscando los apoyos de Junts para domeñarla. Una paradoja más.

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Ayer, la fotografía de la presidencia del acto transmitía una tensión insólita en la apertura de tribunales. Aunque se hicieron tristemente famosos los discursos de Lesmes y de sus hastiados sucesores apelando a la renovación del órgano de gobierno de los jueces; aunque la relación entre la judicatura y los ministros de justicia nunca ha sido especialmente fluida, nunca antes había presidido el acto una persona imputada judicialmente. Tampoco antes se habían presentado unos proyectos de ley que socavan de forma tan frontal e indisimulada el sistema judicial en España.

Me quedo con el discurso de Perelló y con la entereza institucional del Rey. Aún existen personalidades que saben estar en su sitio representando a todos.