De togas, muñecas y cajeras

El pasado Día de los Inocentes, el magistrado Manuel Ruiz de Lara escribió en X el siguiente tuit satírico: "Hoy @sanchezcastejon anunciará mi nombramiento como ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del 'borrador oficial de mensajes' y relevo de Conde Pumpido que pasará 1 cátedra de 'inconstitucionalidad y amnistía' con Barbigoña en Santo Domingo". Horas después, el medio digital elDiario.es se hizo eco de la pretendida broma con el titular "El juez que no fue sancionado por llamar 'psicópata' a Pedro Sánchez insulta ahora a su mujer". Con ello levantó la liebre para que, como sucede en esta red, multitud de cuentas pidieran represalias contra el magistrado, entre ellas las de diversos miembros del Gobierno y del PSOE, que se manifestaron airadamente contra este por insultar a la esposa de Pedro Sánchez. A las pocas horas, varios diarios anunciaron que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había iniciado diligencias informativas contra Ruiz de Lara.

La noticia inicial se refería a una anterior polémica protagonizada por el mismo juez quien, en noviembre de 2023, tuiteó: "Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos, dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de derecho, para permanecer en Moncloa". En aquella ocasión el CGPJ rehusó sancionar a Ruiz de Lara y archivó el expediente iniciado en su contra al considerar que no había quedado acreditado que el autor hubiera hecho uso de su condición de juez a la hora de publicar los descalificativos contra el presidente y que, "aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas".

El artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera infracción disciplinaria grave la acción de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". El Tribunal Supremo ha determinado que ser juez no es suficiente por sí mismo para imponer una sanción en estos casos, si bien reconoce que la conducta castigada no necesariamente ha de producirse en el marco de un procedimiento judicial. Para el Alto Tribunal la expresión "en el ejercicio de sus cargos" contenida en el art. 416.1 LOPJ "no puede operar como un elemento típico, común a todas las faltas disciplinarias, y consistente en la exigencia de que, para que una conducta pueda ser subsumida en dichas faltas, tenga que haber sido realizada por el juez o magistrado, necesariamente, durante el ejercicio de actividades jurisdiccionales", sino que la conducta ha de exteriorizar el incumplimiento de alguna obligación estatutaria de los jueces. Ahora bien, sí se exige que las referidas "censuras" se deban a una actuación concreta de dicha autoridad, no a meras opiniones genéricas más o menos rudas o desabridas (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1999).

En este caso, además, la agraviada no es autoridad, sino la esposa del presidente, por lo que quizá fuera más adecuada la aplicación del artículo 418.5, que castiga la falta grave de desconsideración con los ciudadanos, si bien este precepto parece referirse al concreto ámbito de la Administración de Justicia. Y el ánimo jocoso, además, puede ser decisivo para calificar esta conducta.

Las reacciones a ambos sucesos han sido, como suele ocurrir, extremas y polarizadas

Cuando aún estábamos pendientes de esta noticia, dos días después saltó a la primera línea informativa que otro magistrado, Eloy Velasco, también iba a ser investigado por el CGPJ por las expresiones vertidas en una conferencia el pasado mes de noviembre en la V Semana Internacional del Compliance, donde manifestó, en relación con Irene Montero y la controvertida ley del "solo sí es sí", que "de repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás".

Las reacciones a ambos sucesos han sido, como suele ocurrir, extremas y polarizadas. De un lado, la dramatización e hipérbole de los miembros del Ejecutivo o de Podemos —de mano anchísima para quienes, sin embargo, insultan a magistrados que dirigen causas abiertas contra alguien de su partido o sus familiares—; de otro, igualmente apasionadas, las de quienes han visto en sendos magistrados a mártires de los ataques al Poder Judicial por parte de quienes se ven asediados por procedimientos de investigación.

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EFE

En tiempos en los que es palmaria la cruzada de determinados miembros de los ejecutivos y legislativos de España contra el Poder Judicial; en tiempos de acusaciones de lawfare y de connivencia entre la "derecha judicial" y la oposición política contra el Gobierno, manifestaciones como las descritas —desagradables y vulgares, pero, sobre todo, innecesarias— se convierten en la justificación perfecta para quienes atacan el trabajo de miles de jueces.

Entre quienes defienden el derecho de los togados a decir lo que les parece, no faltan los que consideran injusto que se exija a los magistrados mesura en sus expresiones públicas, mientras que los políticos se despachan a gusto faltando el respeto al Poder Judicial. En mi opinión, justificar cualquier comportamiento censurable desde el punto de vista ético, en la previa acción de otros, nos sumerge en la dinámica del "y tú más" que tanto perjudica al debate público. Las autoridades y poderes públicos tenemos el deber moral de promover lo bueno y lo justo con nuestro ejemplo, sin importar si otros lo hacen o no.

Justificar cualquier comportamiento censurable nos sumerge en la dinámica del "y tú más" que tanto perjudica al debate público

Tengo serias dudas de que las acciones investigadas sean sancionables disciplinariamente, algo que deberá decidir el CGPJ. En realidad, no es tan relevante si lo son. Creo que hay que empezar a interiorizar la idea de que la manera en la que los jueces se manifiestan al exterior en la esfera pública no es un tema de libertad de expresión —que, indudablemente, tenemos— sino que nos movemos en el terreno de la ética y de la lealtad institucional. Cuando un juez —que se muestra como tal— se pronuncia públicamente, no lo hace como un ciudadano cualquiera, sino que su condición de miembro del Poder Judicial es consustancial a su persona. De hecho, lo que dice de Lara, Velasco —o yo misma— tendría poco o ningún interés público si no fuéramos magistrados. El efecto llamada de la condición togada tiene la contrapartida de la exigencia de un mayor compromiso ético en la forma de conducirse en el espacio público.

La Comisión de Ética Judicial se ha esforzado en recordar la necesidad de que los jueces y magistrados se expresen con prudencia y de forma neutral para no comprometer la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial (Consulta 04/20, de 14 de enero de 2021). A esto hay que añadir que manifestarse con sensatez es reflejo de un compromiso firme con el Estado de derecho, con los ciudadanos y con el resto de la Carrera Judicial. Por ello, descalificar a terceros —aunque sea en broma— contraviene el deber ético de cualquier juez y, a la sazón, pone muy difícil la defensa de la imparcialidad y la neutralidad política del Poder Judicial.

Ahora bien: esa misma lealtad institucional que se exige a los togados debe iluminar las manifestaciones públicas de diputados, ministros, consejeros y presidentes, quienes socavan a diario la confianza en el sistema en su conjunto con críticas personales e injustificadas a la labor de los jueces.

Prudencia, sí, pero de todos.