El Supremo deja en el aire 650 millones de euros en multas en las zonas de bajas emisiones de Madrid
Asociaciones de conductores preparan un tsunami de recursos tras conocer el auto del alto tribunal que ratifica la anulación de parte de la ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021
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El Ayuntamiento de Madrid tiene sobre la mesa un nuevo frente judicial y miles de multas en un limbo. Asociaciones en defensa de los derechos de los conductores preparan ya un tsunami de recursos contra las sanciones impuestas en las zonas de bajas emisiones de la capital, motivados por el auto del Tribunal Supremo que inadmite un recurso presentado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y ratifica la anulación de parte de la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2021, que regulaba las restricciones de circulación en el distrito Centro y Plaza Elíptica para los coches más contaminantes.
Automovilistas Europeos Asociados ha iniciado los trámites para que el ayuntamiento anule la totalidad de las multas formuladas entre septiembre de 2021 y el pasado 6 de abril, cuando entró en vigor la nueva normativa sobre movilidad, y devuelva el dinero recaudado. La entidad considera que el fallo del Supremo viene a confirmar la "dudosa legalidad" de las sanciones durante este periodo, habida cuenta de que la ordenanza ignoraba aspectos esenciales y dejaba indefensos a los ciudadanos. Según sus cálculos, se abrieron casi tres millones y medio de expedientes, por un importe de más de 650 millones de euros.
Pyramid Consulting, otro despacho especializado en recursos de multas, explica a El Confidencial que está a la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre el recurso que presentaron en 2021 contra la ordenanza de Movilidad Sostenible para articular una respuesta, aunque ya avanzan que como mínimo solicitarán la paralización de todos los procedimientos previos al 6 de abril. La compañía denunció la regulación sobre las zonas de bajas emisiones en Madrid al mismo tiempo que Vox, que fue quien provocó que los jueces tumbasen la estrategia del consistorio.
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El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, defiende que los futuros recursos no tienen cabida, ya que la ordenanza aprobada el pasado 24 de marzo establece un nuevo marco normativo y deja "sin efecto" la decisión del Supremo. La nueva norma salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, con el rechazo del resto de fuerzas -Más Madrid, PSOE y Vox-, e incluye como novedades que los coches de residentes sin etiqueta puedan circular cuando se cumplan los límites europeos de contaminación de NO2.
El fallo del Supremo confirma el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de septiembre de 2024, que anulaba una parte importante de la ordenanza de Movilidad Sostenible. Los jueces, como informó este periódico, no cuestionaron las competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de protección de salud y el medio ambiente, pero sí destacaron que había una "manifiesta insuficiencia" del informe de impacto económico, que era fundamental. Restricciones de este tipo, subrayaron, exigían "una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”.
La sentencia del TSJM también incidió en el impacto en miles de vehículos profesionales, considerando de singular importancia que tuviera en cuenta la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación de sus coches, como es el caso de los autónomos, las microempresas o pymes. Sin embargo, los informes previos a la aprobación de la ordenanza no hacían referencia a estas cuestiones.
El Ayuntamiento de Madrid preparó entonces un recurso de casación contra la decisión del TSJM, pero la Sección Primera de la Sala del Tribunal Supremo ha dictaminado ahora que para su admisión no es suficiente con estar ante la anulación de una disposición general, sino que es necesaria una justificación adicional de por qué se considera que existe interés casacional que exija un pronunciamiento por parte del tribunal. Contra el fallo no cabe recurso posible y la causa se limita ahora a los recursos que se sucedan en torno a las multas.
El Ayuntamiento de Madrid tiene sobre la mesa un nuevo frente judicial y miles de multas en un limbo. Asociaciones en defensa de los derechos de los conductores preparan ya un tsunami de recursos contra las sanciones impuestas en las zonas de bajas emisiones de la capital, motivados por el auto del Tribunal Supremo que inadmite un recurso presentado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y ratifica la anulación de parte de la ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2021, que regulaba las restricciones de circulación en el distrito Centro y Plaza Elíptica para los coches más contaminantes.