Varios jueces anulan pruebas de personalidad de la Policía Municipal de Madrid por "falta de motivación"
Decenas de aspirantes preparan denuncias por presuntas irregularidades en la 56 promoción del Cuerpo, señalando la falta de transparencia en el proceso. Subrayan que este examen funciona como un filtro arbitrario
Desfile de la Policía Municipal de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida al fondo. (Europa Press/Eduardo Parra)
Las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid encadenan una polémica tras otra. Decenas de aspirantes de la 56.ª promoción del Cuerpo preparan acciones legales por presuntas irregularidades en la prueba de personalidad, que según su denuncia funciona como un filtro arbitrario y sin ninguna transparencia ni criterio conocido. Los afectados, según las fuentes consultadas, esgrimen sentencias judiciales que concluyen "falta de motivación" en las decisiones del tribunal.
Este periódico tiene constancia de tres sentencias de tres juzgados distintos de lo Contencioso-Administrativo, que atendieron las demandas de los opositores tras resultar declarados como 'No Aptos'. Una de ellas, del pasado mes de enero, anuló la exclusión del aspirante porque los criterios aplicados no quedaron claros, instando a la repetición. En otra no se cumplió el deber de motivación técnica y en una tercera, avalada en junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se reconoció el derecho del examinado a concurrir de nuevo y disponer de los métodos de evaluación.
El Ayuntamiento de Madrid lleva meses dando explicaciones sobre anomalías en las promociones 54 y 55 de la Policía Municipal, pero estas fuentes sostienen que en la última convocatoria también existen problemas. "Somos cientos de opositores declarados 'No Aptos' en personalidad pese a haber obtenido calificaciones muy altas en el resto del proceso", dice un afectado, que obtuvo una puntuación muy superior al corte en teoría y psicotécnicos, por encima del 9.
Los opositores excluidos denuncian una "absoluta falta de transparencia", sin ser informados de cuáles son los parámetros utilizados. "No se indica qué pregunta corresponde a cada dimensión evaluada. No se facilita el examen y no explican por qué no nos ajustamos al perfil requerido. Han tardado casi dos meses en publicar los resultados y solo han publicado una lista de aptos, sin más explicaciones", detalla uno de los implicados. Ninguna de las alegaciones fue aceptada.
La realidad es que las sentencias consultadas subrayan que no existe claridad en los criterios del tribunal. "Se defiende por la Corporación Local demandada que la prueba recoge un perfil orientado al servicio al ciudadano y que se ha trabajado con muestras representativas, incluyendo submuestras de la Guardia Civil, pero no se especifica cómo se ha justificado que dicho perfil es el adecuado para la categoría de Policia Municipal -que es lo ciertamente significativo en el caso analizado-, ni se detalla el perfil competencial asociado a la prueba, ni se especifica qué indicadores psicométricos han permitido validar que los ítems miden correctamente las aptitudes necesarias para el desempeño del puesto", dice uno de los escritos.
Los jueces consideraron que los opositores no sabían a qué se enfrentaban: "La conclusión que debe de extraerse es que, en el proceso selectivo, pese a lo razonado por la administración demandada, no se respetaron los principios de publicidad y transparencia, ello como consecuencia de que el contenido del perfil mínimo establecido que serviría para valorar a los aspirantes y determinar su grado de adecuación a las exigencias del puesto a que se aspira, no estaba en las Bases de la convocatoria y nunca fue conocido por los aspirantes, ni previo al examen, ni siquiera después, a lo que añadimos, que a esta fecha este juzgador no conoce cuál es".
"Filtro rígido y excluyente"
Los aspirantes en la ciudad de Madrid, en línea con estas sentencias, aseguran que la prueba de personalidad funciona como un "filtro rígido y excluyente". "Se han detectado incluso correcciones realizadas que han sido dadas por válidas en aspirantes declarados aptos. No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de cientos de opositores que han superado con solvencia las pruebas objetivas y que han quedado fuera por una prueba opaca, sin motivación individualizada y sin posibilidad real de revisión, vulnerando claramente los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad y transparencia", aseveran.
El Ayuntamiento de Madrid explica a este diario que la responsabilidad última en este caso es del tribunal, "completamente independiente", pero recuerda que todos los baremos están tasados previamente en las bases de la convocatoria. La portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, fue preguntada este jueves en rueda de prensa por los problemas en la evaluación de los psicotécnicos de la promoción 56 y alegó que el problema es que la nota fue muy elevada.
"Ha habido 7.000 personas que se han presentado a las últimas oposiciones para la Policía Municipal para 500 plazas y, por lo tanto, el corte en la prueba psicotécnica ha sido muy elevada, del 8,7", declaró Sanz, que explicó que las bases preveían un número máximo de aprobados proporcional a esas vacantes, de 3,5 veces en la primera prueba y de 1,2 veces en la segunda. "Por supuesto, los opositores tienen derecho a acudir a los tribunales", añadió.
La Policía Municipal lleva más de un año en el foco, con acusaciones de amaño en las oposiciones y una sombra de sospecha constante. La semana pasada, precisamente, el Ayuntamiento de la capital cesó al director general del Cuerpo salpicado por estos escándalos, Pablo Enrique Rodríguez, alimentando aún más la polémica. El caso del amaño, no obstante, ha sido archivado por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, tras concluir que la denuncia que se presentó no se sostiene "más allá de la mera sospecha".
Las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid encadenan una polémica tras otra. Decenas de aspirantes de la 56.ª promoción del Cuerpo preparan acciones legales por presuntas irregularidades en la prueba de personalidad, que según su denuncia funciona como un filtro arbitrario y sin ninguna transparencia ni criterio conocido. Los afectados, según las fuentes consultadas, esgrimen sentencias judiciales que concluyen "falta de motivación" en las decisiones del tribunal.