El caso de Móstoles sacude el búnker de Ayuso y pone en la diana a Serrano y Millán

El caso sobre el presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una compañera concejal del PP ha sacudido con fuerza al partido en Madrid. Especialmente al círculo de máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso, el búnker que conforman el secretario general de los populares en la región, Alfonso Serrano, y la secretaria de Organización, Ana Millán. Los dos dirigentes aparecen señalados como los responsables de una supuesta maniobra en 2024 para tapar el escándalo y persuadir a la víctima para que no presentara denuncia, aunque la formación insiste en limitar todo a una "disputa profesional".

Millán fue la encargada de tratar directamente con la presunta víctima del regidor, Manuel Bautista, tras recibir en el gabinete de Presidencia un escrito de amparo por la situación. Según publicó El País, la dirigente popular mantuvo varias reuniones con la edil, donde intentó evitar que acudiera a los tribunales. "El amparo del partido pasa porque te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le aconsejó Millán, que advirtió de que "una denuncia pública te perjudicaría". Fue el 11 de marzo del mismo año, aunque hubo más citas.

La Comunidad de Madrid, que ha activado toda la maquinaria, niega la mayor y este jueves filtró una cadena de correos electrónicos intercambiados con la afectada para tratar de demostrar que siempre habló de "discriminación laboral" y no de "acoso sexual". Lo cierto, no obstante, es que sí lo hizo meses después del primer mensaje a través de su abogado, hablando de "acoso sexual y/o laboral". Los emails fueron enviados desde febrero de 2024 a Presidencia por la "discriminación" sufrida. Ayuso, según el contenido de los escritos, no accedió a una reunión por motivos de agenda, delegando el tema en Millán. Así, la vicesecretaria de Organización queda retratada como la gran responsable, sin tomar "ninguna medida preventiva" y sin gestionar "ningún tipo de protocolo".

La realidad es que Millán es un caso en sí misma y está en la diana desde hace tiempo. La número tres del PP de Madrid, también vicepresidenta de la Asamblea, está implicada en un caso de supuesta corrupción durante su etapa en Arroyomolinos, imputada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública por irregularidades en la contratación. A primera hora de este jueves, mientras la formación achicaba agua tras conocerse la denuncia en Móstoles, el juzgado que la investiga citó a su marido, Juan Pedro Santos Ceballos, a declarar como testigo por su posible relación con la trama.

El horizonte judicial, sin embargo, no ha cambiado para nada su estatus dentro del partido. Millán, amiga personal de Ayuso, ha contado hasta la fecha con todo el respaldo de la presidenta y ya en 2023, cuando salieron las primeras informaciones sobre Arroyomolinos, la incluyó en las listas electorales para la Asamblea de Madrid, pasando a ser aforada. Ahora, con la investigación en curso, aparece en la foto de un nuevo escándalo.

La concejal, que concurrió en los comicios como número 2 de las listas del PP, denunció reiteradamente ante el partido una situación de acoso sexual que derivó en acoso laboral. Bautista, según el relato expuesto en la denuncia, la reclutó para la campaña, pero pronto comenzó a excederse con insinuaciones de tipo sexual. Cuando ella se negó, dejando claro que estaba casada y que su vinculación era estrictamente profesional, fue apartada de las dinámicas del grupo municipal, aislada y amenazada con perder sus responsabilidades como miembro de la Junta de Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Qué dicen los protocolos internos de los grandes partidos en caso de acoso sexual

Ana Belén Ramos

Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso desde hace años, fue otro de los involucrados en la maniobra. Los hechos conocidos ahora sitúan al secretario general del PP de Madrid en esa primera reunión en la que tratan de disuadir a la afectada. "Manuel te ficha, hay una mezcla entre lo personal y lo profesional, te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia. ¿Estamos hablando de esto?", dijo en el encuentro, donde también subrayó que una denuncia pública le traería problemas.

El dirigente popular compareció este jueves en la Asamblea de Madrid y negó todo, alegando que la denuncia fue archivada por el Comité de Derechos y Garantías, dependiente del PP nacional. Serrano aseguró que en ningún momento el tema se abordó como un caso de acoso sexual, sino como una "disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal". La realidad, no obstante, es que cuando la víctima presentó su dimisión y baja de la formación, insistió en estos episodios.

"En el mes de febrero [de 2024] comuniqué al PP de Madrid la grave situación de acoso sexual y laboral que he padecido como concejal del Partido Popular de Móstoles. Se han producido tres reuniones con la responsable del caso que ha designado el partido, Ana Millán, se han realizado seis escritos solicitando amparo, así como el establecimiento de los protocolos internos del partido y solicitud de intervención en este caso; lejos de verme amparada en la situación que venía padeciendo, me he encontrado con que los órganos de mi partido me han negado cualquier tipo de amparo haciendo oídos sordos a mis denuncias, sin realizar ninguna intervención, lo cual me ha resultado inaudito, por inesperado", dijo la afectada.

El caso ha provocado una notable marejada en el partido. La versión oficial es de cierre de filas, pero algunos cargos consultados evitan "poner la mano en el fuego" por nadie. Tampoco descartan que el escándalo vaya a más, con la aparición de audios que demuestran que la entonces concejal de Móstoles denunció el acoso ante la cúpula. Esta posibilidad también es plausible para la dirección de los populares madrileños, que en ningún momento han desmentido las conversaciones que han trascendido, aunque insisten en que recibieron una denuncia por "discriminaciones laborales". Sea como fuere, casualmente, Serrano visitó Móstoles el pasado martes para celebrar el Comité Ejecutivo de los populares.

Génova defiende su actuación

Alfonso Serrano y Ana Millán conocían el caso desde febrero, pero en ningún momento dieron traslado al Comité de Derechos y Garantías del PP, competente en la materia por tratarse del alcalde de un municipio de más de 100.000 habitantes. El organismo no abrió expediente hasta un mes después de la dimisión, y únicamente tras recibir la denuncia de la afectada. El propio Serrano, sin embargo, descartó este jueves cualquier dimisión. Ni suya, ni de Millán, ni de la secretaria de municipios del PP de Madrid, Lucía Paniagua, que también presionó en la misma dirección durante otra reunión.

Génova no tuvo conocimiento del caso hasta noviembre de 2024, momento en que el Comité de Garantías nacional, presidido por el senador José Antonio Monago, recibe un escrito del equipo jurídico de la exedil para solicitar la apertura de un procedimiento interno. Según trasladan fuentes de la dirección nacional del PP, el abogado se limita en primera instancia al presunto borrado de correos a su nombre desde el que se habían enviado las peticiones de amparo al equipo de Ayuso, suceso que ya había denunciado ante un juzgado. Como el caso estaba judicializado, explican, se trasladó que se suspendería "temporalmente" la apertura de expediente.

Según su versión, Génova recibió un segundo escrito en el que el letrado de la afectada aclaraba que su petición era abrir un procedimiento por un presunto caso de acoso sexual y laboral "sin que aportase ninguna prueba", y no por el presunto borrado de los correos electrónicos. En la cúpula del PP defienden que se actuó "de forma ejemplar" puesto que, pese a que su condición de exafiliada no obligaba al partido a abrir una investigación interna, éste sí lo hizo. Aseguran que las pesquisas se alargaron durante seis meses, de noviembre de 2024 a abril de 2025, momento en que la causa se archivó por falta de elementos probatorios.

La denunciante afirma, sin embargo, que no obtuvo respuesta alguna por parte del Comité de Garantías, que en ningún momento fue citada de forma personal y que Génova tampoco habló con testigos. La dirección del PP arguye que no se dio traslado de la evolución del caso por el hecho de que ya no militaba en el PP, pero que aun así contactó, entre otros, con el alcalde de Móstoles para conocer su versión, "protegiendo en todo momento la identidad de la denunciante". Eso sí, por el momento evitan pronunciarse sobre las supuestas presiones.

El asunto ha generado una mezcla de revuelo y sorpresa en la formación. Porque el caso estalló a apenas cuatro días de que las urnas se abran en Aragón y justo el mismo día en que el PP había citado a Paco Salazar en el Senado por los casos de acoso sexual y su vínculo con la candidata del PSOE, Pilar Alegría. Los dos grandes partidos se han enzarzado en las últimas horas en una intensa pugna en que las denuncias internas se convierten en arma electoral. En el PP de Aragón niegan que el asunto de Móstoles haya impactado (por ahora) en la recta final de la campaña. "Habrá que esperar, pero en ningún caso es equiparable al caso Salazar", apuntan.