Las universidades públicas madrileñas pagaron "premios de jubilación" sin base legal

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha señalado una serie de anomalías contables en el grueso de las universidades públicas de la región. Hasta cinco informes recientes del órgano fiscalizador concluyen que la Complutense, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la Politécnica y la de Alcalá abonaron en 2021 "premios de jubilación" pese a ser contrario a la ley, con abonos millonarios en su conjunto. Los análisis publicados, que coinciden con la denuncia de los centros por la falta de financiación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también advierten de la necesidad de reforzar los controles en materia laboral.

Los informes, publicados el pasado 23 de diciembre y consultados por este periódico, remiten al ejercicio de 2021 e inciden en las mismas cuestiones. "La Universidad ha abonado a su personal funcionario 'premios de jubilación' sin amparo legal, tal y como ha puesto de manifiesto en reiterada jurisprudencia el TS [Tribunal Supremo]", dice en todos los casos, con la única excepción de la Universidad Autónoma.

Los pagos se realizaron también al personal laboral no funcionario, igualmente a espaldas de la ley vigente, pese a la suspensión en 2019 del artículo del convenio que lo regulaba en la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

La Universidad Complutense, con casi 7 millones de euros, fue la que más dinero dedicó a estos premios de jubilación en 2021 (forzosas y anticipadas), seguida de la Politécnica (2,3 millones), Alcalá (345.000), Carlos III (211.000) y Rey Juan Carlos (200.000). Los centros, además, contaban con provisiones a largo plazo que solo en el caso de la Complutense rozaban los 127 millones. La Rey Juan Carlos superó los 15 millones para este extremo, mientras que en las universidades de Alcalá y Carlos III las partidas fueron de poco más de 9 y 7 millones de euros, respectivamente.

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La recomendación del órgano fiscalizador que preside Joaquín Leguina es igual para todos los centros públicos señalados: "La Universidad debería dejar suspendida y sin efecto la aplicación de las cláusulas de los acuerdos de personal funcionario y convenios colectivos de personal laboral que contemplen el pago de 'premios de jubilación', en línea con la regulación legal y la jurisprudencia del TS".

Los trabajos de la Cámara de Cuentas hacen especial hincapié en la falta de controles en las universidades en el ámbito laboral. Otra deficiencia común a todos los centros —también en la Autónoma— es que se han detectado casos de contratación temporal por encima de los tres años, sin apreciar ningún tipo de sistema para supervisar esta irregularidad. "En las altas de personal temporal no se ha acreditado la excepcionalidad, urgencia e inaplazabilidad, además de la pertenencia a funciones o categorías prioritarias o que afecten al funcionamiento de los servicios", añade sobre esta cuestión, que también incumplió la ley en 2021.

Falta de controles

Los gastos de personal son la asignatura pendiente de todas las universidades, tanto en la vigilancia como en la ejecución. En Alcalá, por ejemplo, no existió fiscalización previa en el ejercicio analizado y en otros casos como la Rey Juan Carlos no se detectó "ninguna actuación de control interno" al respecto. En la Carlos III, además, las anomalías persisten pese a que el ente ya lo advirtió en informes anteriores. "Al no haberse constituido unidad de control interno, pese a recomendarse en otros informes de esta Cámara de Cuentas, la UC3M no lleva a cabo el control interno de los gastos de personal", dice el estudio.

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La recomendación, no obstante, es generalizada: "La Universidad debería constituir la unidad de control interno y llevar a cabo el control interno de todos sus gastos, incluidos los relativos a operaciones que afectan a la gestión y abono de remuneraciones al personal".

La gestión de las universidades públicas es uno de los temas calientes del ecuador de la legislatura, con la izquierda agitando la conocida como marea verde. Todos los rectores, sin excepción, han lanzado un grito de auxilio ante la falta de financiación, con la denuncia de que los centros arrastran años de penurias y están ya al borde del abismo. Las manifestaciones se han repetido y el Gobierno de Ayuso anunció un incremento de 75 millones de euros para 2026, pero los implicados consideran que es totalmente insuficiente. Este tema, junto a la sanidad, marcará el camino a las urnas durante el próximo año y medio.