Ayuso ignora la ley de memoria de Sánchez y avisa que no habrá placa en Sol: "Es inviable"

El conflicto institucional por la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática no ha terminado. Todo lo contrario. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió en octubre señalar unilateralmente el edificio, sede de la Comunidad de Madrid, por su pasado como Dirección General de Seguridad durante el franquismo, pero el Ejecutivo autonómico no acepta la etiqueta y avisa ya de que no habrá placa en su fachada: "Para nosotros el caso está claro y cerrado: el expediente está caducado y no se podría declarar nada. Es inviable".

El choque irá a más el próximo año. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no da ningún plazo sobre cuándo instalará la polémica placa. Y, de hecho, ni siquiera ha informado al Gobierno regional de sus planes, ni antes ni después de declarar el inmueble como Lugar de Memoria. El departamento que dirige Ángel Víctor Torres, según las fuentes consultadas, apela al "principio de cooperación y lealtad administrativa" y recuerda que será un imperativo legal. "Lo que es un hecho es que el lugar ya es Lugar de Memoria. Lo que no es normal es que, siendo así, la Comunidad se niegue a reconocerlo con una placa", añaden.

El ministerio da por hecho que la placa se instalará antes o después, bajo el argumento de que el Ejecutivo autonómico tiene la obligación de cooperar, pero en Madrid insisten en su desafío. Desde la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, competente en la materia, advierten ya de que no cabe esta posibilidad. En primer lugar, porque el caso está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Y segundo, porque la actuación del Gobierno central fue incorrecta desde el inicio.

La Comunidad de Madrid considera que el expediente está caducado, ya que pasó más de un año entre la incoación y la publicación de la decisión en el BOE, el pasado 22 de octubre. Sol, además, subraya que es una "falta de lealtad institucional" la ausencia de comunicación previa y recuerda que la Real Casa de Correos goza de la máxima protección patrimonial como Bien de Interés Cultural, lo que impediría la instalación de la placa.

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"La mera incoación de un procedimiento de declaración de la Real Casa de Correos, sin previo aviso ni negociación por parte de la Administración estatal, manifestando en dicha resolución que tan sólo se proponen medidas de baja intensidad constituye, por sí misma, una grave injerencia e intromisión no sólo en el derecho de propiedad de la Comunidad de Madrid sobre este edificio, sino, especialmente, en sus competencias de autoorganización, gestión de sus bienes demaniales y patrimoniales, vigilancia de sus edificios e instalaciones, regulación y protección de los bienes de su Patrimonio Histórico y Cultural", indican fuentes regionales.

El episodio está pendiente del veredicto del Constitucional, tras un recurso presentado por la Comunidad de Madrid en febrero de este año, alegando una presunta invasión de competencias. El Gobierno central hizo lo propio en marzo con un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica madrileña que impedía la declaración estatal del edificio. En este caso el tribunal sí se pronunció y el pasado mes de julio levantó la suspensión cautelar de esta norma que había decretado antes.

Año Franco

La Real Casa de Correos fue uno de los objetivos señalados por el Gobierno de Sánchez en el conocido como 'Año Franco' con una serie de actos con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. En este caso impulsó la declaración como Lugar de Memoria por su papel como Dirección General de Seguridad en Madrid. "Desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista. Este edificio, ubicado en la Puerta del Sol y actual sede de la Comunidad de Madrid, se convirtió en un símbolo de la represión del régimen franquista, donde miles de personas fueron detenidas, interrogadas y sometidas a tortura por motivos políticos e ideológicos", señala la resolución publicada en el BOE.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática siguió con sus planes pese a que la Real Academia de la Historia negó que el edificio deba vincularse al franquismo. El organismo, como informó este periódico, emitió sus conclusiones a petición del propio ministerio, aunque fueron ignoradas. La academia consideró que si debe asociarse a un periodo histórico, es a la Ilustración.

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"Este informe, que comprende bien las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la 'Extinta Dirección de Seguridad franquista', asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores, ante todo con la historia —moral y políticamente admirable, y por ello de obligado conocimiento general— de la Ilustración española, y con la misma centralidad, ya mencionada, que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España", dijo la Real Academia de la Historia, que sin obviar el "papel central en la represión política y social" durante el franquismo, recordó que en la II República hubo episodios similares en el edificio.

"Igualmente es cierto, no cabe olvidarlo, que a la también extinta Dirección General de Seguridad republicana, sita en el mismo edificio que la franquista, pertenecían algunos de los integrantes del grupo de personas (guardia de asalto y milicianos incontrolados) que el 13 de julio de 1936 secuestraron y asesinaron en Madrid al líder de la ultraderecha monárquica, José Calvo Sotelo; y que, por estar sita donde estaba la Dirección General de Seguridad franquista, ETA cometió el 13 de septiembre de 1974 el terrible atentado de la calle Correo de Madrid, que costó la vida a 13 personas e hirió a medio centenar más", añadió en su informe.

La Comunidad de Madrid incluyó este trabajo en su recurso como complemento a las cuestiones técnicas, con el argumento de que la Real Casa de Correos es un inmueble "completamente resignificado" como casa común de los madrileños. "Defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños", aseveran, a la espera de la resolución del Constitucional. La instalación de la placa se posiciona ya como un nuevo caballo de batalla entre las instituciones antes de las elecciones.