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El PSOE ignoró una alerta sobre el troceo de contratos en la empresa de vivienda de Leganés
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El PSOE ignoró una alerta sobre el troceo de contratos en la empresa de vivienda de Leganés

Un informe interno de la compañía evidencia que los técnicos avisaron de las presuntas irregularidades en la organización del sorteo para viviendas públicas, pero los expedientes se adjudicaron igual por más de 100.000 euros

Foto: El exalcalde de Leganés, Santiago Llorente, junto a Pedro Sánchez. (EFE)
El exalcalde de Leganés, Santiago Llorente, junto a Pedro Sánchez. (EFE)
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La anterior dirección de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE), presidida por el entonces alcalde del PSOE, Santiago Llorente, estaba avisada de las presuntas irregularidades en la organización del sorteo de viviendas públicas celebrado en el final de la pasada legislatura. Un informe interno de la compañía revela que los técnicos alertaron de posibles ilegalidades en el procedimiento por un fraccionamiento de contratos, pero fueron ignorados. La entidad hizo hasta 17 adjudicaciones a dedo, con un montante superior a los 100.000 euros, que ahora están bajo el foco por corrupción.

"En reunión con el presidente de EMSULE se le comentó que no se debían hacer varios contratos menores sino un contrato único evitando fraccionar el contrato", dice el documento, al que ha tenido acceso este periódico, sobre el evento. "Las instrucciones del sr presidente fueron, pese lo que se indicó, fue la de hacer contratos menores (sic)", añade el escrito, firmado por el jefe del departamento técnico de la empresa pública.

El informe, elaborado cuatro meses después de la celebración del sorteo —noviembre de 2023—, no detalla los nombres, pero deja al descubierto que la dirección de EMSULE estaba al tanto de que el procedimiento elegido podía incurrir en irregularidades. La alerta al "presidente" puede referirse tanto a Llorente, que era el presidente de la entidad, como a Javier Márquez, entonces máximo responsable del Consejo de Administración y en la actualidad portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Leganés. Ninguno de los dos hizo absolutamente nada y los contratos se adjudicaron.

El proceso, como informó El Confidencial, ha levantado sospechas de corrupción. Un análisis de la contratación por los servicios jurídicos de EMSULE afloró el supuesto fraccionamiento, con adjudicaciones a dedo por un total de 102.894 euros, sin concurrencia competitiva y sin la convocatoria de un solo concurso público. La conclusión es que se empleó esta fórmula para, supuestamente, sortear los controles de la Administración y la ley de contratos del sector público.

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Entre los servicios adquiridos por contrato menor figura la compra de moquetas por 32.498 euros, la contratación de los bombos por 14.919 euros o la instalación del sonido en la celebración, que costó 13.743 euros. También la publicidad y propaganda sobre la entrega de las 350 viviendas públicas (21.120), el alquiler de las sillas (4.277), la seguridad (5.341) o un seguro de responsabilidad civil (1.946), entre otros. EMSULE, según las fuentes consultadas, estudia llevar el caso a los tribunales.

Facturas sin pagar

El gobierno socialista, sin embargo, dejó sin pagar la mayoría de las facturas, que fueron asumidas por el PP cuando asumió el bastón de mando en Leganés. El informe de EMSULE detalla que quedaron pendiente hasta los honorarios del notario que levantó el acta del sorteo, por valor de 966,95 euros (IVA incluido). El único servicio que se abonó fue el seguro por responsabilidad civil contratado con Mapfre por 1.946,70 euros.

"Hasta la fecha del presente informe, no han sido abonados los importes del total de los trabajos contratados a pesar de haberse realizado estos correctamente. Terminados los trabajos el Sr presidente se negó a la firma de los pagos, con la excepción de uno de ellos", subraya el escrito.

La anterior dirección de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE), presidida por el entonces alcalde del PSOE, Santiago Llorente, estaba avisada de las presuntas irregularidades en la organización del sorteo de viviendas públicas celebrado en el final de la pasada legislatura. Un informe interno de la compañía revela que los técnicos alertaron de posibles ilegalidades en el procedimiento por un fraccionamiento de contratos, pero fueron ignorados. La entidad hizo hasta 17 adjudicaciones a dedo, con un montante superior a los 100.000 euros, que ahora están bajo el foco por corrupción.

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