Una planta de residuos enfrenta a Villaviciosa y Móstoles: tendrá 16.000 m2 y abrirá en 2026

La Comunidad de Madrid quiere que el sur de la región cuente con una nueva planta de residuos para gestionar metales, aparatos electrónicos y baterías usadas. Desde 2023 la administración liderada por la popular Isabel Díaz Ayuso se encuentra inmersa en un proceso para dar con un emplazamiento y albergar una nueva planta. La ubicación elegida para el proyecto es la localidad de Móstoles (PP), pero la decisión ha contado desde el principio con el rechazo de la vecina Villaviciosa de Odón, también gobernada por un regidor popular. Ayer este Gobierno local liderado por Juan Pedro Izquierdo comunicó que presentará de nuevo alegaciones a la última actualización "teniendo como el fin último la salvaguarda y defensa de los intereses de nuestros vecinos".

Para la planta se tendrá que levantar una nueva instalación "consistente en losa de hormigón y nave de almacenamiento, con sus acometidas, instalaciones y accesos correspondientes", detalla el proyecto. La empresa que lo lidera ya tiene otras plantas en Mejorada del Campo y San Martín de la Vega.

La negativa de los de Villaviciosa de Odón viene por la ubicación del proyecto. Aunque se encuentre en el término municipal de Móstoles, está en un área limítrofe e incluso más cerca de un polígono industrial y viviendas de Villaviciosa. Su objetivo ahora con las nuevas alegaciones es demostrar "la imposibilidad de la instalación de este tipo de actividad en las inmediaciones de nuestro término municipal, evitando con ello cualquier tipo de impacto". Es decir, no quieren allí ninguna planta. La actividad, según se desprende del proyecto básico presentado a la Comunidad de Madrid, consistirá en la "recepción, clasificación y almacenamiento temporal de residuos" con la previsión de que comience a operar en 2026.

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Es la segunda vez que el equipo de Juan Pedro Izquierdo esgrime sus argumentos para tratar de echar abajo el proyecto. En enero de este año ya señaló que la planta causaría afecciones por su proximidad a las zonas residenciales del entorno, perjuicios en los futuros desarrollos en el municipio, daños en el Parque Regional por donde pasa el río Guadarrama y en el que viven distintas especies protegidas, y problemas de movilidad porque "la vía de acceso no es adecuada al incremento del tráfico pesado".

La Comunidad tuvo en cuenta estas alegaciones, aunque de forma parcial, por lo que el equipo de Gobierno continúa sin estar de acuerdo. "La zona afectada está vinculada al crecimiento residencial de Villaviciosa de Odón y a varias infraestructuras estratégicas que pueden alterar el entorno, la movilidad de camiones y la calidad urbana de un área en transformación", explican fuentes municipales. En cuanto al ruido, el proyecto básico presentado por la empresa asegura que "no se superarán los límites de emisión establecidos para la zona industrial".

La posición de Móstoles es clara y frontalmente opuesta: abogan por abrir esa planta porque "no será de tratamiento de residuos, sino de transferencia" y los restos que se depositen estarán allí por tiempo limitado. Además, descartan que existan riesgos en ese espacio. "Se van a recepcionar electrodomésticos o coches donde, una vez se extraigan las baterías o los componentes electrónicos, se enviarán a otras plantas para su tratamiento. En ningún caso va a albergar material radioactivo", explican fuentes locales.

Sin embargo, el rechazo a este proyecto no viene solo desde el Consistorio vecino, sino que su propia oposición, el PSOE mostoleño, defiende la postura de Villaviciosa. Los socialistas exigen a su Gobierno local que dé marcha atrás por no haber informado a los vecinos afectados de una decisión que provocará un "incremento del tráfico pesado" y se ubicará a menos de 200 metros de viviendas de ambos municipios.

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También desde Ecologistas en Acción han querido mostrar su rechazo al nuevo proyecto y aseguran que "la parcela es no conforme debido a la contaminación por hidrocarburos alifáticos y aromáticos, posiblemente provenientes de la anterior actividad desarrollada en ese suelo". Asimismo, también denuncian la "contaminación acústica generada por la maquinaria necesaria para mover y almacenar los residuos".

El plazo de alegaciones finaliza el próximo día 25. Pero, de momento, la Comunidad de Madrid se mantiene firme y argumenta esta necesidad en "el creciente aumento en la generación de este tipo de residuos y a la aparición de nueva reglamentación en la materia".