La Cámara de Cuentas reclama contratos ocultos por 21,5 M a municipios de PP y PSOE
El órgano fiscalizador señala que una decena de consistorios madrileños no facilitaron la información requerida y recuerda que es una tarea "esencial" para su labor de control
El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. (EP/Eduardo Parra)
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha puesto en el foco a distintos ayuntamientos de la región, gobernados por el PP y el PSOE, que no rindieron cuentas sobre un conjunto de 27 contratos en el ejercicio de 2023, por un valor total de 21.592.969 euros. El órgano fiscalizador, que preside Joaquín Leguina, recuerda que es "esencial" que las entidades locales cumplan con sus obligaciones de información y colaboración en tiempo y forma y reclama una solución al respecto.
El informe, publicado el pasado 25 de septiembre, fiscaliza la contratación en el servicio público madrileño durante ese año. El análisis abordaba la actividad de las administraciones a partir de una muestra de 242 contratos mayores, con un importe de adjudicación de 388.571.436,55 euros, pero no fue posible. La Cámara de Cuentas detalla que solo pudo examinar 215 expedientes porque el resto quedaron ocultos.
El órgano señala a ayuntamientos de diferente tamaño y signo político: Móstoles, Parla, Collado Mediano, Cubas de la Sagra, El Molar, Puentes Viejas, Arroyomolinos, Sevilla La Nueva, Velilla de San Antonio y Villanueva del Pardillo. También a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Leganés (EMSULE) y la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares porque "no atendieron la petición del equipo de fiscalización".
La Cámara insiste a lo largo del escrito en la necesidad de que los expedientes se remitan completos. Y pone el foco en la dejadez de estos consistorios. "Resulta esencial para que esta Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid pueda realizar las funciones de fiscalización de la contratación que las entidades del sector madrileño cumplan con las obligaciones de rendición de la información contractual en los plazos establecidos por el artículo 335 LCSP [Ley de Contratos del Sector Público] y sus obligaciones de colaboración en los intercambios documentales de información derivados de las fiscalizaciones", subraya el escrito.
El Ayuntamiento de Móstoles es la entidad que, según el informe, más incumplió. El consistorio, gobernado ahora por el PP, no envió hasta once expedientes sobre temas diversos, como los socorristas en los polideportivos municipales o el servicio público de la residencia de personas mayores Juan XXIII. En total, más de 12 millones de euros en diferentes contratos. Velilla de San Antonio, dirigido por el PSOE, aparece en la lista de la Cámara de Cuentas con otros siete procedimientos no enviados. El primero, preguntado por este diario, alega que recibió una notificación y remitió "en su totalidad" la información demandada.
Petición a la Asamblea
El organismo presidido por Leguina, sin embargo, instó en el mismo informe a la Asamblea de Madrid a iniciar una reclamación formal a los ayuntamientos involucrados, además de solicitar acciones para evitar que estos comportamientos se repitan en el futuro.
La Cámara autonómica, que preside el popular Enrique Ossorio, asegura que los servicios jurídicos ya trabajan en este asunto. Fuentes de la Asamblea explican a este periódico que tanto ellos como la Cámara de Cuentas "están analizando y estudiando" la petición incluida en el informe. No obstante, recuerda que la propia Cámara cuenta con la posibilidad de imponer multas a las entidades que tienen el deber de colaboración y no hayan cumplido, en virtud de la ley que regula su funcionamiento.
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha puesto en el foco a distintos ayuntamientos de la región, gobernados por el PP y el PSOE, que no rindieron cuentas sobre un conjunto de 27 contratos en el ejercicio de 2023, por un valor total de 21.592.969 euros. El órgano fiscalizador, que preside Joaquín Leguina, recuerda que es "esencial" que las entidades locales cumplan con sus obligaciones de información y colaboración en tiempo y forma y reclama una solución al respecto.