Marruecos arremete contra el PP por sus próximas iniciativas sobre el Sáhara en el Congreso

El Partido Popular sube el volumen de su oposición a la política exterior del Gobierno con relación a Marruecos. Ahora lleva sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados después haber tramitado mociones en decenas de ayuntamientos murcianos y algún andaluz y tras los pronunciamientos del PP y del Ejecutivo de la Región de Murcia.

El próximo martes 18 de noviembre dos comisiones parlamentarias, la de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la de Asuntos Exteriores, votarán sendas proposiciones no de ley (PNL) presentadas por los portavoces populares. Ambas saldrán probablemente adelante porque los diputados del PSOE se quedarán en minoría.

El diario más afín al palacio real marroquí, Le 360, se anticipó este sábado a esta doble iniciativa y publicó un largo y durísimo artículo arremetiendo contra el PP. Desde los sucesos de Torre-Pacheco, a mediados de julio, la prensa marroquí había dejado de arremeter contra los populares, pero ahora lo hace con especial virulencia a través de un periódico que, según exiliados marroquíes, es propiedad de Mounir Majidi, secretario particular del rey Mohamed VI. Es probable que otros medios marroquíes le secunden en los próximos días, poniendo así en marcha una campaña de prensa.

“El PP español multiplica las provocaciones, combinando maniobras parlamentarias, instrumentalización humanitaria, agitación soberanista en torno a Ceuta y Melilla y ataques económicos selectivos”, escribe Le 360. “Esta estrategia no tiene nada que ver con un proyecto diplomático”, asegura. “Es más bien una reacción colonial herida, un cálculo electoral interno y una incapacidad para aceptar que la relación de fuerzas histórica se ha invertido”, en favor de Rabat, especialmente en el Sáhara Occidental. “El PP no defiende a España, sino que se empeña en luchar contra una realidad que ya le ha superado”. El artículo recuerda de paso que Ceuta y Melilla son una herencia de “una relación colonial”.

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El diario ilustra su artículo con una foto del líder popular dando un mitin, el pasado lunes 10, en Melilla, pero la manipula. Alberto Núñez Feijóo habló con, a sus espaldas, un grupo de jóvenes entre los que figuraba una melillense con el pañuelo islámico (hijab). En Le 360 la chica desaparece. La intención es probablemente demostrar que el orador no tiene ningún predicamento entre los musulmanes de la ciudad.

La primera de las dos mociones insta al Ejecutivo a “defender en el seno de la UE el respeto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación al Sáhara Occidental” de octubre de 2024. Le pide además que cumpla con la partida extraordinaria de 7 millones de euros prevista en los presupuestos vigentes para los refugiados saharauis.

El partido de Alberto Núñez Feijóo da así a entender que el nuevo acuerdo de asociación entre Marruecos y la UE, que entró en vigor el mes pasado, incumple las sentencias de TJUE. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, declaró más contundente hace un mes: “No es admisible”.

El TJUE anuló el anterior acuerdo porque abarcaba al Sáhara Occidental, que no forma parte de Marruecos, sin que su población autóctona hubiera dado su consentimiento. Ordenó además que los productos agrícolas del Sáhara exportados a Europa fueran etiquetados como saharauis y no como marroquíes.

Comisión de Exteriores

En la Comisión de Asuntos Exteriores, los populares van a reclamar al Gobierno que “restablezca el diálogo político con Argelia”, que “impulse la reactivación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Argelia”. Las autoridades argelinas lo suspendieron en 2022 después de que el presidente Pedro Sánchez enviase una carta al rey Mohamed VI respaldando la propuesta marroquí de resolver el conflicto concediendo una autonomía limitada al Sáhara Occidental.

Piden además al Ejecutivo, por enésima vez desde 2022, que se “recupere la posición histórica de neutralidad activa de España respecto a la cuestión del Sáhara Occidental”. Rechazan así el pronunciamiento del presidente Sánchez en la misiva que mandó al monarca alauí y que este reveló parcialmente mediante un comunicado.

Aunque ha mejorado, la relación de España con Argelia no está aún plenamente normalizada. Prueba de ello es que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha viajado aún a Argel. Sí pudo hacerlo, el 20 de octubre, otro ministro, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. La conmoción provocada en Argelia por la huida a Ibiza en octubre de siete menores argelinos en un barco robado propició esa invitación a Marlaska.

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La dirección del PP manifiesta su desaprobación con el nuevo acuerdo de asociación, negociado a escondidas en agosto por la Comisión Europea con Rabat, por tres motivos. Considera primero que es perjudicial para los agricultores españoles cuyos principales sindicatos (COAG, ASAJA, UPA y CECOAM) así lo han manifestado. “Es lesivo” porque supone “un alto riesgo para la rentabilidad del campo español”, afirmó Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

En segundo lugar, la dirección popular estima que una política exterior neutral ante el conflicto en la antigua colonia es beneficiosa para los intereses de España. Cuanto más afiance Rabat su control sobre el Sáhara Occidental, más se envalentonará y más estará tentada de presionar en el norte con relación a las islas Chafarinas, los peñones y, sobre todo, Ceuta y Melilla a las que asfixia desde 2018. La resolución aprobada el 31 de octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU ya supuso un gran espaldarazo para los planes marroquíes en la colonia que España le entregó hace medio siglo.

Soledad del PSOE

En tercer lugar, el PP va a poder demostrar nuevamente hasta qué punto es frágil la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno. Es probable que Sumar, ERC, PNV, Bildu apoyen sus iniciativas en las comisiones como ya hicieron en otras ocasiones.

Sumar secundó incluso con sus votos, hace un mes, una moción de Vox en el Congreso en la que pedía al Gobierno que rechazara “la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos por incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental”. Infringe, por tanto, las sentencias del TJUE. También el PP se alineó en esta ocasión con el partido ultra.

Desde que Feijóo mantuvo, en julio pasado, la tradición de invitar a los congresos del PP a un representante del Frente Polisario, la relación de Marruecos con el partido conservador español ha empeorado. Está por ver si las autoridades marroquíes le querrán pasar factura cuando, al término de esta legislatura, llegue probablemente el poder.

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Al mismo tiempo que el PP en Madrid anima a estrechar la relación con Argelia, el Gobierno balear, en manos de los populares, se queja de la inmigración que llega por mar procedente de ese país. En los 10 primeros meses de 2025 han desembarcado en el archipiélago balear 6.280 inmigrantes irregulares, un 66% más que durante el mismo periodo del año anterior en el que se batió ya un récord, según el Ministerio del Interior.

Argelia solo acepta la repatriación de un ínfimo porcentaje de sus ciudadanos y de ningún subsahariano que haya zarpado de sus costas rumbo a España. La mayoría de los que pusieron pie en Baleares en lo que va de año eran subsaharianos y los más numerosos de este grupo declararon ser somalíes.

El PP balear registró a finales de octubre una PNL en la que formula varias reivindicaciones el Gobierno con relación a la inmigración. Le insta de nuevo a solicitar el despliegue al sur del archipiélago de la agencia europea Frontex. La presidenta balear, Marga Prohens, viajó hace un mes en vano a Bruselas para pedírselo directamente al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner.

“Frontex solo interviene cuando un país solicita nuestro apoyo y hasta ahora España no nos lo ha pedido”, explica al teléfono Krzysztof Borowski, portavoz de la agencia europea. “No decidimos por nuestra cuenta dónde enviar a nuestro personal”, añade. “Hoy en día contamos, sin embargo, con más de 220 agentes que apoyan a las autoridades españolas en lugares como la costa andaluza y Canarias”, recuerda. El Gobierno no ha explicado los motivos por los que prefiere evitar que esos agentes se pongan también a trabajar en Baleares.