Un informe revela fraccionamiento de contratos del PSOE en la empresa de vivienda de Leganés
La asesoría jurídica alerta de "posibles irregularidades" en la organización de un sorteo para la entrega de viviendas públicas. Los socialistas, ahora en la oposición, gastaron más de 100.000 euros sin convocar concursos
El exalcalde de Leganés, Santiago Llorente, junto a Pedro Sánchez, durante un acto de vivienda en el municipio. (EFE/Pool/Moncloa/Fernando Calvo)
La sombra de la corrupción planea sobre la gestión del PSOE en la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE). Un informe de la asesoría jurídica de la compañía ha aflorado un presunto fraccionamiento de contratos en la organización de un sorteo para la entrega de viviendas públicas en 2023, con adjudicaciones a dedo por valor de 102.894 euros y sin la celebración de un solo concurso. Fuentes del Ayuntamiento de la localidad, ahora gobernado en minoría por el PP, detallan a El Confidencial que estudian llevar el caso a los tribunales.
El escrito remite al último periodo que los socialistas gobernaron la ciudad madrileña (193.934 habitantes). El entonces alcalde, Santiago Llorente, ejercía como presidente de EMSULE y el actual portavoz del PSOE en el consistorio, Javier Márquez, hacía lo propio como máximo responsable de su Consejo de Administración. El estudio se inició, precisamente, para analizar la contratación del ente público y la celebración del proceso.
La empresa de vivienda formalizó un total de 17 contratos menores, adjudicados sin concurrencia competitiva. La asesoría jurídica concluye que se trocearon los servicios para, supuestamente, sortear los controles de la Administración. "Tanto los previos como los celebrados para llevar a cabo el sorteo, se ve claramente que existe una unidad funcional, un vínculo operativo entre los diferentes contratos que no permite tratar unitariamente cada uno de ellos", subraya sobre los expedientes bajo sospecha.
"Se podría considerar que se han vulnerado los umbrales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y se ha fraccionado un contrato", añade el informe, que analiza todas las adjudicaciones en torno al evento. Entre los contratos figura la compra de moquetas por 32.498 euros, la contratación de los bombos por 14.919 euros o la instalación del sonido en la celebración, que costó 13.743 euros. También la publicidad y propaganda sobre la entrega de las 350 viviendas públicas (21.120), el alquiler de las sillas (4.277), la seguridad (5.341) o un seguro de responsabilidad civil (1.946), entre otros. En total, más de 100.000 euros.
La asesoría jurídica de EMSULE, que ya trabaja en una posible denuncia formal, también destaca que parte del gasto se cargó a un contrato de reparaciones de viviendas en alquiler de propiedad municipal, que sería susceptible de una nueva irregularidad, ya que se trata de una desviación del objeto del servicio. El sorteo fue celebrado el 5 de junio de 2023, en el final de la pasada legislatura, cuando el PSOE perdió las elecciones.
Polémico sorteo
El proceso está rodeado de polémica desde varios frentes. En la adjudicación de las viviendas públicas resultó beneficiado Miguel Recuenco, en la actualidad secretario general del PSOE en Leganés. El aludido ha solicitado un certificado para acreditar la legalidad del sorteo, pero desde el Ayuntamiento del PP se lo han denegado.
"Como presidente del Consejo de Administración de EMSULE no tengo competencias para realizar ese tipo de certificados. Además, no estuve presente ni en la gestación, ni en la preparación, ni en el desarrollo del sorteo", declaró el responsable de la empresa y concejal de Urbanismo e Industria, Francisco Javier Oporto.
La sombra de la corrupción planea sobre la gestión del PSOE en la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE). Un informe de la asesoría jurídica de la compañía ha aflorado un presunto fraccionamiento de contratos en la organización de un sorteo para la entrega de viviendas públicas en 2023, con adjudicaciones a dedo por valor de 102.894 euros y sin la celebración de un solo concurso. Fuentes del Ayuntamiento de la localidad, ahora gobernado en minoría por el PP, detallan a El Confidencial que estudian llevar el caso a los tribunales.