El CSIC abandona un edificio en la sierra de Madrid: un agujero de 2,3 millones solo en saqueos

El Tribunal de Cuentas ha expuesto negro sobre blanco el deterioro sistemático de un edificio público en la Sierra de Guadarrama. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se ha desentendido desde hace años del bautizado como Centro de Ciencia Ignacio Bolívar, en El Ventorillo de Cercedilla, al noroeste de Madrid, dejando un agujero millonario a fondo perdido. El inmueble está abandonado a su suerte, vandalizado y saqueado, sin visos de recuperación.

El órgano fiscalizador emitió un informe el pasado mes de septiembre sobre la gestión y el uso de edificios por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que dirige la socialista Diana Morant. La conclusión sobre el complejo es que el CSIC lo ha desatendido hasta el extremo, pese a las advertencias del Ayuntamiento de Cercedilla, como ya informó El Confidencial. La factura para las arcas públicas supera los 2,3 millones de euros contabilizando solo los robos de material.

La historia del Centro de Ciencia Ignacio Bolívar es el relato de todo lo que pudo ser y no fue. Y la enésima crónica del despilfarro en España. El inmueble, de 9.000 metros cuadrados y ubicado en un monte de utilidad pública, fue adquirido por el CSIC en 2008 en régimen de concesión administrativa, cedido por los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, para convertirse en un referente de ámbito científico. Fue rehabilitado por un total de 4.893.844,87 euros, finalizando las obras en 2012, pero nunca entró en funcionamiento. Solo hubo dejadez.

El Tribunal de Cuentas detalla que en 2012 se instaló una alarma en el edificio por 1.105 euros, además de un servicio básico y de verificación por salto de alarma por otros 53,90 euros al mes. El contrato, sin embargo, rescindió el 1 de octubre de 2015 y no se renovó durante nueve años. Durante todo este periodo el inmueble estuvo completamente expuesto, a merced de robos de todo tipo. Los ladrones se han llevado hasta las baldosas de granito y sus paredes son una especie de mural de la desidia y la negligencia de la Administración, con grafitis y destrozos en cada sala.

El CSIC llegó a denunciar los hechos y cifró el daño en 2.356.000 euros, principalmente con saqueos en los tejadillos, presumiblemente para hacerse con el zinc del aislamiento de la cubierta de pizarra. La última comunicación a las autoridades fue en 2022, dos años antes de formalizar el nuevo convenio para la vigilancia. "No hay constancia de la contratación de un sistema de seguridad desde la resolución del primer contrato el 1 de octubre de 2015 hasta su adjudicación el 26 de noviembre de 2024 a una nueva empresa, por importe anual de 156 miles de euros más IVA", dice el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

El escrito concluye que el CSIC abandonó el complejo a su suerte. La intención del organismo público era deshacer la concesión y desprenderse del edificio antes de la fecha marcada. Pero la realidad es que no se ha formalizado hasta la fecha. Incluso ahora, cuando ya ha vencido, sigue pendiente. "Al cierre de los trabajos de fiscalización el CSIC no ha hecho efectiva la devolución de los terrenos y el edificio, que se mantienen en el mismo estado que se encontraban a fecha de finalización de la concesión", añade el Tribunal de Cuentas.

Moción del PP bloqueada

El problema en El Ventorrillo es un tema recurrente en el Ayuntamiento de Cercedilla. El PP presentó una moción de urgencia durante el último pleno para abordar una solución, pero el PSOE, la marca local de Más Madrid y el Grupo Independiente de Cercedilla, que es el partido que gobierna, bloquearon la iniciativa. La propuesta planteaba exigir al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la reversión de los daños ocasionados como responsable del CSIC y devolver el inmueble en unas condiciones óptimas de uso. "¿De verdad defienden así lo que es nuestro? Si no hay algún interés particular, no les interesa", denuncian los populares.

El informe del órgano fiscalizador, no obstante, da cuenta de que el propio consistorio alertó en 2022 al ministerio del "lamentable estado de conservación y abandono" del centro, "siendo evidente la falta de los elementos más básicos para su uso y habitabilidad, como es electricidad, calefacción, fontanería, sanitarios, carpintería exterior e interior, falta de cubiertas, etc… hasta el punto de que el vallado perimetral, así como las puertas de acceso al edificio se encuentran en muy mal estado".

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Entonces reclamaron una solución, en vista al final de la concesión. "Medidas urgentes necesarias para que, en los próximos meses, y anteriores a la declaración de su inmediata caducidad el 31 de enero de 2023, se recepcionen las instalaciones en un estado óptimo de uso y habitabilidad. En este sentido, es de imperativa urgencia la reparación de los cierres perimetrales de la finca concesionada, así como de las puertas de acceso al edificio, actualmente forzadas. Adicionalmente, sería muy recomendable la implantación de un sistema de vigilancia y/o alarma, dada la ubicación de las instalaciones", requirió el Ayuntamiento. Y dos años después, todo sigue pendiente.