Adiós a este famoso colegio privado de Madrid: lleva sin licencia desde 1995

El silencio sustituyó este lunes al bullicio de los niños en los pasillos de El Ardal, la escuela activa de San Sebastián de los Reyes que llevaba tres décadas funcionando sin licencia urbanística. La Policía Local ejecutó la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento, que argumenta que el centro se ubica en un suelo no urbanizable de especial protección. Con el precinto, se pone fin a la actividad de un proyecto educativo pionero que, desde 1995, había acogido a generaciones de alumnos bajo un modelo inclusivo y alternativo.

El Ardal nació hace más de treinta años por iniciativa de Paloma de Haro, que decidió abrir el centro en una parcela privada de su familia para ofrecer una educación personalizada y adaptada a niños con y sin necesidades especiales. Desde entonces, el colegio contaba con los permisos educativos de la Comunidad de Madrid, pero nunca obtuvo la licencia urbanística necesaria. A pesar de los continuos avisos municipales y los litigios en los tribunales, el centro siguió funcionando hasta esta semana, cuando las autoridades municipales pusieron fin a su actividad.

Según el Ayuntamiento, los tribunales han rechazado hasta en cuatro ocasiones las medidas cautelares solicitadas por el colegio y por una asociación vinculada al mismo. “Su actividad ha sido irregular desde el punto de vista urbanístico”, sostiene el consistorio, que insiste en que la dirección siempre supo que el suelo no era apto para ejercer una actividad docente.

La Comunidad de Madrid retira su autorización educativa

Desde la Consejería de Educación explican que ya se han iniciado los trámites para revocar la autorización educativa del centro, un permiso condicionado a la existencia de las licencias urbanísticas correspondientes. Además, aseguran que la Inspección Educativa está trabajando para reubicar a los más de 140 alumnos, incluidos los treinta con necesidades especiales, en otros centros cercanos. Sin embargo, las familias denuncian que, a día de hoy, muchos menores siguen sin plaza asignada.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los padres, especialmente entre los de niños con autismo o parálisis. Para muchos de estos menores, el cambio repentino de entorno supone una ruptura emocional y educativa difícil de gestionar.

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Durante el fin de semana, decenas de familias se concentraron ante el colegio para exigir una solución. También han lanzado una campaña de firmas en Change.org que ya supera las 16.000 adhesiones. Reclaman al Ayuntamiento que les permita finalizar el curso en el edificio o que se le conceda una licencia provisional mientras se tramita la regularización del suelo.

Por su parte, la directora del centro insiste en que el 30 de abril presentaron la solicitud para la calificación urbanística que podría legalizar la actividad. “Por lo menos que nos dejen terminar el curso. Un colegio no es solo un edificio: es el lugar seguro de los niños, su rutina, su identidad”, defendió De Haro ante los medios.

Hoy, su futuro queda en manos de los despachos municipales y autonómicos, mientras los alumnos —y sus familias— intentan asimilar el vacío que deja su escuela.