Canal de Isabel II disuelve su filial en México por "falta de actividad prolongada"

El Canal de Isabel II, la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid, culminó el pasado mes de marzo la liquidación de su principal filial en México: Interamericana de Aguas de México (Inamex). El Consejo de Gobierno acordó la disolución de la mercantil, dedicada a la gestión del agua en la zona, por su "falta de actividad" en los últimos años. El procedimiento coleaba desde la época en la que estalló el caso Lezo, todavía pendiente de juicio en la Audiencia Nacional por presunta corrupción en la expansión de la compañía en Hispanoamérica.

El final sobre Inamex, ya formalizado, fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 10 de abril. El acuerdo del Consejo expone tanto los antecedentes de la decisión como los argumentos, aunque no especifica si existe impacto económico u obligaciones pendientes. "Debido a la falta de actividad que de forma prolongada presenta la sociedad Inamex y la falta de previsión de que vuelva a tener actividad alguna, su accionista mayoritario, Canal Extensia América [matriz de las filiales de Canal en América], ha promovido una serie de actuaciones previas tendentes a su disolución y liquidación", dice el BOCM.

El tema fue sometido a debate este miércoles en la comisión de Presupuestos y Hacienda en la Asamblea de Madrid, aunque no se trató y todo derivó en una nueva bronca política. El viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, figuraba en el orden del día, pero informó de forma escrita y no asistió.

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Todos los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, exigieron entonces la suspensión de la sesión, entre críticas de opacidad y dudas por las posibles consecuencias patrimoniales en el Canal de Isabel II. Si bien los portavoces de los grupos deliberaron durante un amplio receso para decidir qué hacer, no hubo aplazamiento por la negativa del PP, que defendió que no existía obligación de representación del Ejecutivo. Fuentes de la Consejería de Presidencia y Administración Local reiteran el mismo argumento y detallan que comunicó la información previamente. La oposición en bloque abandonó la sala tras la falta de acuerdo.

Plan de "desinversión"

La disolución de Inamex, participada por Canal de Isabel II en un 66,72%, encaja en la política de "desinversión" anunciada hace meses por el consejero delegado de la empresa, Mariano González Saéz. El directivo, como informó El Confidencial, explicó en febrero durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que la compañía prevé deshacerse de sus filiales en América y España si se da la oportunidad, tras años de pérdidas millonarias y ajustes contables. "Si existe la posibilidad de iniciar un proceso de venta, se iniciará ¿La dificultad? Si paquetizar todo o venderlo por partes. Y en eso estamos, analizando", dijo González Sáez.

La empresa pública madrileña inició el procedimiento sobre Inamex hace años, en pleno caso Lezo, pero no pudo culminarse hasta ahora. El acuerdo del Consejo de Gobierno publicado en el BOCM recuerda que no es una cosa sencilla, al estar constituida y domiciliada en el extranjero.

"No se rige por la legislación española, sino por la legislación de los Estados Unidos de México y, en consecuencia, los actos relativos a su disolución y liquidación deberá regirse por las normas vigentes dicho país", subraya, tras indicar que la mercantil mexicana se dedica a la "realización de actividades relacionadas con el ciclo integral del agua, inversión y operación de empresas que presten servicios públicos de aducción y saneamiento, así como prestación de servicios de consultoría, asistencia técnica y prestación de servicios conexos o complementarios que apoyen su actividad principal".

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El proceso de "desinversión" de Canal de Isabel II afecta potencialmente a todas las filiales, desde Lanzarote a Brasil. Y la realidad es que la situación, de forma generalizada, es crítica y sin ninguna perspectiva de mejora.

En Brasil, donde operan empresas bajo sospecha como Emissão, en el último ejercicio hubo un agujero económico de casi 50 millones de euros, más otros 29 millones de pendientes de cobro. En Lanzarote, con pérdidas acumuladas por encima de 60 millones, persistían otros 147 millones de euros de un préstamo no abonado. En Colombia o República Dominicana el montante total alcanzaba los 10 millones.