Ayuso activa la vía judicial por la 'ley Bolaños' y prepara ya el séptimo recurso contra Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha activado la vía judicial frente a la conocida como 'ley Bolaños'. El Ministerio de Justicia ha ignorado el requerimiento de la Comunidad de Madrid sobre los costes asociados a la norma de eficiencia de la Justicia, sin dar respuesta en un mes, y el Gobierno autonómico prepara un nuevo recurso en el Tribunal Supremo. Con este escrito, que se presentará próximamente, son siete los procedimientos abiertos contra Pedro Sánchez en los tribunales esta legislatura.

Fuentes del departamento regional de Justicia detallan a El Confidencial que los letrados de la Comunidad de Madrid ya trabajan en el recurso contencioso-administrativo, tras llegar al 10 de mayo sin contestación, aunque no hay una fecha prevista. El plazo para ejecutar esta acción comenzó ese día y la intención es que se formalice lo antes posible.

La base del escrito, como avanzó Ayuso hace diez días, es que las comunidades autónomas van a ciegas y no cuentan con ninguna financiación. "Los presidentes autonómicos no somos meros ejecutores de planes del Gobierno, tenemos una responsabilidad, somos también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan", dijo la dirigente del PP, durante el acto de presentación de la futura Ciudad de la Justicia de Valdebebas (Madrid).

El Gobierno autonómico insiste en que el ministerio que encabeza Félix Bolaños no ha dado ningún detalle sobre los costes derivados de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, que reclama financiación de la Administración central, calcula que el desarrollo de la norma tendrá un impacto de 43 millones de euros en las arcas madrileñas.

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Ayuso lanzó un ultimátum el pasado 5 de mayo. La presidenta autonómica advirtió al Gobierno que si en cinco días no detallaba los costes de la norma, acudiría al Supremo. Cumplido el plazo, un mes después de registrar un requerimiento formal el 10 de abril, dará el siguiente paso. "Si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más", dijo entonces sobre los supuestos efectos de la ley, señalada como un instrumento para controlar el Poder Judicial. "Disfrazada de palabras mágicas como modernizar o simplificar, hay un nuevo caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes", añadió.

Siete recursos en dos años

El contencioso-administrativo en marcha será el séptimo recurso frente a Sánchez en los dos años de legislatura. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por un lado, ha interpuesto ya tres solicitudes de inconstitucionalidad por distintas normas. Uno ante varios preceptos de la ley de vivienda, otro contra la amnistía y un tercero por el Real Decreto que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados.

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A estos hay que sumar otros dos conflictos positivos de competencia en el Constitucional, admitidos a trámite y pendientes de sentencia. El primero, de enero de 2024, remite a una presunta invasión de competencias en el contrato del Ejecutivo para la acogida de menores tutelados; mientras que el segundo se refiere a los planes para instalar una placa en la Real Casa de Correos como "lugar de memoria" por su pasado como Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

El último movimiento en los tribunales anunciado oficialmente fue a principios de este mes, sobre el llamado cupo catalán. La Comunidad de Madrid presentó otro recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al considerar que la condonación de la deuda a Cataluña ignora a las Comunidades Autónomas y vulnera el principio de igualdad entre regiones. Fuentes de la Consejería de Justicia explican que se presentó en la Audiencia por tramitarse a través del Consejo de Ministros.

La batalla judicial, no obstante, es de ida y vuelta. El Constitucional también admitió a trámite dos recursos del Gobierno de Sánchez, uno sobre la ley trans de Madrid (anulada en parte) y otro sobre su negativa a declarar la Casa de Correos como "lugar de memoria". La legislatura pasada también hicieron lo propio y el Ejecutivo autonómico abrió cerca de una decena de procedimientos, con litigios por los cierres perimetrales durante la pandemia del covid o el reparto de fondos europeos, entre otros.