Ayuso perfila la universidad como el siguiente escenario de batalla frente a Sánchez

La universidad ocupa ya un lugar privilegiado en el centro de la bronca política. El presunto trato de favor a Begoña Gómez en la Complutense o las críticas del Gobierno a la privada han alimentado un caldo de cultivo propicio para que Madrid abra un nuevo frente contra Moncloa. Isabel Díaz Ayuso lo evidenció este lunes con las líneas generales de la nueva ley autonómica de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que entre otras cuestiones, enmienda el Real Decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para limitar la creación de centros privados.

Ayuso desgranó los detalles de la futura norma con los rectores de todas las universidades públicas madrileñas sentados frente a ella. La presidenta regional presumió de consenso, pese a que los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo, y presentó el modelo de Madrid frente a la "ingeniería social" de Sánchez. "No busca más que una pretendida lucha de clases y un enfrentamiento al peso", dijo en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde acusó al Gobierno de no afrontar los "problemas reales" de la educación pública.

La izquierda en Madrid había situado la educación como el principal caballo de batalla. Más Madrid y el PSOE estaban convencidos de que la infrafinanciación de las universidades y el caso FP mutarían en una crisis similar a la de la sanidad durante la legislatura pasada. Pero la realidad es que, de momento, Ayuso ha tomado la delantera. El Ejecutivo autonómico incluso prepara un recurso judicial contra el decreto de Sánchez sobre los centros privados por presunta invasión de competencias y por quebrantar varios preceptos de la Constitución, entre ellos la libertad de empresa y de cátedra. "Se inventan hasta los requisitos", criticó la dirigente popular en alusión al mínimo de 4.500 estudiantes en cinco años.

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Sol también hace meses que ubicó la educación y las universidades como una prioridad en la agenda política. Especialmente tras el escándalo de Begoña Gómez y su cátedra en la Complutense, desvelado por El Confidencial. El PP impulsó una comisión de investigación en la Asamblea destinada a profundizar en las presuntas irregularidades e insistir en el desgaste del presidente del Gobierno. Las conclusiones del partido apenas difieren de los datos ya conocidos y bajo investigación judicial, pero la maniobra ha servido para alimentar la estrategia contra Moncloa, sobre todo el día que la mujer de Sánchez acudió a la Cámara de Vallecas.

"Compra" de títulos

Los últimos movimientos de Sánchez y algunos de sus ministros han espoleado la estrategia de Madrid. María Jesús Montero fue la primera en cuestionar la credibilidad de las universidades privadas, calificándolas como una "amenaza" para la clase trabajadora. "No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar", declaró la vicepresidenta en un mitin.

Sánchez, en la misma línea, anunció en marzo un decreto para endurecer la creación de nuevos centros: "Debemos hacer mucho más para proteger y fortalecer nuestro sistema universitario, todas las administraciones con competencias en este ámbito lo deberían hacer. Pero es verdad que hay una inacción de unos, o una gestión irresponsable de otros o también deliberada de otros tantos. Pero no les quepa duda de que desde el Gobierno de España vamos a actuar", aseveró.

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La respuesta ha sido inmediata. El Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde la semana pasada a convertir el Instituto de Empresa en una universidad privada más y este lunes presentó la futura ley de Universidades. La LESUC, que previsiblemente será aprobada a finales de año, ahonda en las titulaciones de dudosa credibilidad. La norma prohibirá aquellos estudios que incluyan docentes sin cualificación adecuada y se dotará a las escuelas de negocio de rango universitario, con un nuevo marco legal que garantice unos estándares mínimos de calidad. El texto, además, incluirá la obligación de que los centros informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.

El rechazo al decreto de universidades de Sánchez trasciende de Madrid y otras comunidades del PP también han expresado su malestar e intención de acudir a los tribunales. La misma reacción que el PNV, uno de los socios del Ejecutivo, alertando también de una presunta invasión de competencias. "Cuando el Gobierno español haga un decreto invasivo como el decreto de universidades lo diremos también claramente, porque no estamos sometidos al Gobierno español", espetó el nacionalista Aitor Esteban.