Semana de penitencia de Ayuso en el TC: golpe a la ley LGTBI y "memoria democrática" en Sol

El Gobierno de la Comunidad de Madrid vivió esta semana su particular estación de penitencia. El Tribunal Constitucional (TC), presidido por Cándido Conde-Pumpido, brindó un espaldarazo a Pedro Sánchez en la pugna que mantiene con Isabel Díaz Ayuso y resolvió a su favor en dos asuntos de gran carga política. El tribunal dio la razón al Ejecutivo central y anuló parte de la ley LGTBI autonómica apenas 24 horas después de admitir a trámite el recurso sobre la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, para declararlo como "lugar de memoria" por su pasado franquista como Dirección General de Seguridad.

El Constitucional dirime ya sobre los últimos choques institucionales entre Sol y Moncloa. La Comunidad de Madrid presentó varios recursos por presunta invasión de competencias en temas como el reparto de los menores extranjeros no acompañados o la instalación de una placa en la Casa de Correos. Y el Gobierno central, como en un partido de tenis, hizo lo propio y acudió al tribunal porque considera inconstitucionales los cambios de Ayuso en la Ley Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual y para aplicar la Ley de Memoria Democrática en la sede autonómica.

Sánchez, de momento, ha encontrado un aval en el TC. El tribunal atendió, por 11 votos a favor y uno en contra, el escrito presentado por la Presidencia del Gobierno y anuló parte de los cambios introducidos en la norma, aprobada en 2016 por Cristina Cifuentes.

El precepto impugnado, como informó este periódico, apuntaba a la necesidad de corregir algunos "excesos" de la redacción original del texto para “evitar que la causa de la igualdad ante la ley y la no discriminación se convierta en un instrumento de ingeniería social”. Esto afectaba a la posibilidad de que entidades u organizaciones se personaran como parte en procesos penales y como interesadas en procedimientos sancionadores sobre situaciones de discriminación previstas en la norma.

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El TC considera que la reforma legislativa de Ayuso invade las competencias del Estado y, por tanto, es inconstitucional. “La regulación de la condición de interesado en el procedimiento forma parte del núcleo del régimen del procedimiento administrativo común cuya regulación corresponde al Estado", dicen los magistrados, y añaden; "Y ello porque ninguna cuestión más decisiva puede haber, en punto a establecer ‘las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento’, (…) que la relativa a la definición del concepto de interesado, esto es, de sujeto habilitado para ser parte en las relaciones jurídicas de carácter procedimental entabladas con la administración”.

Memoria Democrática

El fallo sobre la conocida como ley LGTBI se hizo público el miércoles, solo un día después de que trascendiera que el Constitucional admite a trámite por unanimidad el recurso sobre la Real Casa de Correos, suspendiendo de forma cautelar el blindaje impulsado por Ayuso. El Pleno del TC atendió la solicitud del presidente del Gobierno sobre el artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que se refiere a temas relacionados con la protección del edificio de la Puerta del Sol y la posible instalación de placas o distintivos.

Sánchez, a través del departamento de Memoria Democrática, quiere declarar la sede del Ejecutivo autonómico como un "lugar de memoria democrática" por la "represión" y "tortura" ejercidos en sus calabozos durante el franquismo, coincidiendo con los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador. En el escrito, presentado por la negativa de Ayuso a atender su propósito, alega que la ley madrileña incumple las competencias estatales e incurre en una supuesta inconstitucionalidad porque va en contra de la "regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".

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La suspensión cautelar de la norma autonómica, sin embargo, no da carpetazo al asunto. Todo lo contrario. En primer lugar, porque el propio Tribunal Constitucional también admitió a trámite la semana pasada un recurso de la Comunidad de Madrid por invasión de competencias, que alegó que al no ser un edificio de titularidad estatal el Gobierno no tiene ninguna potestad para instalar nada. Y segundo, porque Ayuso va a litigar y batallar hasta el final por esta cuestión.

En Sol consideran que la placa es solo un pretexto para confrontar con Madrid y desviar la atención sobre los casos de presunta corrupción que cercan a su entorno. También un intento "espurio" para "dinamitar la Transición y dividir a los españoles".

La presidenta autonómica envió una carta al ministro Ángel Víctor Torres, responsable en la materia, afeándole la maniobra y advirtiéndole de que no habrá ninguna placa a corto plazo. "Es irrespetuosa con la Historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y concordia, con celebraciones muy queridas, y con hechos heroicos, y no con división y enfrentamiento elegidos con amnesia selectiva con afán manipulador", dijo Ayuso en la misiva. Aunque no habrá representación del Gobierno central en los actos del Dos de Mayo, este y otros enfrentamientos, como la supresión del desfile militar, marcarán el día grande de la Comunidad de Madrid.