Dávila: "Cataluña solo ha creado 5 plazas para menores extranjeros en dos años. Madrid, 362"

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales es una especie de Santa Bárbara, de la que uno solo se acuerda cuando truena. Y esa es la sensación de Ana Dávila-Ponce de León (Madrid. 1976), responsable del área en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El balance que hace de los dos primeros años es positivo, aunque prácticamente todo el trabajo ha quedado eclipsado por la crisis migratoria que afecta a la Comunidad de Madrid y al resto de regiones de España, especialmente ahora, ante el reparto inminente del Gobierno de miles de menores extranjeros no acompañados, los denominados menas.

La consejera madrileña atiende a El Confidencial en plena marejada por el acuerdo entre Pedro Sánchez y Junts y sin haber recibido aún ni una instrucción o detalle por parte del Ejecutivo central. Dávila explica que el departamento que dirige ya trabaja en los protocolos para acoger a los 800 menores que supuestamente le corresponden, pero advierte que la capacidad de Madrid ha llegado al límite y que la "sobreocupación" de los centros de primera acogida es total. La fórmula del Gobierno, asegura, es "inventada" y premia a Cataluña pese a no haber hecho los deberes. No descarta habilitar nuevas instalaciones.

PREGUNTA. ¿En qué punto está la acogida de los más de 800 menores?

RESPUESTA. Lo primero que hay que aclarar es el contexto en el que hemos conocido esas cifras. Viene de un acuerdo de Junts con el Partido Socialista que va a perjudicar a Madrid y a las comunidades autónomas con unos criterios absolutamente arbitrarios para proceder a un reparto que además es ilegal. Hemos recurrido al Tribunal Constitucional ese real decreto, que tiene unos criterios de reparto que no están acordados en la conferencia sectorial ni con las comunidades autónomas, cocinados desde Waterloo por un prófugo de la Justicia que evidentemente lo que pretende es tener al presidente del Gobierno de España atado y que el presidente del Gobierno accede con tal de mantenerse en el poder.

P. ¿Qué información han recibido por parte del Gobierno de Sánchez?

R. No tenemos información por parte del Gobierno de cuál es la planificación que tiene. Lo único que sabemos es lo que hemos visto en los medios de comunicación. Y por otro lado, con una fórmula inventada. No hay un esfuerzo mayor por parte de Cataluña sobre Madrid, al contrario. Desde que comenzó esta crisis, Cataluña solo ha creado 5 plazas para menores extranjeros en dos años, según tiene colgado en su propia página web. La Comunidad de Madrid, 362.

Consideramos que es un reparto absolutamente ilegal que invade competencias de las comunidades autónomas y vulnera los derechos de estos menores por repartirlos bajo criterios arbitrarios. Lo que le seguimos pidiendo al Gobierno de España es que tenga un plan para todas estas personas que llegan a nuestro país, jugándose la vida por la ruta más peligrosa, por la ruta a Canarias. Ya son unas 10.000 personas, entre ellas menores, las que han perdido la vida. Y ya va muy tarde porque ya son muchos meses, casi año y medio de crisis migratoria, que está afectando a estas personas que reparten y que luego dejan abandonadas a su suerte.

P. ¿En qué situación está la Comunidad de Madrid?

R. Nuestros centros ya están sobreocupados y tensionados. Venimos alertando desde hace mucho tiempo que con esta llegada, con estos repartos disimulados que está haciendo el Gobierno, con esta falta de control por ejemplo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, estamos sufriendo un sobretensamiento de los centros que está poniendo en riesgo el propio sistema de protección y también a los propios profesionales.

Eso es lo que nos ha llevado a poner en marcha un nuevo centro en La Cantueña, que hemos visto que ha tenido el rechazo más absoluto del alcalde socialista de Fuenlabrada, algo que nos llama la atención, cuando por la mañana se levanta solidario y por la tarde se pone un poco xenófobo en contra de este centro. Tenemos que valorar si se produce este reparto obligatorio y ampliar ese centro, que ahora mismo es el único que tiene cierta capacidad de elasticidad. Estamos estudiando otras ubicaciones para poderles atender en el caso de que se produzca.

"Estamos estudiando otras ubicaciones para poderles atender [menores no acompañados] en el caso de que se produzca"

P. Atendiendo a los recursos disponibles, ¿cuántos menores podría acoger la región en este momento?

R. La realidad es que ninguno. No tenemos capacidad real ahora mismo para atender a más menores de los que están llegando. Como hemos alertado durante todos estos meses, se está produciendo una llegada sin precedentes. En todo el año 2024 atendimos a 2.442 menores extranjeros no acompañados y en el primer trimestre que llevamos de 2025 ya hemos atendido 1.028 menores.

He escrito, por ejemplo, al ministro Marlaska para pedirle que ponga visados de control en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Con bastante demora, al final lo ha acabado teniendo que hacer, pero no lo hace para todos los países, con lo cual la llegada se sigue produciendo y también esos traslados disimulados que hace el Gobierno de España a los campamentos que tiene instalados en Alcalá de Henares y en Carabanchel, donde también está llevando a menores. Ahora mismo no tenemos capacidad para atender a más menores.

P. ¿Cuál es el perfil de los menores que está llegando a la Comunidad de Madrid?

R. Es un perfil que está cambiando, mucho más complicado. Se lo hemos trasladado al Gobierno de España en varias ocasiones, para que tenga en cuenta también que nos tiene que informar de cuál es el perfil que traslada para que podamos adaptar los recursos y lo podamos tener en cuenta en el sistema de protección de los menores.

Vemos que es un perfil en muchos casos mucho más complicado, con graves consumos de drogas, con mucha manipulación por parte de las mafias que los traen. Y que además hay que tener en cuenta que son víctimas de esas mafias, que son presos de esas mafias y que a través del consumo de drogas y a través de esa manipulación producen un deterioro en la integración. Por eso la Comunidad de Madrid ha adoptado la decisión de trasladar los informes sobre los chicos que no se adapten y sobre el interés superior del menor, para que la Delegación del Gobierno, que es la que tiene por ley las competencias en la reunificación familiar, lo haga bajo ese interés superior del menor.

P. ¿Han identificado que se cuelan mayores de edad entre estos menores?

R. La determinación de la minoría de edad viene certificada por la Fiscalía. Y es la Fiscalía quien inicia el procedimiento y quien la cierra. Nosotros en nuestros hospitales hacemos las pruebas y hemos intensificado el trabajo para determinar las pruebas, pero la Fiscalía tiene su colapso porque el volumen de menores que llega es mucho mayor. Es cuestión de que el ministro de Justicia ponga más recursos.

P. Vox, que exige la expulsión de los menores, cifra en 178 euros el coste diario de esta asistencia. ¿Qué partida destinan?

R. Los menores, en su inmensa mayoría, vienen a integrarse. Y la gran mayoría, a los 21 años, ya están independizados, con su trabajo e integrados. El problema no son los menores, el problema es Sánchez. Hablar de un precio, por así decirlo, me parece un poco sórdido. Me gusta hablar de cuáles son las características de los menores de todo el sistema.

Cada menor tiene sus características, su trayectoria de vida, sus necesidades y luego cuestiones físicas, cognitivas o fisiológicas que hay que atender, como una discapacidad o un consumo de drogas. Situaciones que también le recordamos al Gobierno, como que no es lo mismo una comunidad autónoma u otra. Es importante tener en cuenta que lo que dice Vox es un tema más político, hay una obligación legal de atender a estos menores. Cuando Vox gobernaba en las comunidades autónomas atendió a más de 550 menores… Sabe que es una obligación legal, pero también es una obligación moral.

P. La consejería está inmersa también en el cambio del modelo de residencias. ¿Cuál va a ser la nueva filosofía y qué previsiones manejan?

R. Bajo el nuevo modelo de Atención Social estamos trabajando en mejorar, con indicadores de calidad, toda la atención a las personas que están en nuestras residencias, tanto mayores como personas con discapacidad. Ese modelo se basa en la libre elección y también en que puedan desarrollar su plan de vida como ellos desean. En la Comunidad de Madrid van a tener el modelo de hogar, de cercanía, de atención centrada en la persona. Van a estar estructurados en unidades de convivencia con un número reducido de residentes, con una persona de referencia, para que puedan revisar su plan de vida, de rehabilitación o de envejecimiento como ellos deseen.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en el Debate sobre el Estado de la región 40 nuevas residencias y 40 centros de día, bajo un modelo de colaboración público privada de construcción y de gestión. Un modelo ágil. Pero además, sobre todo, lo que nos interesa es que es un modelo que genera la mayor satisfacción de los usuarios. Ya tenemos un modelo previo que hemos mejorado aún más.

P. Una de las grandes apuestas es el plan contra las drogas, con un foco especial en la juventud. ¿Se ha banalizado el consumo y ha provocado un aumento entre los jóvenes?

R. Los datos nos dicen que hay más consumo. La presidenta nos pidió que nos pusiésemos en marcha y trabajar en un plan regional que abarca a todas las consejerías para concienciar y para informar también de cuáles son las repercusiones que tiene el consumo de drogas y para atajar ese consumo. En nuestro caso, con talleres de prevención del cannabis. Desde luego yo considero que se ha banalizado. Me asusté mucho cuando vi que la página web del Ministerio de Sanidad hay un folleto donde dice que tengas un dealer de confianza; es decir, un camello. Para un joven es devastador.

P. El Ejecutivo también ha desplegado un importante plan para el fomento de la natalidad. ¿Cuál es el balance?

R. El principal balance es que hemos conseguido revertir el dato negativo de nacimientos para convertirlo en un dato positivo. Es un plan muy ambicioso que tiene una inversión de 4.800 millones de euros que abarca las necesidades que puedan tener las mujeres y los padres a la hora de formar una familia. Hemos puesto en marcha una ayuda de 500 euros al mes para mujeres menores de 30 años desde la semana 21 de embarazo hasta que el bebé cumple dos años y también hemos incorporado ayudas para partos o adopciones múltiples. La gratuidad de cero a tres años, la apertura de los centros escolares en días no lectivos o en horas lectivas, la apertura de las actividades extraescolares a todos los alumnos y no alumnos de ese centro para ayudar a conciliar. No es solo fomento de la natalidad, es para que las madres y los padres puedan conciliar.