La comisión Begoña en Madrid concluye que hubo desvío de fondos y apropiación del software

La conocida como comisión Begoña en la Asamblea de Madrid ha echado el cierre con la conclusión de que hubo desvío de fondos públicos para beneficio de la mujer de Pedro Sánchez y que esta se apropió del software creado sin ánimo de lucro por varias empresas para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El PP y Vox han aprobado este miércoles la propuesta del dictamen sobre la comisión de investigación tras varios meses de comparecencias, que en líneas generales han girado en torno a las diligencias del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que instruye la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

El dictamen, que se elevará a la Mesa de la Asamblea este viernes para su calificación, contiene las conclusiones del PP sobre las presuntas irregularidades en la Universidad Complutense y el supuesto trato de favor a Begoña Gómez. Los populares, con mayoría en la Cámara autonómica, consideran que la Cátedra de Transformación Social Competitiva fue creada ad hoc por orden de la Moncloa para un "interés personal".

"Una cátedra creada para un interés personal, una figura sin cualificación colocada en el centro de la vida académica, recursos públicos desviados, normativas vulneradas y silencio desde la presidencia del Gobierno. Frente a esto, la Asamblea de Madrid ha constatado que sí existen responsabilidades políticas y que el uso partidista de nuestras instituciones educativas debe tener un freno. Lo ocurrido con la Cátedra de Begoña Gómez no puede repetirse. El prestigio de la universidad pública y la confianza ciudadana en las instituciones están en juego", señala el documento aportado por el PP y que ha respaldado Vox.

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La comisión de investigación, en realidad, ha insistido en las presuntas irregularidades desveladas por El Confidencial y ya judicializadas. Es el caso de la apropiación indebida del software elaborado por Indra, Telefónica y Google, o la implicación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, que supuestamente participó en las actividades privadas de Begoña Gómez. "El objetivo de esta cátedra era poner en marcha el desarrollo de una plataforma tecnológica que, a la luz de la información aportada por las empresas colaboradoras, podría estar valorada en más de 423.000 euros. Esa plataforma se desarrolló, se entregó, tuvo un seguimiento semanal por parte de la señora Gómez", añade el escrito.

La última sesión de la comisión de investigación se celebró este miércoles a puerta cerrada y con la nueva ausencia del PSOE. Los socialistas, que han calificado de "basura" la comisión, sí han presentado sus propias conclusiones y han determinado que no hubo ninguna irregularidad en la Complutense. El dictamen final, que será aprobado con total seguridad por la Mesa de la Asamblea, se enviará después a la Fiscalía y al juzgado.

Fondos públicos

La conclusión es que hubo un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno para las gestiones relacionadas con la cátedra, incluyendo recursos propios del Ejecutivo, y una presión hacia empresas privadas para que se involucraran en el proyecto. "Tenemos muy claro que no solo hubo irregularidades, sino que también hubo presiones a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la cátedra, además de un uso ilegítimo de los recursos públicos con el beneplácito y la injerencia silenciosa del presidente del Gobierno y del Gobierno de España", declaró este miércoles la portavoz del PP en las sesiones, Mercedes Zarzalejo.

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La investigación ha echado el cierre tras varios meses de polémicas y un total de 17 comparecencias. La realidad, no obstante, es que buena parte de las declaraciones fueron exactamente iguales que las ya formuladas ante el juez. Y otras, directamente, no aportaron nada porque se acogieron a su derecho a no contestar a las preguntas. Es el caso de la principal implicada, Begoña Gómez, y la asesora Cristina Álvarez. El presidente del Gobierno fue citado, pero no acudió porque no está obligado.

La imagen de la Complutense, que era uno de los argumentos del PP para impulsar la comisión, también consta en la propuesta de dictamen. "Ha habido un uso ilegítimo de la universidad pública, una de las más reconocidas en la Comunidad de Madrid, para conseguir, como fin último, la creación de un negocio", reiteró Zarzalejo.