Los tribunales cercan a cuatro miembros de la ejecutiva de Óscar López en el PSOE-M

Causas abiertas en varios juzgados de Madrid salpican ya a la nueva ejecutiva de Óscar López en el PSOE-M. Los tribunales investigan presuntas irregularidades y corruptelas en ayuntamientos gobernados por socialistas que ahora integran el equipo del antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. El cerco se estrecha en torno al actual alcalde de Parla, Ramón Jurado, y los exalcaldes de Móstoles y Alcalá de Henares, David Lucas y Javier Rodríguez Palacios, por contrataciones supuestamente fraudulentas durante la pasada legislatura y la presente. También sobre el papel de Pilar Sánchez Acera, número dos del partido en la región, en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez Acera está implicada en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La nueva secretaria de Organización del PSOE-M está señalada porque fue quien envió a Juan Lobato el correo electrónico que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, había enviado a la Fiscalía días antes. Lobato, como ha venido informando este diario, mostró ciertas dudas por la procedencia de esta información y preguntó cómo había llegado, pero ella insistió. "Porque llega, la tienen los medios", respondió Sánchez Acera para descargar cualquier tipo de responsabilidad suya y de su entorno. El 12 de marzo, cuando declaró como testigo, insistió en exculpar a Moncloa.

El resto remite a la gestión de algunos de los municipios más grandes de Madrid por número de población. El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles investiga un presunto fraccionamiento de contratos durante el gobierno de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y responsable del mismo área en el PSOE regional. Las diligencias abarcan tanto su mandato, entre 2015 y 2018, como el de su sucesora, Noelia Posse, que estuvo en el cargo hasta 2023. Hasta la fecha hay una treintena de imputados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, aunque Lucas no figura entre ellos de momento.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía investiga ya los contratos menores del PSOE en Parla y el caso de los encierros

Ignacio S. Calleja

Sí lo están Posse y algunos de los colaboradores y concejales de Lucas, implicados directamente en la adjudicación de contratos de la trama. Es el caso de Patricia Durán, que ejerció como responsable de Comunicación en el Ayuntamiento de Móstoles entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Si bien fue citada inicialmente en calidad de testigo, la juez que instruye la causa cambió su situación procesal a investigada por su “participación en los contratos menores suscritos [por el Ayuntamiento de Móstoles] a favor de [la compañía] Divisa IT desde 2015 a 2018”.

Durán, como informó El Confidencial, también colaboró con el PSOE en la campaña de las últimas elecciones generales y ha acompañado a Begoña Gómez en algunos actos públicos, aunque desde el partido no han especificado cuál era su función específica.

Contratos fraccionados

Otra imputada en la causa es Jéssica Antolín, actual jefa de gabinete del alcalde de Parla y entonces concejal del PSOE y presidenta de la empresa pública Móstoles Desarrollo. Un informe de la UCO incorporado a la investigación sitúa esta entidad como una especie de intermediario para entregar a dedo los servicios. La propia Antolín declaró que recibió presiones de Noelia Posse para entregar 70.000 euros a dos medios propiedad del empresario David Z.V., que finalmente resultó beneficiario de medio centenar de adjudicaciones, por valor de 529.320,31 euros.

Parla, no obstante, tiene su propia polémica. La Fiscalía investiga el abuso de los contratos menores en el ayuntamiento, sin publicidad ni concurrencia, tras una denuncia de un particular que señala a Ramón Jurado, vocal en la ejecutiva del PSOE-M, y a varios de sus concejales. El escrito presentado cita distintas informaciones de El Confidencial, como los informes de la Intervención municipal sobre estas adjudicaciones, donde advertía de un posible fraude de ley, y la tramitación de los últimos encierros de la localidad, en cuyo expediente consta una oferta presuntamente fraudulenta. El caso no se ha judicializado aún.

TE PUEDE INTERESAR

Imputada por fraccionar contratos una asistente del PSOE que acompañó a Begoña Gómez (y ahora nadie conoce)

José María Olmo

El mapa de la presunta corrupción del PSOE en la Comunidad de Madrid se cierra en Alcalá de Henares, con las pesquisas del Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró el pasado mes de enero la Ciudad Deportiva del municipio ante los indicios de delito cometidos durante las dos últimas legislaturas, cuando Javier Rodríguez Palacios era alcalde y presidente del organismo bajo sospecha.

Los investigadores creen que hubo irregularidades en las contrataciones y nombramientos del ente público. Rodríguez Palacios, con escaño en el Congreso y coordinador del grupo de diputados socialistas de Madrid en la Cámara Baja, tampoco ha sido imputado hasta la fecha. La causa persigue una supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación.