Centro de acogida La Cantueña (Fuenlabrada): "No queremos que esto sea un Canarias 2.0"

La situación del centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, se ha convertido en el centro del debate político y social en la Comunidad de Madrid. La reciente aprobación del pacto sobre menores inmigrantes no acompañados (MENA) procedentes de Canarias, anunciada por Junts tras un acuerdo con el PSOE, ha avivado la polémica y generado una oleada de reacciones en la localidad. Madrid pretende llevar el reparto a los tribunales europeos, ya que considera injusto que alrededor de 700 menores (más de 800 según otros cálculos) sean enviados a Madrid, mientras que solo una treintena sean acogidos en Cataluña.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, presidido por el socialista Javier Ayala Ortega, ha manifestado su firme oposición al modelo propuesto por Díaz Ayuso. En declaraciones a El Confidencial, fuentes del ayuntamiento han subrayado que "no queremos un Canarias 2.0. El modelo que se está imponiendo solo crea más problemas y no soluciona nada" y critican que la masificación del centro fomenta la creación de "guetos", en lugar de facilitar la integración de los menores. "Nos están usando para sus peleas políticas y, mientras tanto, los vecinos somos los que tenemos que asumir las consecuencias", señala Juan Carlos, vecino del polígono industrial Cobo Calleja.

"El Ayuntamiento de Fuenlabrada solo ha optado por ir a juicio"

Mientras, desde el PP hablan de "imposición del Gobierno" y aseguran no tener ningún tipo de información de las cifras que han 'cocinado' y pactado entre Junts y el PSOE. Luis, comerciante del mismo polígono industrial, también critica la situación: "Fuenlabrada siempre acaba siendo el sitio donde meten todo lo que no quieren en otros municipios. ¿Por qué no los reparten en otros sitios? Aquí nadie nos ha preguntado nada".

La ausencia de información por parte del PSOE sobre la cantidad exacta de menores que ya han llegado y los que podrían seguir llegando refuerza la sensación de descontrol y alimenta la incertidumbre. "Si esto sigue así, La Cantueña se convertirá en un macrocentro sin recursos suficientes para atender a los chicos. Esto no es integración, es simplemente apartarlos y hacernos cargo nosotros", advierte un vecino del barrio de El Arroyo.

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A. Farnós

El consistorio de Fuenlabrada acusa de falta de comunicación a la Comunidad de Madrid y denuncian que han intentado sentarse a dialogar sin éxito. Insisten en que el Gobierno regional no les ha informado y que la situación sigue judicializada en dos frentes, con un juez investigando si la cesión del espacio donde se levantó La Cantueña a la Comunidad de Madrid fue utilizada bajo los términos originalmente pactados. Mientras tanto, desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid critican la postura del Ayuntamiento de Fuenlabrada y aseguran que su única respuesta ante este problema ha sido recurrir a los tribunales. "El Ayuntamiento no ha querido hablar ni proponer soluciones, solo ha optado por ir a juicio, en vez de sentarse a dialogar con nosotros", apuntan a El Confidencial. El conflicto sobre La Cantueña sigue sin resolverse y el Ayuntamiento de Fuenlabrada insta ahora a la Comunidad de Madrid a dialogar con la Federación de Municipios para buscar una solución.

Acceso denegado

La Cantueña se encuentra en medio de un polígono industrial, en un lugar que anteriormente albergaba un centro medioambiental de Fuenlabrada. La ubicación exacta no aparece en Google Maps y solo se puede llegar mediante un camino restringido a vehículos autorizados, recorriendo aproximadamente 500 metros hasta la entrada.

En las inmediaciones se puede observar la entrada y salida de personas, algunas de ellas de diversas procedencias. Un trabajador del centro, en declaraciones a El Confidencial, asegura que la instalación está funcionando al 100% de su capacidad, con una ocupación de 96 menores. Por su parte, fuentes oficiales de la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que la ocupación del centro no está al cien por cien.

En el centro, reina el silencio. Tres mujeres salen acompañadas por dos hombres del personal de seguridad. No quieren dar su identidad ni ninguna información sobre la situación que se vive dentro de La Cantueña y remiten cualquier consulta a la Consejería. Desde el centro se pide no mantener contacto con los menores acogidos, aunque no ha habido interacción con ellos. El 31 de marzo, cada CCAA debe haber comunicado al ministerio el número de menores que tiene acogido, así como las plazas de que dispone. En el entorno de La Cantueña, de momento, el silencio y la lucha política solo genera incertidumbre.