Ayuso pasa a la ofensiva contra la izquierda por las cifras y muertes del covid cinco años después

El quinto aniversario de la pandemia del covid-19 ha espoleado a Isabel Díaz Ayuso frente a la izquierda y su relato sobre lo ocurrido entonces. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicado un informe donde trata de desmentir las cifras de mortalidad en las residencias de mayores, a un día del estreno del documental '7291' en La 2 y el canal 24 horas (22 horas), y reivindicar el trabajo del Ejecutivo autonómico frente a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa durante los días más críticos de la tragedia.

"En el quinto aniversario de la pandemia del covid-19, cuando todos deberíamos dedicar nuestro esfuerzo en ocuparnos de las víctimas, animar a quienes más han sufrido y decirles la verdad de lo ocurrido, el Gobierno central y la izquierda están empeñados en todo lo contrario: utilizar el dolor para sus intereses políticos", arranca el escrito. A continuación, a lo largo de cinco páginas, el Gobierno madrileño contrapone su versión y expone sus propios datos sobre la crisis del coronavirus.

El informe, que califica el documental de "engañoso" y acusa a sus productores de exhibir una versión "sesgada y politizada" contra la región, carga contra toda la izquierda por crear un "tribunal popular" para juzgar lo ocurrido en las residencias. Pero dedica especial atención al que era consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, encargado de Políticas Sociales y señalado por el PP como una suerte de caballo de Troya en Sol.

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"El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él", dice el análisis de la Comunidad de Madrid sobre los 7.291 fallecidos que, según la oposición y algunos colectivos de víctimas, hubo durante la crisis del coronavirus.

"Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara. Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición", añade el escrito, en alusión a los protocolos para no derivar a hospitales a los pacientes con cuadros médicos más complejos y que según la Comunidad de Madrid fueron firmados por geriatras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha profundizado en esta cuestión a través de un vídeo difundido en redes sociales, donde asegura que hubo más de 10.000 traslados a hospitales. "Se medicalizaron 232 residencias, se distribuyeron 12 millones de unidades de material sanitario, se llevaron a cabo 11.200 traslados de residentes a hospitales, todos ellos bajo criterios sanitarios", dice Ayuso en la grabación desde la Real Casa de Correos.

60 denuncias archivadas

El Ejecutivo autonómico recuerda que la Justicia ha archivado ya más de 60 denuncias. La respuesta de la izquierda, denuncian en Sol, es la creación de tribunales paralelos para dictar sentencia y acomodar la realidad a su relato. "Ante esta sucesión de varapalos se crea un tribunal popular, autoproclamado en Comisión ciudadana por la verdad, dirigido por destacados miembros o simpatizantes y de la izquierda", continúa el informe, que acusa a esta organización de "construir un relato falso" para sus "intereses partidistas". Entre estos "simpatizantes" señala al doctor Fernando Lamata, que ocupó distintos cargos de responsabilidad pública con el PSOE; el magistrado retirado José Antonio Martín Pallín o María Victoria Zunzunegui, activista vinculada a Unidas Podemos, entre otros.

La emisión del documental '7291' ha provocado un enorme revuelo y ha llevado la bronca política a un nuevo nivel. La respuesta del PP de Madrid ha sido coordinada y tanto los principales espadas del partido, con dirigentes como Alfonso Serrano, o los miembros del Ejecutivo regional han salido a combatir el argumentario de la izquierda. También, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, a través de la declaración pública grabada con su versión sobre la pandemia del coronavirus.

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El análisis de la Comunidad de Madrid resucita el cruce de reproches y acusaciones de aquellos días, mientras fallecían centenares de personas cada día y el país entero estaba confinado en sus casas. El Gobierno de Ayuso pone el foco en la confusión y en las rectificaciones de Moncloa en temas como el uso de las mascarillas, las predicciones erróneas de Fernando Simón, la realización de test masivos o los controles en el aeropuerto de Barajas. También en el uso de informes inexistentes o la manipulación del número de muertos.

"El Gobierno central, con Salvador Illa como ministro de Sanidad –ahora presidente de la Generalitat de Cataluña- se vio superado desde el minuto uno por la pandemia del covid, siempre a remolque de la gestión y de las decisiones aplicadas por la Comunidad de Madrid, primera región en aprobar cierres y restricciones al inicio de la pandemia para salvar vidas. Illa, sin embargo, impuso un mando único con un supuesto comité de expertos que nunca existió. Prohibieron a las comunidades autónomas la compra de material sanitario imprescindible y cuando pudimos hacerlo, incluso criticaron la calidad del material adquirido por la Comunidad de Madrid", subraya.

El informe dedica un capítulo al autobombo y la Comunidad de Madrid presume de algunos hitos como el cierre temprano de centros públicos, la instalación en 72 horas del hospital de campaña en Ifema o la construcción del Enfermera Isabel Zendal, que atendió a más de 10.000 pacientes en la pandemia. "La Comunidad de Madrid luchó contra el covid defendiendo la actividad económica, una medida que atrajo el interés mundial y por la que fue posteriormente reconocida por todo tipo de entidades e instituciones. El Gobierno central cerró Madrid ilegalmente", dice el documento, que además destaca cómo la región fue pionera en iniciativas como el análisis de las aguas residuales para anticiparse a la evolución epidemiológica del virus o la entrega de test de antígenos gratuitos.