El TC admite el recurso de Ayuso contra el Gobierno por declarar la Casa de Correos como "lugar de memoria"
El tribunal admite a trámite el escrito presentado por la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo de Sánchez por presunta vulneración de competencias, al instalar una placa en la sede de la Administración autonómica
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Administración autonómica, como "lugar de memoria" por su pasado como Dirección General de Seguridad durante el franquismo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defiende que esta iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, más allá del sesgo ideológico, supone una vulneración de competencias.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó un escrito hace semanas por presunta invasión de las competencias autonómicas en materia de memoria democrática y patrimonio histórico-cultural, habida cuenta de que el inmueble no es propiedad del Ejecutivo central y, por tanto, no puede tomar ninguna decisión sobre él.
El acuerdo del pasado 16 de octubre de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, expone el recurso, atenta contra el artículo 26.1.1 del Estatuto de Autonomía madrileño, relativo a la “organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”. El Ejecutivo de Ayuso, además, solicitó que fueran declarados inconstitucionales los artículos de la Ley de Memoria Democrática que atribuyen al Estado esta posibilidad.
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El Pleno del Constitucional ha aceptado sin excepciones la ponencia de la magistrada conservadora Concepción Espejel, que proponía admitir a trámite el recurso del Gobierno autonómico. El tribunal, según ha detallado a través de un comunicado, también ha acordado escuchar al Ejecutivo central para que formule las alegaciones qye considere oportunas respecto a la suspensión del citado acuerdo de octubre. "Asimismo, el Pleno ha comunicado la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso Administrativo por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el citado acuerdo, para que se suspenda el curso del proceso hasta la decisión del conflicto", añade.
Cruce de cartas
La instalación de la placa como "lugar de memoria" ha derivado en un nuevo conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central en los tribunales. Tanto Isabel Díaz Ayuso como otros miembros de su Ejecutivo han cargado contra la decisión del ministerio de Ángel Víctor Torres y rechazan de plano que sea declarada como tal.
"Nos oponemos a esta iniciativa que invade las competencias de una comunidad autónoma -la de Madrid, donde está la capital de España- en materia de defensa del patrimonio histórico y es irrespetuosa con la Historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y concordia, con celebraciones muy queridas, y con hechos heroicos, y no con división y enfrentamiento elegidos con amnesia selectiva con afán manipulador", señaló la presidenta autonómica en una carta al ministerio.
Torres hizo lo propio y envió una nueva misiva donde insistía en la necesidad de declarar la Real Casa de Correos como "lugar de memoria" para reconocer a las "personas que lucharon por la libertad y la democracia". "Se encuentran las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos que se produjeron en dicho inmueble cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad del gobierno franquista", alegó el ministro, que también anunció que acudiría al Constitucional por la negativa de la Comunidad de Madrid.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Administración autonómica, como "lugar de memoria" por su pasado como Dirección General de Seguridad durante el franquismo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defiende que esta iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, más allá del sesgo ideológico, supone una vulneración de competencias.