El 'Año Franco' aterriza en la Puerta del Sol y lleva a Ayuso y Sánchez al Constitucional

La memoria histórica es la última excusa de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para avivar su particular guerra de desgaste. El Gobierno central y la Comunidad de Madrid llevan meses enzarzados en un bucle de reproches y amenazas a cuenta de la Real Casa de Correos y su papel durante el franquismo, cuando albergó la Dirección General de Seguridad del régimen. El Ejecutivo ha aprovechado la inercia del llamado 'Año Franco', que conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador, y pretende declarar la actual sede de la Administración autonómica como un "lugar de memoria" por la "represión y tortura" ejercidos en sus calabozos, pero el tema ha acabado en un nuevo frente judicial entre ambos. Tanto el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como Sol jugarán su última baza en el Tribunal Constitucional.

No hay posibilidad del mínimo acercamiento o acuerdo. Todo lo contrario. La Comunidad de Madrid no esconde su "indignación" y considera que los planes de Sánchez son una intromisión y un agravio inéditos hasta la fecha. El Ejecutivo regional alude a criterios técnicos y jurídicos, al considerar que existe una presunta vulneración de sus competencias, pero también clama por la carga ideológica del anuncio. Y reitera que Moncloa elige la Puerta del Sol por su "obsesión" con Madrid.

El Gobierno autonómico ha presentado ya un recurso en el Constitucional por vulnerar las competencias exclusivas de la región y por no cumplirse los requisitos de la Ley de Memoria Democrática. El ministerio, que dirige Ángel Víctor Torres, anunció lo propio esta semana, tras la negativa de Ayuso a instalar la placa que reconozca la Real Casa de Correos como "lugar de memoria". Es el enésimo caso que llega al tribunal, que también recibió un escrito del Ejecutivo por la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid o, en sentido contrario, contra la ley de amnistía, el impuesto a los ricos o la ley de vivienda, entre otros.

La comunicación entre ambas administraciones es más bien escasa. En algunos casos, incluso, nula por completo. Pero el tema de la Real Casa de Correos ha provocado un cruce de cartas entre Isabel Díaz Ayuso y Ángel Víctor Torres con un rosario de reproches y críticas. "Nos oponemos a esta iniciativa que invade las competencias de una comunidad autónoma -la de Madrid, donde está la capital de España- en materia de defensa del patrimonio histórico y es irrespetuosa con la Historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y concordia, con celebraciones muy queridas, y con hechos heroicos, y no con división y enfrentamiento elegidos con amnesia selectiva con afán manipulador", subrayó la dirigente madrileña en el primer disparo.

Opinión

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Acto seguido recordó al ministro, también expresidente de Canarias, que en las islas tiene hasta tres construcciones donde podría incoar otros expedientes para declararlos como lugares de memoria. El Parlamento canario, utilizado por el bando franquista para celebrar consejos de guerra; el aeropuerto de Gran Canaria, donde se levantó un campo de concentración entre 1937 y 1940; y su homólogo en el norte de Tenerife, en una situación idéntica. "Y no lo haces", insiste Ayuso.

"Significados manipuladores"

"(...) Me despido de ti con un fuerte abrazo y, siempre, mi compromiso de lealtad a España y responsabilidad institucional en todas las actuaciones que impulso y autorizo como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y pidiéndote que dejéis a la Real Casa de Correos ser lo que ha sido y es, por respeto y consideración hacia las incontables personas que la aprecian y disfrutan; sin buscarle significados manipuladores, divisorios, oportunistas y nocivos", concluye la misiva, del pasado martes.

La respuesta fue casi inmediata. Ángel Víctor Torres apela a la Ley de Memoria Democrática y se arroga el reconocimiento de las "personas que lucharon por la libertad y la democracia". "Se encuentran las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos que se produjeron en dicho inmueble cuando era la sede de la Dirección General de Seguridad del gobierno franquista", añade, sobre la actual sede del Ejecutivo regional, en cuya fachada hay otras tres placas: sobre los héroes del levantamiento del 2 de mayo, a las víctimas del 11-M y por los fallecidos durante el covid-19.

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Torres expone en su misiva que esta iniciativa, impulsada por el Congreso, "debería contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas". Y a continuación recuerda que en Canarias ya se han instalado escritos similares, como el que luce en la Cámara autonómica en memoria de las personas sentenciadas a muerte durante los consejos de guerra celebrados en la guerra civil. "Te animo, presidenta, a que se haga lo propio en la Real Casa de Correos. Más allá de la culminación del expediente que hemos iniciado, sería un gran gesto instalar una placa con la presencia de todos los grupos políticos, recordando a las personas que sufrieron represión y tortura en ese espacio", asevera el ministro, implicado en la trama Koldo.

El choque por la memoria histórica no es nuevo. La Comunidad de Madrid ya impulsó la pasada legislatura la protección de la cruz del Valle de los Caídos, a través de la Ley de Patrimonio Cultural, para evitar una eventual demolición o actuación del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la estructura. La realidad, no obstante, es que la Ley de Memoria Democrática no plantea en ningún precepto su destrucción. El único cambio hasta ahora ha sido su "resignificación", pasándose a llamar Cuelgamuros.