La Fiscalía investiga ya los contratos menores del PSOE en Parla y el caso de los encierros

La Fiscalía investiga ya el uso de los contratos menores en el Ayuntamiento de Parla, gobernado por el PSOE en coalición con Más Madrid, tras la denuncia de un particular. La fiscal de área de Getafe ha incoado diligencias de investigación preprocesal para determinar si existe algún tipo de delito o irregularidad en el abuso de esta fórmula de contratación, a dedo y sin concurrencia, y en la adjudicación de los últimos encierros de la localidad, en cuyo expediente consta una oferta presuntamente fraudulenta, según desveló El Confidencial.

La denuncia acusa de un presunto fraude de ley y corrupción administrativa al alcalde de Parla, Ramón Jurado, y a los concejales de su partido Javier González Serrano y Gema García Torres por el uso reiterado de los contratos menores. También apunta al edil de Más Madrid Miguel Fuentes Sánchez, socio de gobierno de los socialistas, y a Ana Vanesa Calle Villalba, del grupo de Podemos-IU y ya fuera de la corporación tras la ruptura de los morados con el PSOE. El escrito fue presentado ante Anticorrupción, pero se derivó a la Fiscalía de Getafe-Leganés.

La Intervención del Ayuntamiento de Parla, como informó este diario, ha advertido al equipo de Gobierno que el contrato menor no puede ser el cauce habitual para la adjudicación de servicios municipales, pues se aleja del carácter extraordinario y puntual que la ley otorga a esta figura.

El órgano fiscalizador ha hecho distintas observaciones a varias concejalías entre 2023 y 2024, con el aviso de que incluso podría constituir un fraude de ley. "No pueden ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante y cuya contratación pueda planificarse", señaló sobre una adjudicación de Deportes.

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"De repetirse una operación de la misma naturaleza en el año, o después de un año, constituiría un fraude de ley o cuando menos el empleo del contrato menor no conforme a derecho y que es lo que se pretende hacer también este año, obviando las recomendaciones realizadas por esta Intervención", subraya el interventor en otro de sus escritos. El ente siempre alude a contratos que no superan los 15.000 euros, el límite para publicar la oferta y abrir un procedimiento con concurrencia.

Un contrato menor, precisamente, ha levantado una polémica notable en el municipio. El Ayuntamiento de Parla adjudicó a dedo el encierro nocturno del pasado 13 de septiembre a la Asociación Cultural Parla Taurina, vinculada al asesor de la concejalía de Cultura Iván del Pino. Las sospechas, sin embargo, remiten a la tramitación del expediente.

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El consistorio, aunque no estaba obligado a recabar varias ofertas, siempre ha alegado que eligió a Parla Taurina por ser la propuesta más económica entre una terna de tres propuestas. Pero uno de los supuestos concurrentes, Tierra de Campos, negó a este diario que hubiera participado en ningún proceso. "No he presentado ningún presupuesto y nadie me contactó, ni por teléfono ni por escrito", declaró a El Confidencial el administrador único de la sociedad, Javier Herrero.

El ayuntamiento socialista, preguntado por este diario, argumentó que las distintas ofertas fueron recopiladas por una gestoría externa que trabaja con el técnico municipal encargado de estas tareas. El equipo de Gobierno, no obstante, no aclaró si existe algún convenio o contrato de servicios y limitó el proceso a una colaboración "altruista". El caso, que acabó con Podemos fuera de la coalición con el PSOE y Más Madrid, es objeto de una comisión de investigación en el consistorio.

La Fiscalía de Getafe analiza la documentación aportada por el denunciante Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), que también presentó querellas contra Ángel María Villar, Luis Rubiales o Pedro Rocha cuando estaban al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Las diligencias preprocesales abiertas pueden acabar en archivo o todo lo contrario, con la judicialización del caso.

Denuncia de Podemos

El PP y Vox han declarado que estudian emprender acciones legales por la adjudicación de los encierros. Podemos, enfrentado al PSOE, ya ha dado el paso y este miércoles presentó un escrito en la Fiscalía por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público y tráfico de influencias. La formación, que señala los vínculos del equipo de Gobierno con la asociación beneficiaria, considera que Parla Taurina no podía realizar este tipo actividades.