El alcalde de Parla elude dar explicaciones sobre el papel de su hermano y sus socios en el PAU-5

El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), evitó este martes dar explicaciones sobre la supuesta participación de su hermano, Wilfredo Jurado, en la tramitación del PAU-5 de la localidad, donde está proyectado el mayor polígono industrial de Madrid. El regidor socialista intervino durante el pleno extraordinario para aclarar las presuntas irregularidades en torno al plan, convocado tras las informaciones publicadas El Confidencial, pero no aclaró por qué Wilfredo aparece como el autor de los documentos oficiales utilizados por el Ayuntamiento ni cuál es su relación con los empresarios con intereses económicos en la zona. Jurado, no obstante, detalló que el Consistorio expropiará también la única parcela que había sido liberada de esta actuación.

Jurado fue el primero en hablar durante la sesión, impulsada por el PP para esclarecer las sospechas sobre el desarrollo urbanístico. El alcalde anunció en su primer turno de palabra las nuevas expropiaciones en la ZA-1 como respuesta al presunto trato de favor que recibieron, al menos, dos socios de Wilfredo Jurado con propiedades en los terrenos blindados. “Quién me iba a decir a mí que el PP y Vox me iban a animar a expropiar más y a frenar una iniciativa privada”, dijo Jurado, tras acusar a exconcejales del PP de utilizar fondos de la extinta Junta de Compensación para boicotear el avance del proyecto.

El alcalde socialista, miembro de la nueva ejecutiva del PSOE-M, enumeró a varios propietarios de la ZA-1 y negó cualquier conexión con ellos u otros, bajo el argumento de que conoce a muchos de los implicados. La realidad, sin embargo, es que solo dos, Antonio Lopera Gómez y Antonino Daza Pérez, tienen negocios en común con Wilfredo Jurado.

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Jurado, interpelado en varias ocasiones por el PP, Vox e IU, tampoco profundizó en el papel que su hermano desempeñó en la tramitación de las expropiaciones, al aparecer como el autor de siete documentos oficiales del Ayuntamiento, enviados a los propietarios e incluso al juzgado. "Han sido firmados por los técnicos municipales, el concejal de Urbanismo o por mí mismo. Punto", declaró, sin entrar en quién redactó esos escritos.

Este periódico informó que Wilfredo Jurado, presuntamente, confeccionó varias cartas y comunicaciones oficiales del Consistorio, como el cambio de sistema de ejecución sobre el PAU-5 o el escrito modelo para que los propietarios se sumaran a la expropiación. También una solicitud de los servicios jurídicos municipales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid contra las reclamaciones planteadas por los afectados, cuya respuesta precisamente utilizaron este martes el alcalde y el concejal de Urbanismo, Bruno Garrido, para justificar la tramitación del proyecto. Al consultar las propiedades de los archivos PDF y Word enviados a los implicados, el autor siempre es Wilfredo Jurado.

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El portavoz del PP, Héctor Carracedo, preguntó varias veces por esta situación, pero no obtuvo respuesta. Lo mismo que su homólogo de Vox, Juan Marcos Manrique, que pidió una comisión de investigación para aclarar todo lo relacionado con estas presuntas irregularidades en el PAU-5. Álvaro Gómez, de IU, expresó sus dudas sobre la implicación del hermano del alcalde y también solicitó una investigación interna al respecto. Miguel Fuentes, socio de gobierno del PSOE y representante de Más Madrid, dio por buenas todas las explicaciones y ni siquiera valoró el fondo del asunto.

Ramón Jurado esgrimió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deniega inicialmente las solicitudes de los propietarios, para asegurar que el sistema adoptado por el Ayuntamiento fue conforme a la ley. Las expropiaciones, añadió, comenzarán a partir del 1 de marzo y en principio se desarrollarán por convenio bajo dos modelos a elegir.

El primero, para que los implicados con solvencia económica paguen las derramas pendientes y liquiden la urbanización de los terrenos. Y un segundo para aquellos propietarios que no pueden asumir este coste. La oposición en bloque mostró sus dudas de cómo abordar este extremo, ya que el Ayuntamiento de Parla tiene una deuda acumulada de 507 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda.