Más Madrid se desmarca de la 'ley Begoña' y exprime la acusación popular contra Ayuso

Más Madrid mantiene la vía judicial como uno de los puntales de su estrategia de oposición a Isabel Díaz Ayuso, con la acusación popular como herramienta destacada. El partido de izquierdas ha forzado ya la apertura de una nueva investigación en los tribunales sobre el novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, y está personado en el caso de presunta corrupción que afecta a Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid. Esta posición contrasta con la denominada como 'ley Begoña' impulsada por Pedro Sánchez, con la que el PSOE pretende limitar esta figura.

La formación ha situado el frente judicial a la altura de otros temas calientes de la legislatura y fundamentales de su argumentario, como la vivienda o la educación pública. Fuentes de Más Madrid explican a este periódico que la respuesta se desarrollará en tres escenarios: la causa de González Amador, la de Millán y los recursos ante el Tribunal Constitucional por la gestión del Gobierno autonómico. "No se trata solo de defender a la ciudadanía de la corrupción, sino de defender la democracia y las instituciones", declaran en la organización.

La acusación popular es clave en esta estrategia. Más Madrid ha puesto distancia con la propuesta para prohibir la acción de partidos políticos, asociaciones y fundaciones y, de momento, rechaza de plano la iniciativa del PSOE. La posición del partido es la misma que la manifestada por Sumar, que aboga por abrir un debate y reformular la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente porque los socialistas no tienen una mayoría suficiente para sacar adelante esta cuestión.

La realidad es que sin esta figura habría sido imposible iniciar algunas investigaciones sobre el entorno de Ayuso. La principal es la que tiene que ver con González Amador. La jueza que instruye la causa abrió una nueva vía de investigación tras la denuncia de Más Madrid para dilucidar si existe la comisión de otros delitos al margen del presunto fraude fiscal. Así, la formación liderada por Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot señaló en junio el supuesto uso de una sociedad instrumental para ocultar ingresos del Grupo Quirón que debían haber sido declarados, formulando una acusación de administración y corrupción en los negocios.

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Europa Press

"Gracias a nuestra acción judicial como acusación popular, hoy ya no solo se lo investiga por el delito fiscal, sino por soborno, corrupción en los negocios y administración desleal", añaden en Más Madrid. En ese escrito también participó el PSOE, aunque meses después defienda lo contrario e intente legislar para acabar con la misma figura de la acusación popular que ejerce contra la dirigente madrileña.

"Es muy importante"

Más Madrid también ejerce como tal en el caso de Ana Millán, muy cercana a la dirigente madrileña y acusada de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública durante su etapa como alcaldesa de Arroyomolinos. "Es impresentable que la mano derecha de Ayuso aún no haya dimitido por los delitos que pesan sobre ella y por los que será juzgada. Nosotros también formamos parte de esa acusación y es muy importante nuestro papel", añaden en el partido para defender su estrategia judicial y la necesidad de preservar la acusación popular.

El último de los frentes judiciales contra Isabel Díaz Ayuso apunta al Tribunal Constitucional, con distintos recursos de amparo contra la acción del Ejecutivo autonómico. En primer lugar, ya admitido a trámite, contra la Mesa de la Asamblea por negarse a tramitar preguntas o iniciativas de legislaturas anteriores, especialmente relativas a la contratación durante la pandemia de covid-19 y a la relación del Gobierno con el Grupo Quirón. Y en segundo término, para que el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, comparezca para explicar su papel en el caso de los mensajes filtrados sobre González Amador.