Música alta y fiestas con entrada: los vecinos estallan contra los alquileres turísticos ilegales en Palma

“Cuando tienes cerca un alquiler turístico, legal o ilegal, nunca sabes el fin de semana o la semana que vas a tener con tus nuevos vecinos”. Así define su día a día, sobre todo en verano, Helena Rodríguez, miembro de la plataforma vecinal de Son Espanyolet. La plataforma nació hace unos años para luchar por mantener la esencia de este barrio de Palma, tranquilo, residencial, de casas bajas... La paz se rompió, según denuncia, cuando Alzina Living, una inmobiliaria noruega, adquirió varias viviendas. Su objetivo era transformarlas en pisos turísticos, y aunque la administración no les concedió todas las licencias que solicitaron, sí les permitió dos: una vivienda de 12 plazas y otra de 16. Por el tamaño de las propiedades, los clientes mayoritarios son jóvenes con ganas de fiesta, señala Rodríguez.

“No hay que despistarse, ni con las viviendas legales ni, por supuesto, con las ilegales”, asegura la vecina. Rodríguez cuenta que se han llegado a encontrar con casas que habían colocado las placas ETV, aquellas que identifican las viviendas turísticas legales, aunque no tuviesen autorización. O bien eran placas falsas o realmente pertenecía a otros inmuebles con la perceptiva licencia. Las denuncias a la policía por excesos en la zona son constantes, asegura Rodríguez, que añade que se han llegado a celebrar fiestas que cobraban entrada para cubrir los gastos de barbacoa y bebida. Otras han contado con música en directo y en alguna ocasión, cuando los vecinos han reprendido a los turistas, estos han argumentado que está permitido hacer ruido hasta la medianoche.

"Parece que todo está permitido cuando se trata de alquileres vacacionales", censura Rodríguez. La vecina compara la situación de este tipo de alojamientos con los hoteles, donde existen unas normas de convivencia y unas reglas. En muchas ocasiones, asegura, cuando llaman a la policía o no surte ningún efecto o ni siquiera atienden las demandas de los vecinos y nadie acude a comprobar qué sucede.

Ante la proliferación de quejas, el Consell de Mallorca ha habilitado un correo electrónico para que los vecinos puedan remitir las denuncias ligadas a los apartamentos ilegales. Pese a la iniciativa, a la que se suma un incremento del número de inspectores, los vecinos critican que no es suficiente porque cuando vienen a comprobar la situación de los inmuebles o no hay nadie o los turistas, aleccionados, cuentan que "son unos amigos del dueño que simplemente han venido a pasar unos días de vacaciones".

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Donde también prolifera el alquiler ilegal es en una zona tan significativa de la capital mallorquina como Pere Garau. Es un barrio emblemático y bastante céntrico, en el que hasta hace poco se podían evitar los altos precios de la vivienda. La fotografía hoy es muy diferente, los cada vez precios más elevados conviven con una oferta ilegal de apartamentos, ya que en Palma está prohibido el alquiler vacacional de viviendas plurifamiliares. Sin embargo, los anuncios proliferan y se pueden encontrar en multitud de plataformas más allá de Airbnb, más controlada ahora por la administración. "Usan páginas como Idealista o Fotocasa para publicitarse, como si fuese un alquiler temporal, pero son casas vacacionales y por tiempo limitado", asegura Natanael Falo, portavoz vecinal en defensa del barrio de Pere Garau.

Falo enumera los problemas que los apartamentos ilegales generan al vecindario, con fiestas, botellones, un uso desmedido del ascensor y traslado de maletas a todas horas. Sin tener en cuenta que estas viviendas, defiende el portavoz, deberían ser para los residentes. "Sale mejor ganar 100 euros al día y sin tributar que un alquiler de larga duración, es especulación pura y dura", señala para apuntar que es uno de los factores que provocan una subida de precios en el alquiler residencial. Falo reclama ante la escasez de pisos medidas más drásticas por parte de la administración que disuadan a los propietarios que optan por el alquiler vacacional ilegal.

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El responsable de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, remarca que se ha duplicado la propuesta mínima de sanción, pasando de 40.000 a 80.000 euros por vivienda turística ilegal localizada. También si se trata de grandes edificios, en estos casos la multa es por cada propiedad. En los últimos meses, la institución ha impuesto dos grandes multas. Una en agosto, con 12 propuestas de sanción por valor de 80.000 euros cada una en un mismo edificio en Palma. La infracción ascendería a 960.000 euros. La segunda fue en septiembre y el objeto de la multa fueron 17 viviendas que operaban sin licencia en dos edificios de la capital. El montante total, 1,36 millones.

Aparte de las sanciones, la administración trabaja en las propuestas de cierres cautelares, pero es un proceso lento, ya que los expedientes acaban llegando a los juzgados. A día de hoy, no hay ninguna vivienda de alquiler turístico ilegal precintada en las islas. También, el Consell trabaja con las plataformas de alquiler turístico y con la Agencia Tributaria con el fin de cruzar datos y comprobar, por ejemplo, si una vivienda cobra el impuesto turístico y está dada de alta como alquiler vacacional. También se ha ampliado el cuerpo de inspectores, hay 20 en Mallorca, pero el número sigue siendo insuficiente para una actividad que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. La institución insular aspira a haber realizado a final de año cerca de 3.000 actuaciones de comprobación. “El gran reto es disuadir la oferta ilegal y así mejorar el acceso a la vivienda para los ciudadanos”, sentencia Marcial Rodríguez.