Almeida cifra en 140 euros la tasa media de basuras de Sánchez y avisa que repercutirá en los alquileres

El Ayuntamiento de Madrid cifra en 140 euros de media la tasa de basuras impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez a partir del próximo mes de abril. José Luis Martínez-Almeida, que presentó este jueves las ordenanzas fiscales de la ciudad, criticó con dureza el nuevo tributo y advirtió que tendrá una repercusión directa en el precio de los alquileres, habida cuenta que será un coste extra para los propietarios. "Es un sablazo", subrayó el alcalde de la capital, que asegura que el consistorio ha equilibrado las cargas impositivas para aliviar su impacto, con rebajas como la del IBI, que se reducirá hasta el 0,428% en el tramo municipal.

El Área de Economía y Hacienda, que dirige Engracia Hidalgo, ha articulado el impuesto anual de basuras sobre dos elementos. Una parte fija, que supone el 81%, que se corresponde con el valor catastral de cada vivienda; y otra variable, del 19%, relativa a la generación de residuos en cada caso. Es decir, que el grueso de la tasa irá ligada a las particularidades de cada casa o barrio, con un incremento considerable en los más pudientes. "Estamos profundamente en desacuerdo", insistió Almeida y la delegada, que calculan que el Ayuntamiento tendrá unos ingresos totales de 256 millones de euros. El gravamen empezará a cobrarse en 2025.

El impuesto, bautizado ya como el 'tasazo' de Sánchez, es un quebradero de cabeza para todos los ayuntamientos, obligados a aplicarlo según la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que desarrolla una directiva de la UE.

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La norma, según recoge en su artículo 11, aplica el principio de "quien contamina, paga" y establece el marco para la gestión de residuos. "(...) las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".

Inseguridad jurídica

Almeida recordó que la directiva de la UE no incluye la obligación de traducirlo en una tasa y responsabilizó exclusivamente al gobierno de Sánchez por su "voracidad fiscal". El alcalde de Madrid, además, advirtió de la "indefinición" del gravamen y las dificultades jurídicas que provocará, ya que cabe la posibilidad de que provoque indefensión jurídica y un aluvión de reclamaciones, como ya ocurrió con la nueva plusvalía. Este extremo, de hecho, ya fue denunciado por la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, como informó este diario.

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La crítica apunta también a un posible efecto dominó en el precio de los alquileres, en la medida que el gravamen será asumido inicialmente por los propietarios, además del cálculo que hagan por la generación de residuos en cada caso. "Que no nos vuelvan a hablar de topar los alquileres en la ciudad de Madrid, de regular los límites, de regular los precios de las zonas tensionadas... No hay mayor tensión para los arrendatarios de cara al año que viene que tener que abonar la tasa de recogida de residuos. Va a suponer un encarecimiento notable de los precios de alquiler, porque esta tasa será trasladada por los arrendadores a los arrendatarios", declaró.

El Ayuntamiento de la capital defiende que el tributo será compensado con otras rebajas fiscales, además de una bonificación para familias numerosas. La más importante prevista en las ordenanzas fiscales es la nueva reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles, que cae casi al mínimo permitido en el margen que aplican los municipios.

El IBI, explicó Almeida, se reduce hasta el 0,428% —con Manuela Carmena estaba en el 0,510%—, que sitúa a Madrid como la tercera ciudad con el tramo municipal más bajo. "Por eso el IBI baja, mantenemos todas las exenciones, las bonificaciones que se han ido estableciendo a lo largo de estos años y, por tanto, las prolongamos para el año 2025, pero desgraciadamente tenemos que aprobar el sanchazo", declaró el regidor, que defiende que los madrileños se han ahorrado desde 2019, cuando el PP recuperó la alcaldía, un total de 1.025 millones de euros.