La alcaldesa de Rivas (IU) ignora el Pacto Antitransfuguismo y da una comisión con sueldo a una exedil de Vox

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado en coalición por IU y el PSOE, vuelve a estar salpicado por la polémica. La alcaldesa, Aída Castillejo (IU), ha concedido a la exedil de Vox María de los Ángeles Guardiola, ahora concejal no adscrita, la vicepresidencia de la comisión de la Vigilancia de las Contrataciones con un incremento salarial, aunque el Pacto Antitransfuguismo y el reglamento del propio Consistorio prohíben expresamente esta circunstancia. El grupo municipal de Vox ya ha presentado un recurso potestativo de recusación.

Guardiola concurrió bajo las siglas de Vox en las elecciones del pasado 28 de mayo, pero unos meses después del inicio de la legislatura abandonó la formación por diferencias con la actual portavoz, Eliana Palacios, y fue expulsada. El problema denunciado por su antiguo partido es que ha asumido la vicepresidencia cuando ya tenía la condición de no adscrita, lo que presuntamente vulnera varios reglamentos. "Es un premio al transfuguismo con un salario de 30.000 euros al año", apunta Palacios, en referencia a la retribución que recibe, tras pasar de cobrar por asistencia a los plenos a tener un salario y dedicación exclusiva.

La corporación, como todos los consistorios de España, se constituyó en junio de 2023. Pero no fue hasta un año después, el pasado 4 de julio, cuando se hizo lo propio con la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. La composición del Pleno ya era distinta y Vox pasó de dos concejales a uno, tras la salida de Guardiola como no adscrita. Este periódico ha preguntado al equipo de Gobierno por la demora, pero no ha obtenido explicación: "No hay obligación ni plazos marcados por ley".

Las dudas en torno a la vicepresidencia de la comisión tienen que ver con la lucha contra el transfuguismo. El último acuerdo del pacto, de noviembre de 2020, considera tránsfugas a "los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

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Y en el caso de que hubiera dudas, concluye: "Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas".

Vox sostiene que Guardiola encaja a la perfección en esta definición. Y además denuncia que, dadas las circunstancias, la exconcejal no puede ejercer ninguna competencia en las comisiones municipales. Menos aún con asignación económica, ya que mejora su situación anterior.

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El Pacto Antitransfuguismo es taxativo sobre esta situación, con el fin de evitar tentaciones o intercambios de favor. "No podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación anterior", dice el apartado b del acuerdo segundo del texto, sobre las personas tránsfugas no adscritas.

El reglamento del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid insiste en la misma línea: "Las concejalas y concejales que adquieran la condición de no adscritos como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo no podrán asumir cargos o percibir retribuciones que antes de pasar a su condición de miembros no adscritos no ejercieran o percibieran y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas".

El Gobierno alega "transparencia"

El equipo de Castillejo, sin embargo, niega cualquier irregularidad. Fuentes municipales, incluso, señalan que se ha entregado la presidencia y la vicepresidencia en un ejercicio de "transparencia". "Siempre ha sido así, también en la anterior legislatura cuando fue además aprobada su composición por unanimidad de todos los grupos. La existencia de esta comisión es potestativa y no hay obligación de que sea presidida por la oposición. En Rivas se hace así en un ejercicio democrático de transparencia para facilitar la labor de fiscalización de la oposición", apunta un portavoz municipal, que no entra a valorar el escrito de Vox. El PP, que fue el más votado en las elecciones pero no llegó a la mayoría, ostenta la presidencia en Vigilancia de las Contrataciones.

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El Ayuntamiento de Rivas se ha visto envuelto en varias polémicas en los últimos meses. La principal, desvelada por El Confidencial, es que el Consistorio ha sacado a concurso una plaza de funcionario (Técnico Superior de Administración Especial) a la que solo se ha presentado el exalcalde Pedro del Cura, del mismo partido que Aída Castillejo. Se da la circunstancia, además, que buena parte del temario de la prueba coincide con el perfil profesional de Del Cura, así como los requisitos del puesto. Solo podían presentarse los titulados en Sociología, Psicología o Pedagogía, casualmente los estudios del regidor, y entre otras cosas preguntaba sobre el desmantelamiento de la Cañada Real Galiana, en la que el propio Del Cura ha participado como comisionado en la localidad.