Los automovilistas celebran la sentencia contra la ZBE de Almeida y piden acabar con las "multas de los pobres"

La historia se repite. La Justicia ha vuelto a anular la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, pero los protagonistas son otros. Si el PP consiguió echar por tierra Madrid Central, el proyecto de Manuela Carmena para limitar el tráfico y, por tanto, la contaminación, ahora ha sido Vox el que ha conseguido torcerle el brazo a José Luis Martínez-Almeida en un primer asalto. El TSJM ha anulado una parte significativa de Madrid 360, la ordenanza de movilidad aprobada en 2021. La sentencia todavía no es firme y las restricciones se mantendrán hasta que el Tribunal Supremo, siempre y cuando el Consistorio recurra, resuelva, pero entidades como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y Dvuelta Asistencia Legal celebran un fallo que pone en evidencia que “la normativa no se hizo conforme a la ley y ha perjudicado a millones de ciudadanos”.

La sentencia, conocida este martes, anula en concreto la Zona de Bajas Emisiones de Madrid centro y de Plaza Elíptica. El Consistorio, según el Tribunal, no tuvo en cuenta los informes económicos necesarios para justificar la adopción de las restricciones. La sentencia señala que para la adopción de estas resultaba imprescindible "una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente". En la misma línea, el fallo sostiene que no se tuvo en cuenta la capacidad económica de las pequeñas empresas y las afecciones directas a las condiciones de competencia y del mercado.

Para Mario Arnaldo, de AEA, “esa es la clave”. “La sentencia recoge nuestro criterio. La implantación de esa Zona de Bajas Emisiones era desproporcionada y por eso se ha anulado. El fallo simplemente establece la exigencia de respetar el principio de proporcionalidad en materia ambiental. Es decir, ponderar en cada caso si las medidas son necesarias y proporcionales”, ahonda Arnaldo. AEA sostiene que Madrid 360 ha supuesto un importante perjuicio para los vecinos y trabajadores con menos recursos para la adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes y por eso el organismo exige que el Ayuntamiento “paralice la tramitación de las multas de los pobres”, además de devolver lo cobrado. Arnaldo destaca que desde la entrada en vigor de Madrid 360, el Consistorio ha impuesto 1,7 millones de sanciones por un importe de 331 millones de euros. “Yo espero que para no generar más daño paralicen las multas. Nosotros pedimos una moratoria y es evidente que algo no se ha hecho bien”, traslada Arnaldo a El Confidencial.

Al igual que Automovilistas Europeos Asociados, en Dvuelta Asistencia Legal aplauden el fallo, pero piden “cautela”. “Es una sentencia muy importante, pero no es firme, cabe recurso en un plazo de 30 días”, recuerda Paloma García Alejo, portavoz jurídica de la firma. “Si finalmente acaba siendo firme, esos preceptos decaerían y todas aquellas personas que se vieron afectadas podrían reclamar las multas”, avanza la especialista. Es lo que recomienda y anima a hacer a todos los conductores que hayan recibido una sanción por haber circulado por esas dos zonas sin las etiquetas medioambientales permitidas.

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No obstante, todavía es muy pronto para saber cuánto se puede demorar el fallo del Supremo y en qué sentido resolverá. En el caso de Madrid Central, proceso en el que Devuelta Asistencia Legal fue una de las partes personadas, el fallo del alto tribunal tardó un año y medio. “Todos los ciudadanos tienen derecho [a recurrir las multas] y deben hacerlo con una revisión de actos e incluso cuando la multa esté pagada. Todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero no pensemos que desde mañana podemos entrar como locos en las zonas de bajas emisiones. La normativa todavía está en vigor y hay que respetarla”, remarca García Alejo.

Vecinos y ecologistas critican al TSJM

Paradójicamente, el argumento esbozado por Vox, el de la falta de los informes económicos perceptivos, es uno de los que el PP en su día esgrimió contra Madrid Central, como recuerda Paco Segura, de Ecologistas en Acción, muy crítico con el fallo judicial y el proceder del TSJM. Para Segura “lo importante” es determinar si Madrid 360 era la herramienta válida para contener los niveles de contaminación en la capital y cumplir con la normativa europea. Y aunque los datos de los últimos años avalan una mejoría de algunos parámetros, “la ordenanza no era suficiente para cumplir los nuevos estándares que exige la nueva directiva que se aprobó antes del verano. Si lo que había era insuficiente, si finalmente lo acaban tirando por tierra, será bastante peor”.

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Ecologistas en Acción defiende que el Ayuntamiento debe recurrir y garantizar la salud de los vecinos, al tiempo que censura que el TSJM no tenga en cuenta que “en la Comunidad de Madrid fallecen al año 5.000 personas por la mala calidad del aire. Los gastos por contaminación son mucho más altos que el coste de luchar contra ella. Los argumentos del Tribunal son sesgados para concluir que hay que quitar de en medio estas zonas, cuando realmente sería necesario implantar más”, defiende Segura. “Hablan de un supuesto derecho de la gente a ir en coche como medio de transporte universal, cuando esa función solo la puede cubrir el transporte público”, crítica para rebatir que la Zona de Bajas Emisiones perjudique a las personas más desfavorecidas: “Las familias más humildes directamente no tienen coche y son las que viven en los sitios con más niveles de contaminación”.

En términos parecidos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos, denuncia que la sentencia “no es coherente ni con la Constitución, ni con la jurisprudencia, ni con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Habría que preguntarle al [TSJM] qué informes necesita, por qué no son suficientes. El Tribunal no entiende que la salud de los madrileños se pone en riesgo”. Villalobos no es explica “cómo no prima un derecho fundamental, el de la salud, frente a otros que no lo son, como el de la libre competencia y economía”. El presidente de la FRAVM pide a Martínez-Almeida que recurra y que “no se allane, que por una vez se ponga del lado de los débiles”.