La nave de Villalba donde rusos y ucranianos escondían 700 bombonas de gas ilegal chino

Los negocios del polígono industrial de Collado Villalba –al noroeste de la Comunidad de Madrid, muy próximo a la Sierra de Guadarrama– son variopintos: un recién inaugurado local de Crossfit, gasolineras low cost, concesionarios, bares con menús a 7,5 € y talleres de coches y neumáticos. Los locales de la calle Calibre se preparan para echar el cierre a medio día: es casi la hora de comer y tienen un par de horas de descanso.

Sin embargo, una de esas naves está marcada por cinta aislante del Seprona; el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. La benemérita localizó en su interior hasta 700 botellas de gas refrigerante ilegal en el mes de julio. La operación, liderada por el Instituto Armado de Barcelona, terminó con cinco detenidos y 12 investigados, todos de nacionalidades rusa y ucraniana. Los arrestos se produjeron en una vivienda de la ciudad condal.

El negocio era redondo. El gas se fabricaba en China por un precio irrisorio; cada botella costaba en torno a 20 ó 50 euros. Una empresa polaca hacía de intermediaria para introducir el contenido en la Unión Europea y, cuando llegaba a España, las vendían por unos 300 euros. Los miembros de la organización se saltaban todos los controles medioambientales, lo que reducía con creces el coste total de producción. El beneficio era altísimo. Los agentes calculan que los ingresos podrían haber superado los 240.000 euros.

A simple vista, nada hacía sospechar que detrás de la comercialización de este gas había un negocio fraudulento. De hecho, algunos de sus clientes en España (talleres, empresas de aires acondicionados, frigoríficos o sprays de cualquier tipo) no sabían que estaban comprando algo ilegal. Por el momento, se está investigando toda la documentación requisada para determinar qué entidades eran conocedoras del delito y cuáles no.

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Sus vecinos de nave, según ha podido saber este periódico, tampoco eran conscientes de lo que ocurría ahí dentro. Los miembros de la mafia del gas venían solo en verano (cuando más se comercializa este producto) y apenas estaban unas horas. Llegaban con un grandísimo tráiler, abrían la nave y descargaban todas las bombonas.

Si, alguna vez, la operación se alargaba un poco, el conductor del tráiler –un hombre de unos 60 años que siempre iba sin camiseta, según los testigos– se quedaba a dormir dentro de la nave. De tanto en tanto se acercaba al bar de enfrente, pero su poco conocimiento del español dificultaba la comunicación con el entorno. Los otros dos o tres varones que en ocasiones le acompañaban no sabían "nada" del idioma: tan solo llegaban, bajaban el material y uno se quedaba en la puerta haciendo guardia. "El más mayor a veces se duchaba con una manguera", relata otro trabajador, refiriéndose al hombre que llegaba a pernoctar en la nave.

A todos les pilló de sorpresa la llegada inesperada de la Guardia Civil. Una decena de agentes se personó en dicha nave y comenzó a forzar la puerta. Al enterarse de la operación, y según explican a este diario, lo que les llamó la atención es que aquel negocio fuera ilegal. "Hace unos dos años si vimos varias bombonas pequeñas de gas acumuladas", explica otro. Matiza que no sospechó que pudiera tratarse de un caso de tráfico fraudulento.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron la venta de este gas ilegal por internet. La primera vez que tuvieron constancia fue en 2019, pero esta operación en concreto –apodada Gascra- fue resuelta en apenas seis meses.

A los cinco detenidos se les acusa de supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, de contrabando, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, y según ha podido saber este periódico, todavía no existe un escrito de acusación por parte del Ministerio Público; el proceso, en estos casos complejos, puede llegar a tardar años.

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La razón por la que los supuestos delincuentes rehuían de la legalidad era por abaratar costes. El gas refrigerante con el que traficaban era hidrofluorocarburo, (HFCs), también llamado gas fluorado o de efecto invernadero. La Unión Europea es especialmente restrictiva en estos casos. Su manipulación debe realizarse por personal cualificado, al igual que su almacenamiento y transporte. Además, en febrero de este año entró en vigor una nueva norma al respecto. La intención de la UE es reducir de forma drástica su mercantilización a partir de 2030 y su desaparición en 2050. La propia web de la Comisión Europea incita a disminuir el consumo: "Existen diversas alternativas respetuosas con el clima, energéticamente eficientes, seguras y probadas" como refrigerantes naturales de propano y amoniaco.

En 2022 se desmanteló una organización criminal muy similar que operaba en Barcelona y Girona. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en colaboración con Europol, llevaron a cabo una operación que culminó con la detención de cuatro personas de origen ruso. "El lucrativo mercado negro asociado al tráfico ilegal de gases refrigerantes en Europa constituye un fenómeno delictivo en auge", señala el cuerpo.