Una auditoría interna en Alcalá aflora contratos a dedo a familiares de concejales del PSOE

Una auditoría interna del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigido por el PP y Vox desde 2023, ha aflorado presuntas irregularidades en la contratación durante el último mandato del PSOE en la ciudad. La investigación señala distintas adjudicaciones a dedo por cerca de 40.000 euros a negocios de familiares de dos concejales socialistas, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, en la pasada legislatura. El actual equipo de Gobierno anuncia que acudirá a los tribunales y que impulsará una comisión municipal para esclarecer lo ocurrido.

La denuncia en curso remite a varios contratos menores —por debajo de 18.000 euros y sin publicidad ni concurrencia—, tramitados durante el mandato del exalcalde Javier Rodríguez Palacios entre 2019 y 2023, sobre servicios de comunicación y artes gráficas. El supuesto ilícito, según la auditoría ya finalizada, es que fueron formalizados con empresas del entorno cercano a las ediles Sánchez e Ibarra.

El ayuntamiento alcalaíno, dirigido por la popular Judith Piquet, sostiene que estas adjudicaciones podrían vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. Las fuentes consultadas apelan al apartado 1G del artículo 16 de la norma, que prohíbe expresamente "a personas relacionadas con cargos electos la contratación con el sector público, ya sea en sus cónyuges, sus ascendientes o sus descendientes". La documentación será pública para los grupos municipales desde este lunes, cuando ha terminado la información reservada sobre los contratos.

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El PP apunta ahora a dos vías. La primera, judicial, con una denuncia ante los tribunales. Fuentes municipales detallan en ese sentido que los abogados están estudiando el caso para ajustar el tipo penal, aunque todo apunta a una presunta prevaricación y malversación. Y la segunda, con trascendencia política, con una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se votará en el próximo pleno y que necesitará, al menos, los votos del PP y Vox. Una vez aprobada, elaborarán la lista de comparecientes.

"El objeto de esta comisión de investigación será, en primer lugar, comprobar la existencia de ese conflicto de intereses en la contratación. En segundo lugar, analizar la posible incidencia de estas dos concejalas en la consecución de estos contratos. Y, en tercer lugar, comprobar si se inició o no un procedimiento para aclarar este posible conflicto de intereses", explica la portavoz adjunta del Consistorio, Orlena de Miguel, del PP. "Javier Rodríguez Palacios no ha dado ninguna explicación al respecto de este asunto, actitud habitual en el Partido Socialista. Esperemos que en la comisión de investigación tenga a bien darla", subraya.

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El PSOE de la ciudad complutense, por su parte, niega los hechos y muestra "total tranquilidad" tras las acusaciones sobre los contratos. “Dejan en evidencia el nerviosismo del equipo de Gobierno y muy especialmente de la alcaldesa, Judith Piquet, para no hablar de su nefasta gestión y sus problemas con la Justicia", señalan los socialistas en un comunicado, donde avanzan que votarán a favor de la comisión de investigación y advierten de que la investigación se sustenta únicamente en recortes de prensa. "Estamos ante un producto ya caducado, que se remonta a hace un año y medio, y que nació en plena campaña electoral", añaden.

Investigaciones abiertas

Las presuntas irregularidades en la contratación de Alcalá se suman a otras investigaciones por corrupción de gobiernos del PSOE en Madrid durante la pasada legislatura. La más reciente afecta a la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados con los ocho concejales que formaban su Junta de Gobierno por el llamado caso ITV, tras perdonar supuestamente una deuda a la empresa concesionaria de este servicio, con un quebranto a las arcas públicas superior a 2 millones de euros.

Aunque el código ético del PSOE la obliga a dimitir, la actual portavoz de la formación en Móstoles se aferra al cargo tras cinco años como protegida de Pedro Sánchez. Finalmente será la Comisión de Ética y Garantías del partido, dependiente de Ferraz, quien dictamine su expulsión o continuidad. El pasado mandato también fue condenada la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa). De Andrés, fuera de la primera línea política, está inhabilitada durante cinco años para la administración de empresas.