El enredo del crematorio de la M-40: luz verde al proyecto 22 años después ante las quejas vecinales

El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado la licencia para la construcción de un horno crematorio en las instalaciones del tanatorio de la M-40, en el número 36 de la Avenida de Los Rosales. La autorización llega no exenta de polémica. El consistorio rechazó este emplazamiento hasta en tres ocasiones: en 2002 con Álvarez del Manzano, en 2015 con Carmena y en 2021 ya con Almeida en Cibeles.

Las diferentes corporaciones consideraron que la ubicación no cumplía con el artículo 52.3 de la Ordenanza de Protección de Medio Ambiente de Madrid. En referencia a los hornos destinados específicamente a la incineración de cadáveres de personas, el texto estipula que la distancia del foco de emisión a viviendas o lugares de permanencia habitual de personas, como industrias, parques, centros educativos o deportivos entre otros, nunca puede ser inferior a 250 metros.

La empresa, Parcesa-Parques de La Paz, que también gestiona el tanatorio, interpuso recursos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acabaron desestimados. Finalmente, fue el Tribunal Supremo el que acabó dando la razón a Parcesa en julio del 2021 ordenando que el proceso volviese al momento inmediatamente anterior a la resolución de la solicitud de autorización para la instalación del horno formulada por la empresa ante el Ayuntamiento.

La sentencia alega que, aunque el artículo de la ordenanza municipal establece unas distancias mínimas, no se tuvieron en cuenta las diferentes medidas que la entidad pudiera establecer y que fuesen idóneas para garantizar la adecuada protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

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El Ayuntamiento alega que tiene que acatar la sentencia

De este modo, el Gobierno municipal explica que ha otorgado la licencia por "acatamiento y cumplimiento firme" de la decisión del Supremo. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó este lunes que el consistorio "tiene que cumplir la ley, y, sobre todo, cumplir la ejecución de esa sentencia que obliga al Ayuntamiento de Madrid a otorgar dicha licencia".

Carabante, que también es segundo teniente de Alcalde, tranquilizó a los vecinos del entorno y razonó que en la autorización ambiental que otorga la Comunidad de Madrid se establecen unos niveles máximos de emisiones que el crematorio tiene que cumplir. "El Ayuntamiento estará vigilante para que esas condiciones preceptivas se cumplan", aseguró el edil.

También se pronunció el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que insistió en que "hay una sentencia que el Ayuntamiento de Madrid tiene que cumplir" y prometió que van a intentar que la instalación de este horno afecte lo menos posible a los vecinos. "Si cumple la normativa, cumple las condiciones y tenemos una sentencia, hay que ejecutarla, sin lugar a dudas", zanjó Rodrigo.

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Vecinos y oposición en contra

Los vecinos tienen claro que no lo quieren en el barrio. Critican que se haya otorgado la licencia en pleno verano. "Para que no nos enteremos y no podamos abrir la boca", según censuran. Desde la Asociación de Vecinos de San Fermín defienden que el crematorio funcionará a escasos metros de viviendas, parques y centros educativos.

"Lo que la ciudad necesita y no quiere ni verlo, nos lo colocan a nosotros", se quejan los vecinos y detallan que en el barrio y su entorno ya tienen tres depuradoras, un estanque de tormentas, una subestación de gas, la M-40 y su contaminación y la incineradora de Valdemingómez, que aunque está algo más alejada, "también se deja sentir habitualmente". Los habitantes de San Fermín se preguntan si "vale más el dinero del negocio crematorio, por muy controlado que esté, que la salud de los vecinos del barrio".

Desde la oposición, tanto Más Madrid como el PSOE critican la actuación del Ayuntamiento. Fuentes del partido de Rita Maestre denuncian, al igual que los vecinos, que esta licencia se haya otorgado un viernes de agosto a última hora de la mañana. Recalcan que la Ordenanza de Calidad del Aire lo prohíbe. Félix López-Rey, concejal de Más Madrid en el ayuntamiento, expuso en una concentración vecinal que Almeida "ha aprovechado las vacaciones para saltarse las normas". Además, defendió que el crematorio "solo va a perjudicar a miles de vecinos" e insistió en que los vecinos del sur de la capital son "el vertedero y la cuadra para las autoridades".

Por parte del PSOE, el portavoz en la Comisión Permanente Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Antonio Giraldo, detalla que un horno crematorio es una actividad "potencialmente nociva e insalubre para los vecinos" y recalca los 250 metros de distancia que establece la normativa municipal. Especifica que el grupo socialista llevó al pleno en el año 2021 una moción para rechazar esta construcción y que fue aprobada por unanimidad, incluyendo los votos del PP y Ciudadanos. "¿Qué ha cambiado desde ese año hasta ahora?", pregunta Giraldo, que culpa a la mayoría absoluta de Almeida "que ha considerado que significa un poder absoluto para arrollar los derechos de los vecinos del sur".

En la licencia urbanística que el Ayuntamiento de Madrid le otorga a Parcesa, dan vía libre para las "obras interiores de acondicionamiento en planta baja para la implantación de horno crematorio [...] incluyendo demoliciones previas". También para las obras de acondicionamiento en la azotea "destinada a la instalación del recinto de filtros, incluyendo la ejecución perimetral del recinto mediante apantallamiento acústico" y a la instalación exterior de una chimenea para la evacuación de gases producto de la combustión.

Como prescripciones, el Ayuntamiento le indica a la empresa que la actividad —incineración de cadáveres humanos— está incluida en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la atmósfera y que, por tanto, "está sometida a la autorización administrativa por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma". Dicha autorización compete entonces a la Comunidad de Madrid, que deberá establecer los valores de emisión, la idoneidad de las medidas correctoras para alcanzar dichos niveles y la forma y periodicidad de los controles a realizar.