Duros castigos y una deuda de 15.000 euros: las tretas de los tiranos de los cultivos de marihuana

Las mafias de trata de seres humanos suelen actuar del mismo modo. Tienen unos marcados métodos que se replican, ya sean redes que explotan sexualmente a mujeres u otras que obligan a sus víctimas a cometer ilegalidades en su beneficio, como por ejemplo el cultivo de droga. Una de las tácticas que siempre emplean es la de imponer severos castigos económicos a los explotados para retenerlos. Y los cabecillas de la banda desarticulada por la Policía Nacional en Madrid, y que se servía de tres ciudadanos llegados desde Paraguay y Colombia para cuidar sus plantaciones de marihuana, eran duros como pocos.

La banda captó a sus víctimas con un gancho habitual. Les ofreció trabajo en el sector de la construcción en España y les pagó los billetes desde sus países, al margen de otros gastos relativos al viaje. En este momento, los tres explotados, hombres jóvenes, según exponen fuentes policiales, contrajeron una deuda que saldarían con su trabajo para la organización.

La mafia, una vez que traía a sus víctimas a España, las rotaba por distintas plantaciones y les pagaba una miseria por realizar un trabajo ilegal, como es el cultivo de marihuana. Una parte de este salario iba destinada a responder a la deuda del viaje. No obstante, los cabecillas, también nativos de Paraguay y Colombia, les iban imponiendo castigos económicos para someterlos y hacer que su deuda fuera engordando. De hecho, una de las víctimas, según indican fuentes policiales, tenía una deuda con la mafia que ascendió a los 15.000 euros. Esta cantidad tan abultada sorprende y se corresponde con una de esas penalizaciones por algo ocurrido en las fincas.

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Los cultivos eran indoor y estaban radicados en pequeñas localidades de la periferia madrileña, concretamente en Colmenar de Oreja, y en la localidad de Chiloeches (Guadalajara). Esta situación, a resguardo y en municipios pequeños, dificulta la localización de la actividad ilegal.

Durante la operación, que comenzó el año pasado, los agentes se hicieron con 2.500 plantas y 4.200 cogollos, una cantidad de droga que en el mercado podría alcanzar los 270.000 euros. La red movía los estupefacientes tanto en la zona de Aranjuez (Madrid), como en Guadalajara y vigilaba con videocámaras a sus víctimas.

Los explotados, que eran personas conocidas por los jefes de la organización, fueron captados en sus países de origen en virtud de la precariedad de su situación económica. Es un caso de manual, en el que las organizaciones son perfectamente conscientes de las dificultades que atraviesan y, por ello, se aprovechan de su vulnerabilidad para poder traerlos a España y obligarles a realizar trabajos ilegales.

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Las alarmas de la Policía saltaron en el marco de otra investigación y, como reconocen las fuentes consultadas, la red tenía ramificaciones en otro tipo de actividades delictivas.

La operación la encabezó el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con la Policía Judicial de Aranjuez y el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional de Guadalajara.