De 800 a 1.300 euros: 140 vecinos de Madrid con el mismo casero denuncian una subida del 60%

140 vecinos de distintos barrios de Madrid tienen algo en común: un mismo casero. Pero no cualquiera, sino tres empresas de dos hermanas con múltiples propiedades llamadas Hice, Caspima y Casvoz. Estos vecinos, que viven en tres bloques diferentes, se conocieron porque la propiedad está intentando subirles el alquiler más de un 60% aprovechando que comienzan a vencer los contratos. Si los residentes no aceptan las nuevas condiciones deberán abandonar sus casas.

Esta historia empieza en marzo de 2022, cuando el Gobierno puso un tope al 2% de las subidas interanuales vinculadas al IPC para tratar de frenar la inflación. Pero al no haber ningún régimen sancionador que asegurara el cumplimiento de la normativa, hubo caseros que obviaron el límite y cobraron rentas superiores a lo establecido legalmente.

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Las propietarias, en la revisión anual, plantearon entonces una subida de hasta un 4,67% respecto al IPC. Puntualizaron, según sus comunicaciones con las inquilinas, que era una medida cautelar y que no tenían por qué respetarla. La empresa no ha querido pronunciarse sobre este extremo ni ningún otro, al ser preguntada por este periódico.

Cuando a Clara Marcos, de 31 años, le llegó el recibo con el monto que tenía que pagar, automáticamente pensó que tenía que ser un error. Vive a las orillas de Madrid Río, muy cerca de Matadero, en un piso de 70 metros sin amueblar y paga 975 euros. Para su sorpresa, al reclamar a la propiedad, la respuesta fue: “Si no quieren pagar, vamos a convertir su vivienda en pisos turísticos”, recuerda Marcos.

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En ese momento, en el grupo de WhatsApp de la comunidad varios vecinos decidieron organizarse. Descubrieron que su casera también es dueña de otros dos bloques y se fueron hasta allí a buscar a los vecinos para saber si a ellos también les pasaba lo mismo. Efectivamente, mismo proceder: subidas de más de un 4,65%, cuando el tope fijado era un 2.

Las vecinas de los tres bloques ubicados en paseo de la Chopera, avenida de Valladolid y calle General Martín Cerezo, se organizaron de forma colectiva y mandaron un escrito conjunto firmado por más de 50 exigiendo la devolución de esas subidas.

Sin embargo, no fue hasta que presentaron el caso ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y este órgano les dio la razón cuando la propiedad decidió dar un paso atrás.

La empresa aceptó devolver el dinero a los inquilinos que pagaron la subida de esos meses. En total, 25.000 euros. En promedio, cada arrendatario recibió 175 euros. “Nos reservamos el derecho en un futuro de hacer otras subidas”, rezaba el comunicado de la propiedad en el que aceptó la devolución del dinero.

El siguiente paso de la propiedad, según el relato de los vecinos, fue rescindir todos los contratos anteriores a 2019 y proponer para su renovación subidas de un 60%. De 800 a 1.300 euros.

“La mayoría de los inquilinos pagan entre 800 y 900 euros de alquiler y la mayoría están recibiendo un burofax que dice que si quieren permanecer en la vivienda tendrán que pagar entre 1.300 y 1.400 euros con la calefacción aparte”, afirma Marcos. Este lunes se podía ver en Idealista una vivienda del bloque de Paseo de la Chopera, 39 en alquiler por 1.700 euros. “Esto representa una subida del 100% respecto a lo que estamos pagando”, explica.

“Queremos actualizar los precios, pero de una manera proporcionada. La actual ley de la Vivienda no nos ampara”, afirma Sabina Carrau, de 46 años, que vive desde 2018 en el paseo de la Chopera, pero tiene el contrato a su nombre desde 2020.

Para algunos la situación está siendo muy tormentosa. Ramón Cendra, vive en el bloque de avenida de Valladolid. Lleva siete años viviendo en este piso con su familia. Su hijo nació allí y va al colegio enfrente de su piso.

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Alega que tienen toda su vida en el barrio, pero en noviembre recibió un burofax diciendo que su contrato no se iba a renovar. Cendra llamó a la propiedad y dijo que no se querían ir, a lo cual no obtuvo ninguna respuesta. Siguió pagando el alquiler alegando que se acogía a la prórroga de los seis meses que había dado el Gobierno.

No obstante, hace 10 días recibió una notificación del juzgado diciendo que tenía un juicio de desahucio. “Estoy pagando 840 euros por 70 metros sin amueblar y me quieren cobrar 1.300 euros. Queremos pagar y que nos renueven el contrato, pero en condiciones humanas”, defiende Cendra.

“Si nos acogemos a la prórroga aprobada por el Gobierno, nos amenazan con no renovarnos. Y si nos negamos a aceptar la subida, entonces lo que recibo es una demanda de desahucio por expiración de contrato”, explica.