Nueva Ley de Infancia en Madrid: blinda el acceso a contenido sexual a menores en internet

Hace 27 años que la Comunidad de Madrid aprobó su última ley de la Infancia. Pero este jueves la Asamblea daba luz verde a una nueva norma que quiere adaptarse a un marco que llevaba tres décadas congelado. El actual texto legislativo salió adelante con el voto a favor de PP y Vox, aunque contó con la abstención de todas las izquierdas: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. La consideraban poco ambiciosa, en términos generales. Viene a readaptar los currículos, en todas las etapas educativas, a las nuevas necesidades y herramientas digitales. Y dotar de mayor protección a los menores en su paso por Internet, las redes sociales y la violencia que a veces implican.

Y es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tocó revisar el asunto. Era 1995 y a los mandos del Gobierno autonómico estaba Joaquín Leguina, el único presidente socialista que ha tripulado la región. Meses después comenzó el largo reinado del PP, que desde entonces controla las directrices en Sol. Pero este jueves la Cámara de Vallecas da un paso al frente y aprueba una nueva norma. Se trata de un marco que renueva los derechos, las garantías y la protección integral que se ofrece a los menores durante la infancia y la adolescencia.

La propia norma indica en su exposición de motivos que en estos años se produjeron innumerables avances en materia tecnólogica y desarrollo digital, y había una necesidad urgente de adaptar el marco regulatorio madrileño a la evolución social. Uno de los puntos del nuevo texto, el artículo 25, habla específicamente de que el Gobierno regional podrá tomar cuantas medidas sean necesarias para desarrollar los derechos de los niños en su relación con el entorno digital para garantizar que el alumnado se forma en estas competencias, y tiene las herramientas digitales básicas controladas a lo largo de todas las etapas educativas: desde Infantil hasta Bachillerato, pasando por la Formación Profesional. Indagamos en los aspectos más novedosos de la nueva jurisprudencia.

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1. Su recorrido parlamentario

No fue hasta este jueves por la tarde que la Asamblea de Madrid dio luz verde a la ley autonómica para la infancia. El voto a favor del PP y Vox dio vía libre a su aprobación, gracias también a la abstención de toda la izquierda: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Los populares defendieron la medida en mitad del debate parlamentario y esgrimieron que esta incluye "importantes novedades" para el desarrollo tecnológico y la protección de los jóvenes. Y en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, la actual líder popular, celebran el avance: "Hemos tenido que llegar nosotros, no el PP, nosotros, para que esta ley sea posible", remarcaron desde la Consejería de Políticas Sociales de Madrid, que tutela la iniciativa.

El apoyo de Vox era la baza definitiva con la que Ayuso jugaba para aprobar esta ley. Finalmente dijeron sí, pese a que la relación entre sus líderes no atraviesa su mejor momento: "En Vox queremos cuidar de nuestros hijos, sobre todo de los madrileños, y nos alegramos de haber podido hacer una buena ley para ello", concluyó uno de los parlamentarios de Rocío Monasterio, Ignacio Arias. El resto de la oposición, aunque no llegó a votar en contra, sí decidió abstenerse por considerarla, en términos generales, "poco ambiciosa". Una "oportunidad perdida" después de tantos años con una norma congelada, fue el principal argumento que pusieron las tres fuerzas de izquierda en la Cámara de Vallecas. Sin embargo, eso no impidió que saliera adelante.

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2. Competencias digitales

El Gobierno regional defiende a capa y espada la nueva norma. Asume que con ella se adaptan a la legislación internacional y las directrices europeas en materia de desarrollo tecnológico. Los estudiantes también recibirán "información sobre buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías", así como los "riesgos derivados de un uso inadecuado" por "situaciones de violencia, noticias falsas o contenidos que dañen su dignidad o desarrollo", según explicó la Comunidad de Madrid en una nota sobre la reciente ley.

Además, el texto obliga a editores y publicadores de contenidos para adultos, esto es, de carácter sexual, a utilizar "métodos y herramientas efectivas para verificar la mayoría de edad de los usuarios". Es decir, propone ir un paso más allá de la habitual petición de confirmación a la persona que accede a sus webs para evitar que haya niños entre ellos. En ese sentido, se promoverán otros acuerdos con proveedores de servicios de internet para que las nuevas altas o instalaciones de acceso lleven por defecto el control parental. Para desactivarlo, será el propio usuario el que deberá hacerlo.

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Todas estas medidas se encajan en un puzle mayor que es el Plan de Ciberseguridad para la Ciberprotección y por la Convivencia 2023-2027 que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En el corazón de este proyecto están las iniciativas para prevenir el acoso en la red en cerca de 500.000 estudiantes de Primaria y Secundaria, creando una cadena de asesoramiento para las familias sobre cómo hacer un uso responsable de los videojuegos entre los jóvenes. Pero la ley que se aprueba este jueves contempla otros muchos aspectos.

Principalmente son cuatro los desafíos que expone para esta nueva era, y ante los que tratan de dar una respuesta legislativa. Por un lado está la violencia en todas sus facetas, que se "ceba" con los más pequeños. Un estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los casos en 2020 se percató de que en 7 de cada 10 ocasiones la víctima era menor. Otro punto importante es el que afecta a los niños o niñas que viven alejados de sus familias. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) recomendó a España en 2018 que acelerara la desinstitucionalización de estos centros para agilizar el proceso de atención, y que no sean utilizados sólo como "último recurso".

3. Evolución y estructura de la norma

Aunque la Ley Orgánica 8/2015 ya modificó el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, se cree que la pandemia condicionó un aumento del acogimiento residencial, "a excepción del último año". Así, la nueva norma quiere apostar por implementar medidas preventivas "eficaces" y favorecer la desburocratización del proceso, para no rizar más el rizo a los menores en desamparo. En tercer lugar, la Comunidad de Madrid quiere blindar la "equidad" y la "igualdad de oportunidades" entre los niños y niñas que la componen, sobre todo para aquellos que vienen de entornos de pobreza infantil.

En un estudio realizado entre 2010 y 2018 por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones para este período, en el que advierten que aumentaron todos los indicatores de exclusión social, pobreza infantil y desigualdad. También preocuparon entonces las elevadas tasas de abandono escolar: casi una quinta parte del alumnado de Secundaria, especialmente los inmigrantes, las niñas romaníes o los niños con dificultades económicas, no llegan a graduarse ni obtener el diploma tras superar la enseñanza. Es por eso que la Unión Europea ha incluido a España en su programa de garantía infantil para formar parte de una serie de experiencias piloto.

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En último lugar se habla también en profundidad del acceso que los más pequeños tienen a las nuevas herramientas digitales, y cómo se relacionan con ellas en su entorno. Por un lado, se abordan las cuestiones de salud que pueden tener lugar en caso de adicciones a las tecnologías. Se incluye, además, un capítulo específico sobre los deberes que tienen los propios niños ante el contenido dañino o la violencia que puedan percibir por redes. En resumidas cuentas, la propia ley se autodefine como una manera de actuar por una vía "integral, gradual, compartida y sostenible" ante este escenario.

La norma se estructura en 145 artículos, cuatro títulos una parte final con varias disposiciones adicionales: dos transitorias, una derogatoria y diez disposiciones finales. Además, se crean tres nuevos órganos con funciones de interés. En primer lugar está el Consejo Autonómico de Participación de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, que "responde a una de las recomendaciones de la UE" en materia de derechos del niño para fomentar la participación local, regional y nacional en su desarrollo. Luego está el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, una figura pensada para analizar los cambios sociales que atañen a este colectivo; y por último el Consejo Autonónico de Participación, y los consecuentes consejos locales, que funcionarán como entidades colegiadas que coordinen a las distintas administraciones públicas con el tercer sector.