La Fiscalía investiga una denuncia contra Almeida y dos concejales por un contrato de 3M para soterrar la A-5

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha abierto una investigación en torno a una denuncia contra José Luis Martínez-Almeida y dos de sus concejales, Borja Carabante e Inmaculada Sanz, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de 3 millones de euros para el soterramiento de la A-5. El escrito, presentado a título personal por la edil Marta Higueras, acusa al alcalde y a su equipo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita por la tramitación del expediente con la empresa Esteyco y Subterra Ingeniería, donde trabajaba como directivo el hermano de Carabante. Ninguno está imputado.

La denuncia, formulada por Higueras el pasado 30 de enero, remite a una información publicada por eldiario.es sobre las supuestas anomalías en la adjudicación del convenio. La exconcejal de Más Madrid convocó de urgencia a los medios de comunicación este miércoles para explicar las novedades del procedimiento, una vez que la Fiscalía ha incoado diligencias previas. "Entendemos que hay indicios suficientes", declaró Higueras, acompañada por su abogado, sobre los presuntos delitos cometidos por el equipo de Gobierno. La acusación incluye también a la mercantil Esteyco Subterra, a Rafael Carabante y a la directora general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, María Dolores Ortiz.

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El escrito señala que Carabante participó desde el inicio en la tramitación pese a que su hermano trabajaba en la empresa. Así, el 17 de agosto de 2020 aceptó la propuesta de la mesa de contratación, presidida por Ortiz "por designación del propio concejal". Según la cronología de los hechos descrita en la denuncia, el concejal anuló la adjudicación un día después "de forma inopinada y sin motivación". Y casi una semana después, el 24 de agosto, José Luis Martínez-Almeida aceptó a través de un decreto la solicitud de abstención del concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ordenando a la portavoz y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que lo sustituyera. Higueras, sin embargo, apunta a que no se publicó ni en el Boletín Oficial del Ayuntamiento ni en el Portal de Contratación: "Solo es accesible parcialmente en la lista de decretos y resoluciones que trimestralmente se cuelgan en el Portal de Transparencia, y en ella no se indican las razones que llevaron a ordenar el relevo".

La denuncia presentada sostiene, según la información publicada, que la solicitud de abstención se produjo el 18 de agosto, "después de haber firmado la aceptación de la propuesta". El día 27 del mismo mes, según el mismo relato, Sanz aceptó la propuesta de la mesa de contratación "en los mismos términos que se había producido diez días antes manteniendo todos los actos administrativos previos del concurso". El 13 de octubre se comunicó a Esteyco Subterra la adjudicación del contrato y casi un mes después, el 12 de noviembre, se firmó definitivamente la licitación.

Más denuncias

La investigación de la Fiscalía sobre el contrato está todavía en una fase inicial y es ajena a cualquier proceso o causa judicial. De momento se han abierto las diligencias oportunas para dirimir hasta qué punto se produjo alguna irregularidad y las responsabilidades de los denunciados. El Ministerio Público, que ha solicitado los expedientes al Ayuntamiento de Madrid, dispone ahora de seis meses para concluir su trabajo y determinar si da traslado al juzgado o si decreta su archivo. Higueras, no obstante, anunció durante la rueda de prensa que prevé presentar próximamente un nuevo escrito por presuntas ilegalidades en los contratos de limpieza de la capital, también gestionados por Carabante.

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Desde el equipo de Gobierno niegan irregularidades en el contrato para el soterramiento de la A-5 e insisten en que ningún miembro del Ayuntamiento está siendo investigado. "Como es normal, después de recibir cualquier denuncia en la que el denunciante no ha aportado el expediente cuestionado, como ha ocurrido en el caso presentado por Marta Higueras con fines electoralistas, la Fiscalía ha incoado diligencias simplemente para recabar los expedientes. Es decir, se ha limitado a pedir información sobre el asunto", explican fuentes municipales, que prevén que la denuncia será archivada. "Si Higueras tuviera datos sobre alguna irregularidad hubiera puesto una denuncia en un juzgado o hubiera aportado algún tipo de documentación", concluyen.

Marta Higueras, número dos de Manuela Carmena durante su mandato, es una de las concejales que rompió al inicio de la legislatura con Más Madrid y Rita Maestre y se integró con Recupera Madrid en el Grupo Mixto. El pasado mes de septiembre, sin embargo, hizo lo propio por su cuenta y anunció que actuaría de forma independiente como concejal, ajena a sus excompañeros José Manuel Calvo y Luis Cueto. Desde entonces ejerce de manera autónoma, al margen de cualquier disciplina o estrategia de partido. Su futuro, no obstante, es una incógnita a tres meses para las elecciones. Aunque su intención es continuar en la política, no forma parte de ninguna de las fuerzas con representación en Cibeles. Si bien se especuló con que podría entrar en las listas del PSOE por influencia de Manuela Carmena, Ferraz lo desmintió. Desde su entorno indican que su prioridad es aportar su experiencia de gestión al bloque de la izquierda, ya sea dentro o fuera de un hipotético gobierno.