Dos exalcaldes de Chinchón y uno de Velilla irán a juicio por prevaricación

La Audiencia Nacional ha avalado el procesamiento de 24 personas, entre ellas tres exalcaldes de las localidades madrileñas de Chinchón y Velilla de San Antonio de diferentes partidos, y funcionarios de siete ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría.

Estos hechos serían constitutivos de un delito de prevaricación admnistrativa, según el auto de pase a procedimiento abreviado de estas actuaciones que dictó el juez José Luis Calama, y al que la Sección tercera de la Sala da ahora el visto bueno al rechazar, con el apoyo de la Fiscalía, los recursos de varios de los encausados, que reclaman el archivo de esta causa alegando que su conducta carece de reproche penal.

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Los tres exalcaldes a los que el juez ha propuesto juzgar, ahora con el aval de la Sala, son dos exregidores de Chinchón, Francisco Javier Martínez Mayor (del partido independiente Transparencia y Servicio) y María Luis Fernández Fernández (del PP), y una de Velilla, Antonia Alcázar Jiménez (del PSOE).

En su auto, la Sala señala que la instrucción practicada "arroja indicios de la posible comisión o participación delictiva de los investigados" en los hechos y deshecha también que haya prescripción.

Respecto a la inexistencia alegada de una conducta delictiva, los magistrados recuerdan que eso debe contrastarse en el "acto del juicio" y advierte que lo que no se puede pretender "con éxito" es "imponer" el sobreseimiento o la continuación del procedimiento para acordar nuevas diligencias en contra del criterio del instructor.

Con esta resolución, Calama puso fin a esta investigación que inició en 2013 un juzgado de Vendrell (Tarragona), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, a raíz de una denuncia de Fiscalía por posibles irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra.

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El juzgado de Vendrell apreció la existencia de un mecanismo fraudulento realizado por la mercantil Efial en numerosos ayuntamientos de España y envió esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 abrió tres piezas separadas. Esta es la que afecta a los ayuntamientos madrileños de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz, mientras que acordó archivar la relativa al de Arganda del Rey.

Para el magistrado ha quedado acreditada la existencia de un mecanismo fraudulento que versa fundamentalmente en eludir los controles legales en la adjudicación de concursos y contratos públicos en los siete ayuntamientos investigados.

Los investigados de la mercantil Efial, que posteriormente se llamó Consultoría en Gestión Innovadora S.L., asumieron, según el juez, tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde y facturando por elaborar las bases de los concursos.

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El auto detalla el 'modus operandi' que en muchos casos consistía en crear empresas municipales públicas en donde Efial creaba y/o gestionaba una entidad Pública empresarial, aparentemente vacía de capacidad ejecutiva, facilitando la elusión del control administrativo.

"Relaja el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública, dando lugar a que el cargo de gerente en la referida mercantil, sea también el mismo gerente de la empresa pública", destaca el auto.

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Los hechos encajan, según el juez, en un delito de prevaricación administrativa en cuanto que los investigados fraccionaban los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y no superar los 18.000 euros para no superar el límite del contrato menor.

El auto recuerda que los servicios fueron siempre otorgados a favor de los mismos profesionales elegidos, con quiebra de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, e igualdad.