PSOE y Vox presionan a Ayuso para revisar el precio de los contratos de obras públicas

Los partidos políticos en la Asamblea de Madrid se han sumado a la presión sobre Isabel Díaz Ayuso para que acceda a modificar el precio de las obras públicas. A la reclamación de las empresas constructoras, ahogadas por el crecimiento exponencial del coste de los materiales, se unen el PSOE y Vox, que han registrado dos proposiciones no de ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid adopte el Real Decreto 3/2022 del Gobierno de Pedro Sánchez, que permite aplicar en los contratos la cláusula de revisión. El Ejecutivo madrileño es uno de los pocos que todavía se resisten a esta medida, junto a Cantabria y Navarra.

El cerco sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid procede de dos fuerzas antagónicas. No solo por las evidentes diferencias ideológicas, también por la relación que tienen con el PP en la Cámara. El caso de Vox, aliado de Ayuso para sacar adelante sus presupuestos o rebajas fiscales, es especialmente significativo. Con varios proyectos de ley sobre la mesa, el grupo de Rocío Monasterio ya ha advertido al Gobierno autonómico de que no prestará su apoyo si no se cumplen algunas de sus exigencias. "Nosotros también queremos gestos de buena voluntad", defienden en la formación.

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Ruth Ugalde

Esos gestos tienen que ver con aspectos clave del programa de Vox. Uno de ellos es la eliminación de las leyes de género y LGTBI, un tema aparcado momentáneamente, pero también medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis económica. Así, a las rebajas de impuestos se sumaría esta medida, clave para que los constructores no desistan de presentarse a los concursos de la Administración. De hecho, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ya señaló a principios de año que 485 licitaciones públicas, valoradas en más de 230 millones de euros, habían quedado desiertas porque el alza de los materiales hace inasumible afrontar la obra. Igualmente, cientos de actuaciones se han paralizado porque trabajarían a pérdidas.

PSOE y Vox están en el mismo punto que los constructores: urge aplicar un alza en las licitaciones para adaptarlo al aumento de los materiales. "Como es conocido, tras el descenso de precios producido en 2020, las materias primas han registrado un fuerte incremento en 2021, provocado por la recuperación económica en un principio y por los efectos del conflicto internacional de Ucrania después. El resultado que esta situación ha ocasionado ha sido un incremento de costes que eran imprevisibles en el momento de la licitación de unos contratos que ahora muestran dificultades en su ejecución y cuyos operadores se ven severamente afectados. También en la Comunidad de Madrid", exponen los socialistas.

La Comunidad de Madrid se niega a aplicar el decreto porque no ha detectado "ningún problema" en las licitaciones y adjudicaciones

La argumentación de Vox en su PNL es exactamente la misma: "El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras, también en los contratos públicos, cuya ejecución se hace inviable. Este incremento, imprevisible en el momento de la licitación, máxime cuando esta puede haberse producido antes de la pandemia, puede llegar a exceder el aumento de precios que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público".

La petición del sector de la construcción es similar a la que hicieron los hosteleros durante los peores momentos de la pandemia, cuando tuvieron que cerrar. La revisión de los precios por el alza de los materiales se asemeja al reequilibrio que se hizo para el pago de los alquileres de los locales de bares y restaurantes, con una cláusula que trató de repartir las pérdidas entre arrendadores y arrendatarios.

Afecta a ayuntamientos

Los dos partidos instan al Gobierno de Ayuso a aplicar el mecanismo excepcional de revisión de precios que marca el decreto, que además establece que para que sea aplicable al ámbito autonómico ha de ser aprobado por los gobiernos regionales. Las proposiciones remiten tanto a las licitaciones de la Comunidad de Madrid como a las de ayuntamientos si así lo deciden, habida cuenta de que se rigen por la misma norma. Aunque Más Madrid no ha registrado ninguna iniciativa parlamentaria, también se muestra a favor de esta medida. "Entendemos que hay que adaptar la norma al decreto y revisar precios para asegurar que puedan seguir adelante las obras. Si no lo hacemos, se pueden producir bloqueos o demoras que perjudiquen a los madrileños y madrileñas", indican en el primer partido de la oposición en la región.

Desde el Ejecutivo autonómico, sin embargo, insisten en que "de momento" no aplicarán la revisión a la baja. "No lo adoptamos porque, de momento, no estamos detectando ningún problema en las licitaciones y adjudicaciones y porque preferimos esperar a que se estabilicen los precios de la energía y analizar cómo evoluciona la guerra de Ucrania", apuntan fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, quien ostenta esta competencia.

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R. Ugalde

Su posición contrasta con la de los constructores, pero también con la inmensa mayoría de comunidades autónomas, con independencia del color político del Gobierno. Incluso Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo impulsó una ley, la 18/2021, para afrontar "medidas aplicables a los supuestos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública" antes de su salto a la dirección nacional. La norma contemplaba una compensación económica o modificación cuando el incremento de los costes superara el 20% y significara una merma para el adjudicatario por encima del 6%.

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Cotizalia / Agencias

La Xunta fue más lejos que Pedro Sánchez, entonces reacio a modificar la normativa. Igual que Isabel Díaz Ayuso ahora. Establecido el marco normativo, se acogieron otras comunidades del PP como Andalucía, Castilla y León o Murcia. Desde el grupo parlamentario socialista, asocian la negativa al ánimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid de confrontar con Pedro Sánchez en cualquier escenario. "Es lo de siempre. Cualquier cosa que haga o diga el Gobierno central, ella dice lo contrario. Pero en este caso no tiene ninguna explicación", declara a este diario el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato.

Como ha informado El Confidencial, numerosos constructores denuncian que han llegado a una situación límite y que apenas disponen de márgenes de beneficio. Según datos del sector, la problemática afecta en este momento a cerca de 80 contratos adjudicados por la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid entre 2020 y 2022, con un importe total cercano a los 3.000 millones de euros. El debate sobre las PNL no se producirá, como mínimo, hasta el pleno del próximo 9 de junio.