Hacienda detectó en Madrid más de 11.500 piscinas sin declarar en su último análisis

Tener una piscina en Madrid es un tesoro. Y, a veces, oculto con toda la intención. La última regularización del catastro impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública afloró irregularidades en miles de viviendas de toda la comunidad, sobre todo en zonas rurales y de sierra, con una presencia notable de este bien tan codiciado en olas de calor como la actual. La Dirección General del Catastro detectó al menos 11.500 piletas sin declarar en los 179 municipios de la región, que se suman a más de 100.000 nuevas construcciones, cerramientos o ampliaciones de viviendas fraudulentas.

El análisis del ministerio se desarrolló principalmente entre 2014 y 2018, aunque desde el departamento que dirige María Jesús Montero señalan que en 2019 se cerraron otras 238.341 actuaciones en toda España y que en la actualidad siguen con este trabajo, aunque a un ritmo menor. "La Dirección General del Catastro sigue incorporando, de forma continua y permanente, las modificaciones en la descripción de los bienes inmuebles de acuerdo a los restantes procedimientos de incorporación recogidos en la normativa catastral", apuntan desde Hacienda. El plan de regularización se saldó con 3.042.988 expedientes en todas las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid es uno de los territorios con el porcentaje de piscinas sin declarar más alto de España. Roza el 10% de todas las actuaciones detectadas por la Dirección General del Catastro, solo superada por Murcia (11,73%) y Baleares (11,45%). En cifras exactas suponen 11.503 instalaciones, entre el total de 117.379 obras fraudulentas. No obstante, no es el principal objeto de fraude en la región. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre el procedimiento de regularización catastral, el 26% remite a nuevas construcciones, el 53,3% a ampliaciones y rehabilitaciones y el 10,8% a reformas. Además de las piletas, generalmente se trata de los típicos chamizos que actúan como trasteros, extensiones de las viviendas o cerramientos de terrazas, entre otros.

La mayoría de estas actuaciones se concentran en pequeños municipios, aunque las grandes ciudades y la capital no están exentas de esta problemática. Según los datos de la Dirección General del Catastro consultados por El Confidencial, se concentran en la zona oeste y norte de la Comunidad de Madrid, donde son más numerosos los chalés y parcelas individuales en urbanizaciones y áreas residenciales. Pero también al este y el sur, donde abundan las huertas y cultivos. Las cerca de 120.000 actuaciones detectadas, todas regularizadas, son una mínima parte del trabajo en Madrid, que abarcó un total de 4.795.031 inspecciones.

El municipio donde más piscinas sin declarar se encontraron es Daganzo de Arriba, una localidad con poco más de 10.000 habitantes ubicada al este de la región, en la conocida como Cuenca del Medio Jarama, uno de los puntos calientes del mapa, junto a la Sierra de Guadarrama y la Sierra Norte. De todas las irregularidades halladas en Daganzo, las piletas suponen más del 64%. Después aparecen Meco (63%) y Cobeña (60%).

En términos globales, el territorio donde Hacienda halló más intentos de fraude es Nuevo Baztán, con un 25,5%, también al este. Con más de 4.500 obras inspeccionadas, se regularizaron 1.159. También destacan Rascafría, uno de los pueblos más significativos de la Sierra Norte, con 733 de casi 6.500; o Los Molinos, a los pies del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con cerca de medio millar entre 4.200.

Herramientas del Catastro

El Catastro cuenta con varias herramientas para inspeccionar posibles fraudes. La más eficiente es el uso de drones para captar a vista de pájaro construcciones, ampliaciones o piscinas que en superficie son imperceptibles. Sobre el terreno, además, trabajan operarios de este departamento. El control repercute directamente en los ayuntamientos, quienes realmente ostentan la competencia, aunque, en el caso de la Comunidad de Madrid, también presta apoyo el Gobierno autonómico.

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Europa Press

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura señalan a este diario que desde la Administración regional participan cada año con vuelos, además de la implicación de la unidad del Seprona de la Guardia Civil para solventar esta situación. "Se detectan posibles infracciones que se comunican inmediatamente a los ayuntamientos para que actúen con base en sus competencias", indican, aunque, insisten, que es una función de los consistorios.

Desde la Dirección General del Catastro detallan que este procedimiento busca incorporar al inventario de inmuebles urbanos y rústicos aquellos que han sufrido importantes alteraciones o modificaciones, pero no han cumplido con la obligación de declararlos. Si bien continúan con esta labor, en este momento no hay activa una campaña tan potente como la iniciada en 2014, desarrollada tanto por los gobiernos de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez.

La tarea de Hacienda repercute positivamente en los ayuntamientos con el cobro de impuestos como el de bienes inmuebles (IBI). Si no se detectaran estas actuaciones, las administraciones locales nunca recaudarían por estas construcciones o piscinas. Así, el proceso de regularización implica el pago de una tasa única de 60 euros, pero permite a los consistorios cobrar algunos tributos con carácter retroactivo, con un máximo de cuatro años desde la regularización.

Desde la Federación Madrileña de Municipios (FMM) detallan a este diario que no cuentan con un registro de estas actuaciones y del dinero que suponen para las arcas públicas. Aunque reconocen que es un ingreso "extraordinario", aseguran que no supone un aumento significativo. "No es tan grande y el objetivo no es ese, tiene que ver más con regularizar anomalías y con garantizar la igualdad entre los contribuyentes", declara el alcalde de Arganda de Rey y presidente de la FMM, Guillermo Hita. No obstante, muchos ayuntamientos tratan de perfeccionar estas inspecciones y han creado ya áreas de disciplina urbanística para reforzar los controles.