Familias precarias en Madrid: "La pobreza nos margina cada vez más"

“No es normal ver como lujos cosas que deberían ser derechos”. Iván Siero y Diana Ruiz llevan años sin encender la calefacción, mirando cada céntimo de la compra y buscando un empleo estable sin éxito. “Vivimos con el agua al cuello”, explican con apuro estos vecinos de Legazpi, de 42 y 47 años respectivamente, padres de Mateo, de 11. El matrimonio compagina trabajos de limpieza a media jornada que le reportan 600 euros, una cantidad ínfima para llegar a final de mes. “La pobreza nos margina cada vez más”, resumen. Su caso es el del 28,14% de ciudadanos que en Madrid tiene dificultades para pagar productos básicos de suministros e higiene, como evidencia el Diagnóstico Social 2021-2022 elaborado por el Ayuntamiento de la capital. La muestra, basada en 8.000 encuestas en hogares de los 21 distritos de la capital que equivalen a unas 19.000 personas, arroja que un 11,1% de estos hogares ha tenido que recurrir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Antón Costas, catedrático de economía de la universidad de Barcelona y consejero de Estado, alerta de la segregación social que provoca este aumento de la pobreza: “Estamos perdiendo esa idea del barrio mixto que es clave para una sociedad justa”. Daniel Sorando, doctor en Sociología, explica que Madrid es una de las sociedades urbanas más segregadas de Europa: “La brecha entre el norte y el sur es cada vez más significativa y las diferentes clases sociales apenas interactúan, por eso los privilegiados obvian las consecuencias del modelo social y económico que les beneficia y perjudica a otros”. Costas añade que cuanto más intensa se hace la diferencia entre las clases acomodadas y las precarias, surgen dos fenómenos dañinos para la democracia: “Por un lado, se crea una división entre lo público y lo privado, y por otro se produce una invisibilización de la pobreza, porque los pobres tienden a esconderse y dejar de votar”.

Siero y Ruiz son abstencionistas y admiten estar “hartos” de la política y de las barreras que se encuentran al pedir ayudas. La pareja lleva tiempo intentando recurrir a la Tarjeta Familias, el mecanismo prepago que ideó el Consistorio a finales de 2020 para cubrir las necesidades básicas de los más vulnerables: “No lo conseguíamos porque ingresábamos más de lo estipulado”. Ahora la situación ha cambiado y pronto recibirán un ingreso que podrá ir de los 125 euros a los 630. El Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigida por Pepe Aniorte (Cs), ha modificado diversos criterios para acceder a las ayudas. Para empezar, ha aumentado el umbral de renta a un 40% para ser beneficiario. Antes solo aquellas personas que cobraban la Renta Mínima de Inserción, fijada en 469,93 euros, podían acceder a la Tarjeta Familias. A partir de ahora podrán hacerlo también aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a 657,9 euros. En el Ayuntamiento admiten que hay un “encarecimiento de la vida diaria” y que por tanto esta decisión pretende facilitar el día a día de los más vulnerables.

Rosa Carnero, de 41 años, es una de las beneficiadas de los nuevos criterios. Esta vecina de Vallecas es madre soltera de cuatro niños e ingresa 385 euros al mes y forma parte del 2% más pobre de los ciudadanos madrileños, que cuentan con ingresos mensuales inferiores a 500 euros: “Yo no estoy viviendo, estoy sobreviviendo”, repite con cansancio. Carnero recibía el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Ejecutivo Central y no podía acceder a la ayuda de la Tarjeta Familias, algo que cambiará este mes por los nuevos criterios. Fuentes del consistorio explican que justamente éste era uno de los problemas que se encontraron en los primeros meses que implantaron la medida en 2020. Carnero agradece la ayuda pública, pero recalca que lleva meses con un cuadro de estrés y ansiedad: “Solo pienso en llenar la nevera y que mis hijos no me vean llorar cuando vuelvo a casa”.

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Las asociaciones vecinales de los barrios son clave, como Creando Huellas, que le ha facilitado un psicólogo y medicación para gestionar su ansiedad. Precisamente éste es el drama de muchas familias monoparentales, el colectivo con más probabilidades de necesitar ayuda de los servicios sociales (15,86%, según el estudio del Ayuntamiento), porque las prestaciones se limitan a cubrir alimentos o productos de higiene. Carnero agradece la ayuda, pero lo considera un parche: “Sigo viviendo con el agua al cuello”. Costas considera que las cuantías son bajas e inseguras, lo cual favorece la inestabilidad social: “Estamos ante un modelo social injusto, es un problema estructural”. Luis Ayala, catedrático de Economía en la UNED, destaca que para evaluar el bienestar es clave medir la calidad y extensión de los servicios públicos: “Madrid tiene déficits importantes, como un gasto sanitario bajo, niveles muy altos de segregación educativa o prestaciones de garantía de ingresos muy bajas”.

Uso personal e intransferible

La Tarjeta Familias, de las que se han beneficiado más de 40.000 ciudadanos madrileños, funciona como cualquier tarjeta de débito, con la diferencia de que no permite sacar dinero en efectivo del cajero automático. Es personal e intransferible, y lleva asociado un número PIN que podrá ser necesario en algunas compras. En el Consistorio explican que busca dar una “respuesta homogénea en los 21 distritos de Madrid”. Los beneficiarios solo podrán adquirir productos de primera necesidad de alimentación, aseo e higiene, y si lo usan para cualquier otra cosa, se les sancionará con la retirada inmediata de la misma y en algunos casos con la obligación de reintegrar el importe abonado. Elena Jiménez, de 51 años y madre de dos niñas, lamenta que no se tengan en cuenta otros gastos como los suministros de agua o luz: “Recibo 150 euros, es insuficiente”. Esta vecina de Villaverde, uno de los barrios más afectados, recibe un IMV de 222 euros y lleva en paro desde 2020. Julio Fuentes y Sara Medina, de 32 y 35 años respectivamente, de Parla, están en su misma situación desde entonces: “La frustración es inevitable”.

La pandemia ha disparado la pobreza, como se ve en el último informe de Cáritas, que cifra en cerca de millón y medio el número de quienes se encuentran en riesgo de exclusión social en la Comunidad, lo que supone cinco puntos más que antes de la crisis del covid. Los resultados también indican un aumento de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, unos datos que contrastan con el crecimiento del 18% de las rentas de las personas con mayores ingresos. El desplome de rentas del 20% del número total de individuos con menores ingresos explica el aumento de la pobreza severa. “Si nos cuesta pagar las facturas, es imposible hacer frente a gastos imprevistos de cualquier tipo”, resume Jiménez.

Las cuantías mensuales de la ayuda se sitúan entre los 125 y los 630 euros para cubrir las necesidades básicas. El reparto de las ayudas está condicionado al nivel de renta per cápita de los solicitantes y al número de miembros que integren el hogar. Medina, madre de un niño de 8 años, agradece el impulso de esta ayuda, pero espera que aumenten las cuantías en un futuro: “Llegamos a duras penas a pagar la hipoteca”. El sociólogo Daniel Sorando destaca que el caso de la vivienda es particularmente grave: “El sobrecoste de la misma apenas deja espacio para otros consumos y fuerza a continuos cambios de residencia que producen desarraigo en las familias que cambian de barrio y por tanto de redes sociales y de apoyos”. El transporte y el pago de suministros son dos preocupaciones clave que comparten las familias: “Hay que ampliar las ayudas y lo que se entiende por necesidades básicas”, defiende Fuentes.

Un elemento clave de la lucha contra la desigualdad está en el ámbito de las oportunidades

La pobreza genera impotencia y marginaliza al tercio de madrileños vulnerables, como Marcos Pérez y Raquel Navarro, de 27 años y residentes en Vicálvaro: “Tenemos estudios, pero no conseguimos curro, así es imposible formar un proyecto vital”. La pareja forma parte del 25% de los menores de treinta que ha recurrido a los servicios sociales, según datos de Cáritas. Estos mismos datos evidencian que el número de jóvenes entre 18 y 30 años que no estudian ni trabajan es mayor que el número de quienes sí tienen una actividad remunerada.

Antón Costas advierte de que un elemento clave de la lucha contra la desigualdad está en el ámbito de las oportunidades: “La juventud es el futuro y Madrid está desaprovechando un capital humano enorme”. Daniel Sorando ahonda en el daño psicológico: “La insistencia en el falso mito de la meritocracia produce un sentimiento de baja autoestima entre aquellos a los que se les repite que su situación es su responsabilidad, y no fruto de un sistema en el que encuentran barreras”. Pérez y Navarro critican ese discurso y lamentan que esté tan asentado. “La cuna y la suerte influyen, al margen del esfuerzo. Pensar que el bienestar solo es resultado del mérito es una idea dañina”, concuerda Costas, que concluye: “Hasta paliar la desigualdad, es clave seguir evaluándola. Lo que no se mide, no se puede mejorar”.