Ayuso no disipa las dudas sobre su hermano: entre las fiscalías y el acoso de la oposición
La presidenta da por cerrado el caso del contrato, pero Anticorrupción y la fiscal de la UE insisten en sus investigaciones
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El 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento, la Comunidad de Madrid firmó un contrato para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 de Ifema por más de 1,5 millones de euros. La adjudicación a Priviet Sportive pasó entonces desapercibida, sin aparente conexión con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero dos años después acapara casi toda la atención mediática, política y judicial en la región. Nada despierta mayor interés o seguimiento. Si bien la propia presidenta regional se afana en repetir una y otra vez que no hay caso y que no se cometió ninguna irregularidad, lo cierto es que los acontecimientos demuestran justo lo contrario. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Unión Europea mantienen un contencioso para determinar quién debe asumir la investigación, mientras que los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid mantienen vivas las sospechas y extienden las dudas a prácticamente toda la contratación por la pandemia.
Desde el equipo de Díaz Ayuso insisten en que todas las denuncias o investigaciones son en balde, vengan de donde vengan. "No hay absolutamente nada. Más explicaciones sobre ese contrato y más transparencia no puede haber. Es el contrato más fiscalizado de la historia de España", declaran a El Confidencial fuentes cercanas a la presidenta. Buena parte de sus argumentos se basan en el informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos por vía de emergencia tramitados durante los años 2020 y 2021. El órgano fiscalizador concluye que, con carácter general, la mayoría cumple con la legalidad. El suscrito con Priviet, que supuso una comisión de al menos 55.000 euros para Tomás Díaz Ayuso, no es una excepción. "No hay ningún tipo de corrupción", declaró la dirigente madrileña.
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Los investigadores, no obstante, no han dado carpetazo al asunto. Tanto, que las presuntas irregularidades en torno al contrato y a la implicación del hermano de la presidenta han generado un conflicto entre las Fiscalías, enredadas en dirimir quién debe hacerse cargo del caso. La propia Isabel Díaz Ayuso, asediada desde varios frentes por esta cuestión, incluso ha frivolizado con el runrún alrededor del expediente y su familia. "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", aseveró.
Disputa entre Fiscalías
El encontronazo entre las dos Fiscalías que quieren investigar el contrato fue subiendo de tono a lo largo de las últimas semanas. La primera en abrir diligencias fue Anticorrupción. A finales de febrero, inició la investigación a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que reclamaron que se analizara el contrato de adquisición de mascarillas. El jefe del departamento, Alejandro Luzón, ha reflejado en varios informes que lo que trata de determinar es si se produjeron delitos de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas, es decir, si hubo una intervención de Ayuso para favorecer a la empresa adjudicataria y, a la larga, a su hermano. "Su papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito", señaló.
Con la investigación ya encaminada, la Fiscalía Europea reclamó hacerse con las pesquisas. En su caso, considera que el delito principal es una posible malversación de fondos de la UE. La fiscal del área, Concepción Sabadell, asegura que los 1,5 millones con los que se pagaron las FPP2 y FFP3 procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y que ese hecho le confiere la competencia prioritaria.
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El asunto acabó en manos de la fiscal general, Dolores Delgado, que, tras convocar a la Junta de Fiscales de Sala, que integra la cúpula del Ministerio Público, decidió mantener a Anticorrupción al frente de la investigación principal. La Fiscalía Europea, por su parte, continuará adelante con su propia investigación. Se da así la anomalía de que, al menos de momento, se están conduciendo dos diligencias paralelas. Una prueba de que el caso no está ni mucho menos cerrado.
Este viernes, de hecho, hubo un nuevo episodio en la disputa. La Fiscal Europea, la rumana Laura Kövesi, envió una carta a Didier Reynders, comisario de Justicia, para exponer sus quejas al respecto e insistir en quién ha de tomar el mando. Como informó este diario, desde el equipo de Reynders señalan que la última palabra la tiene el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), habida cuenta de que es el intérprete del derecho de la Unión.
La pelea entre las Fiscalías, sin embargo, no ha cambiado ni una sola coma del discurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que reiteran que no hay nada detrás del contrato relacionado con el varón de los Díaz Ayuso, que cobró otros 228.000 euros de Priviet Sportive en otros cuatro pagos. "Ese lío ya no hay quien lo entienda", apuntan desde el equipo de la presidenta madrileña, sin ocultar su sorpresa por todo lo ocurrido.
Denuncias de la oposición
Quien más interés tiene en que el asunto no se disipe son los grupos de la izquierda en la Asamblea: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Ellos fueron los que presentaron las denuncias en Anticorrupción y ellos son los que mantienen una especie de causa general contra todos los expedientes tramitados durante la pandemia. El partido encabezado por Mónica García amplió esta semana la documentación entregada al Ministerio Público y centró su acusación en el sobrecoste de las mascarillas compradas a Priviet, que 5 euros por unidad incluso duplican el precio de otros pedidos. La formación también considera que existió malversación.
La formación, no obstante, va más allá y en cada comisión de Vigilancia de las Contrataciones lleva una pregunta relacionada con la compra de material durante la crisis del covid-19. Este lunes preguntará al consejero de Sanidad por los criterios de adjudicación de tres contratos vinculados con los equipos de protección que llegaron en avión aquellos días. "No tenemos nada claro los criterios que han llevado a pagar las barbaridades que se pagaron y a algunas empresas en concreto", explican fuentes de Más Madrid. El pasado 7 de febrero hicieron lo propio con otros tantos expedientes en la misma comisión.
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La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha limitado a las palabras. Acosada por las acusaciones de la izquierda, Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso al frente y ha ampliado las sospechas de irregularidades a todas las administraciones, con el Gobierno de Pedro Sánchez en la diana. A principios de mes contraatacó con la misma artillería y denunció en la Fiscalía Anticorrupción adjudicaciones y ayudas a siete empresas por valor de 326 millones de euros. El escrito, cuya documentación fue ampliada hace poco más de una semana, destacaba las subvenciones otorgadas a Playbol, una entidad "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y un contrato firmado con Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño". El grupo popular en la cámara madrileña apuntó también a la influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del anterior titular de Sanidad, Salvador Illa.
A solo unos meses del esperado congreso del PP de Madrid, origen del conflicto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y a poco más de un año para las elecciones autonómicas, el recorrido de las denuncias y la decisión de la Fiscalía (sea cual sea) marcará el futuro inmediato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sometida a un juicio constante desde hace meses. La carrera para que el caso de su hermano se entierre o siga vivo marcará la agenda de todas las fuerzas en la región.
El 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento, la Comunidad de Madrid firmó un contrato para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 de Ifema por más de 1,5 millones de euros. La adjudicación a Priviet Sportive pasó entonces desapercibida, sin aparente conexión con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero dos años después acapara casi toda la atención mediática, política y judicial en la región. Nada despierta mayor interés o seguimiento. Si bien la propia presidenta regional se afana en repetir una y otra vez que no hay caso y que no se cometió ninguna irregularidad, lo cierto es que los acontecimientos demuestran justo lo contrario. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Unión Europea mantienen un contencioso para determinar quién debe asumir la investigación, mientras que los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid mantienen vivas las sospechas y extienden las dudas a prácticamente toda la contratación por la pandemia.