Dos octogenarios, desahuciados entre pelotas de pintura y antidisturbios

Desde hace 55 años, el matrimonio compuesto por José Manuel M., de 78 años, y su esposa, María G, de 82, ha hecho su vida en un pequeño piso en la segunda planta de un edificio situado en el barrio madrileño de Carabanchel. Allí tuvieron a sus hijos, conocieron a sus nietos, trabajaron en el sector hostelero y se jubilaron. Ahora, esa vida está guardada entre cajas de cartón. Se han quedado en la calle.

En los últimos años, han vivido de la pensión de casi 1.000 euros de José Manuel. Lo podían hacer, entre otras cosas, gracias a un contrato de alquiler de renta antigua firmado en 1968 que no llegaba a los 200 euros. Su casera siempre fue la misma durante este más de medio siglo. Hace unos meses, después de fallecer esta, el piso pasó a manos de sus diez sobrinos.

Con el cambio de dueños, las cosas se empezaron a torcer. Para empezar, ninguno de los 10 sobrinos de la propietaria original quiso acercarse nunca a ver el estado del piso. En vez de eso, aprovecharon un despiste del matrimonio, que olvidó pagar durante unos meses la comunidad, para llevarlos a los juzgados y demandarlos por impago. La deuda ascendió a 800 euros.

“Lo que pasó fue que uno de los herederos del inmueble aprovechó la ocasión para acabar con el contrato de renta antigua y tener vía libre para vender o alquilar a precio de mercado. Con una vivienda como esta puede ganar mucho más dinero”, afirma Mercedes Revuelta, portavoz del Sindicato de Vivienda.

Apenas el matrimonio fue consciente de la situación, se acercó al juzgado y pagó la deuda: "Tuve un fallo, es cierto, pero lo arreglé, hace tiempo que pagué, yo nunca he dejado de pagar el alquiler, lo he ido pagando religiosamente", contaba este viernes José Manuel a la salida de su vivienda.

Fue demasiado tarde. Un juez ya había expedido una orden de desahucio por incumplimiento del contrato con fecha del pasado 12 de enero. La movilización vecinal y el Sindicato de Vivienda de Carabanchel lograron aplazar el lanzamiento un mes. Lejos de aferrarse al piso con uñas y dientes, agotado, resignado y desilusionado por el dictamen del juez, José Manuel ha aprovechado estos días para prepararse: ha contratado una empresa de mudanzas que ha vaciado la casa. Desde este viernes, sin ningún lugar al que ir, el matrimonio se ha quedado en la calle.

Ha sido el resultado de unas semanas en las que ambos se han topado con muchas puertas cerradas. Durante estos 30 días, José y María han acudido a la Empresa Municipal de la Vivienda, al instituto de la Vivienda de Madrid y de los servicios sociales del Ayuntamiento. En todos estos organismos recibieron la misma respuesta: no podían hacer nada por ellos.

Llevan más de dos años en la lista de espera de la EMVS para recibir una vivienda pública

Esto, a pesar de que José Manuel y María llevan más de dos años en la lista de espera de la EMVS para recibir una vivienda pública y cumplen con todos los requisitos, asegura Revuelta. Cumplen con estos requisitos, entre otros motivos, porque María padece una discapacidad del 65% que no le permite caminar.

Después de un mes de casi no dormir, muertos de nervios, mientras terminaba empaquetar en cajas toda su vida, este viernes se hizo realidad su peor pesadilla: encontrarse en la calle sin ninguna alternativa habitacional más allá del sofá de su hijo durante unos días. Antes, más de cien personas se acercaron al número 109 de la Vía Carpetana para manifestarse a favor del derecho de la vivienda y darles su apoyo. “Cómo es posible que unos vecinos que llevan aquí toda la vida acaben en la calle. El Ayuntamiento tiene que buscar una solución”, asegura Elsa Requelme, del Sindicato de Vivienda de Carabanchel.

“Los Servicios Sociales han estado pendientes en todo momento de su situación y les informaron de que podían cumplir los requisitos para optar a un apartamento municipal de mayores. Oferta que el matrimonio aceptó, sin embargo, esta vivienda todavía no está disponible y tendrán que esperar unos días. Consta oficialmente en el juzgado, mediante el informe de vulnerabilidad que solicita siempre el juez en estos casos, que se ha iniciado la tramitación para su acceso a un apartamento de mayores porque cumplen con los requisitos”, afirman fuentes de la Consejería de Familia, liderada por Pepe Aniorte.

Este viernes a las 9.30 se personó la comisión judicial en la vivienda después de que desde la una de la mañana más de una docena de furgones antidisturbios cortaran la calle. A pesar de que había decenas de activistas protegiendo la puerta, los agentes derribaron el portal y sacaron a los manifestantes, que lanzaron harina y pelotas de pintura.

El desahucio se ha producido en un momento en el que el Gobierno se dispone a prorrogar hasta octubre las medidas especiales por la pandemia que permiten suspender desahucios de familias vulnerables.

El problema es que este decreto no recoge desahucios por alquiler de un particular, como es el caso de la vivienda de este matrimonio. “En este caso el decreto del Gobierno lo deja todo en manos del juez, que es quien estima si esta familia entra o no dentro de la normativa”, afirma Revuelta.

A un promedio de dos o tres desahucios por semana, el Sindicato de Inquilinas estima que Carabanchel es uno de los barrios de Madrid donde más lanzamientos se están ejecutando desde hace meses. Este viernes, José Manuel y María dejaron atrás una vida entera entre cuatro paredes que ahora están vacías.