La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en marzo una oficina antiokupación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que a partir del mes de marzo Madrid contará con una oficina antiokupación con el fin de "ayudar" a las policías locales, a los jueces, fiscales pero "especialmente a los propietarios de las viviendas".

Lo ha dicho Ayuso en su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid y en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre por qué la Comunidad de Madrid no cuenta con una ley de vivienda autonómica.

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"A partir de marzo vamos a poner en marcha una oficina antiokupación, una oficina 'anti sus amigos' y vamos a ayudar a las policías locales, a los jueces, pero especialmente a los propietarios de las viviendas que sus amigos okupan para que abandonen rápidamente sus propiedades", ha señalado Ayuso.

Ha afirmado que la okupación "es un delito" y que lo único que hace Unidas Podemos, a los que ha considerado la "ruina de las clases medias españolas", es atentar contra ellas con políticas de intervención que disparan los precios.

Sobre la pregunta de Jacinto sobre por qué Madrid no tiene una ley autonómica de vivienda, la jefa del Ejecutivo madrileño se ha preguntado qué comunidad autónoma o ayuntamiento cuenta con una propia.

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Jacinto ha contestado que "muchas salvo Madrid" y ha acusado a la presidenta de mentir con los mantras sobre el derecho a la vivienda, como que la regulación de precios atentaría contra la propiedad privada, que es inconstitucional o que no funciona y le ha recordado a Ayuso que la competencia sobre vivienda es autonómica y su responsabilidad.

Ha acusado a Ayuso de condenar a los madrileños al "sálvese quien tenga", y sobre la okupación le ha dicho que su Gobierno es el único que ha regularizado mil okupaciones de viviendas públicas.

Según adelantó la Comunidad de Madrid, esta nueva oficina, enmarcada dentro del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), estará atendida por policías locales de diferentes ayuntamientos, cuyas nóminas serán sufragadas por la Comunidad de Madrid.

El objetivo es mejorar la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y funcionará como un 'preaviso' para que, tanto la Justicia como la Policía, pueda tomar decisiones más rápidas.